FERMÍN. Es el abogado Lisandro Fermín. Fue delegado de la Defensoría del Pueblo en Falcón durante los años 2009-2012. El 2 de agosto 2012, 130 Consejos Comunales del municipio Miranda de ese estado, le entregaron a la Defensora Gabriela Ramírez, una carta donde denunciaban a Fermín por considerar su comportamiento ético y moral no acorde con el cargo. El 3 de agosto 2012 escucharon por la emisora Wao 102.3 FM Programa Radial La Matraca del Pueblo a Gabriela Ramírez decir que la habían visitado “unos consejos comunales chimbos del municipio Miranda y afirmando que el abogado Lisandro Fermín era una persona trabajadora y honorable”. Un mes después, el 01 de septiembre 2012, una comisión del Sebin de Caracas habría detenido infraganti al abogado Fermín mientras extorsionaba a un empresario por Bs. 300 millones. Fermín fue recluido en la Comandancia de Policía, con ciertos privilegios. En marzo 2013 el juicio es radicado en Anzoátegui. “La sorpresa de los consejos comunales, es que el 30 de septiembre, cuando el presidente Maduro visitó el Batallón de Infantería Girardot de Coro, en la comitiva de recepción, y junto al alcalde de Miranda, la Gobernadora del estado y el diputado Jesús Montilla, estaba el abogado Fermín”. Lo insólito es que el 14 de abril 2014 la Defensora Gabriela Ramírez, nombró Delegado de la Defensoría del Pueblo en el estado Sucre a Lisandro Fermín.
IPSFA. Es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Tiene la obligación de suministrar los medicamentos necesarios para los afiliados que requieren tratamiento prolongado. Hasta abril lo hacía a través de Farmahorro. Desde el 01 de abril 2014 entregaron los medicamentos, en el caso de Maracaibo, en el hospital militar Tcnel. Francisco Valbuena. Lo hicieron con data de julio y agosto 2013. Por eso muchos beneficiarios, quienes actualizaron sus informes médicos posteriormente, recibieron el medicamento anterior y no el que necesitaban. En mayo 2014 no entregaron los medicamentos. No les dan explicación alguna. “Desde Caracas dicen que los laboratorios no suministraron los medicamentos”, fue la respuesta que les habría dado la Tcnel. Bello, encargada de este programa en Maracaibo. Sólo en el Zulia hay más de mil 500 militares y sus familias en el programa.
ONA. Es la Oficina Antidrogas. Cuando señalan a alguien de narcotráfico les quitan los bienes. Como sucedió con Jesús Magdaleno Sarduy Urra. Una de las camionetas que le quitaron fue a parar a Fundapret. Una capitana de esa fundación le entregó esas camioneta, chevrolet, negra, placas GDV12U, captiva, año 2007, a una hermana suya, que ahora la exhibe en Rubio.
GUILLÉN. Es Nicolás, el poeta cubano, el de la poesía negra, el que un día escribió: “¡Qué largo camino anduve/ para llegar hasta ti,/ y qué remota te vi/ cuando junto a mí te tuve!/ Estrella, celaje, nube,/ ave de pluma fugaz,/ ahora que estoy donde estás,/ te deshaces, sombra helada:/ ya no quiero saber nada;/ yo sólo sé que te vas/…/ Herida el alma y suspensa/ te seguiré, si es que puedo;/ y aunque iluso me concedo,/ la esperanza de alcanzarte,/ ante esa vela que parte, yo sólo sé que me quedo”.
Última Hora
- Un expresidente de Hidrolara, que se rasgaba las vestiduras por la revolución, tramita su residencia en EEUU. Dizque va a ocupar un cargo de gerente en una compañía del imperio.
- La administración de justicia en Venezuela le debe una respuesta clara a los familiares de Bassil y de Montoya, asesinados en febrero.
RÉPLICA. Recibo un escrito, sin las normas mínimas para ser considerada carta o misiva, ya que ni encabezado tiene. Es un extenso párrafo carente de algunos obligados signos de puntuación. Lo firma Carmen Lugo, a secas, e intuyo que es periodista porque incluye un número de CNP. Ella dice que ejerce su derecho a réplica en nombre del Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre, extensión Punto Fijo, por la nota donde indiqué que cobraban cifras millonarias para actos de grado y aplicar un mínimo de promedio. “Es curioso que la licenciada Barráez tenga información en cuanto a costos de grado que aún la coordinación de extensión no tiene conocimiento, la primera reunión de graduandos correspondiente a esta promoción apenas se realizará el 11 junio de 2014, donde expondrán los lineamientos, información y se aclararán las dudas de los graduandos. Por otra parte, al igual que en cualquier universidad, institución universitaria pública o privada, el egresado que no pueda o no quiera asistir a su acto de grado, sea cual sea el motivo, tiene quince días hábiles para retirar su título por secretaría”. Agrega que el Reglamento General de Evaluación del Rendimiento Estudiantil en los Institutos y Colegios Universitarios dictado por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes el 01 de mayo de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial N° 5.342 reza: Art- 28.-El índice de rendimiento académico mínimo para obtener un título profesional es el numeral doce (12), categoría bueno. Artículo 29.- Cada Instituto o Colegio Universitario de acuerdo a sus Características y al tipo de estudios que ofrece, determinará las acciones a seguir cuando el alumno no alcance el índice de rendimiento mínimo requerido”. “Las acciones que todos los tecnológicos del país siguen es asesorar durante 12 semanas al bachiller…, finalizando las asesorías, el discente entregará un trabajo de investigación que según su desempeño podrá incrementar su puntaje, para nada quiere decir que con la cancelación de Bs 1.300 se le aumenta a 12 la calificación”. Y finaliza quejándose de que informaciones inexactas destruyen la credibilidad de las instituciones. FIN DE LA RÉPLICA. Lugo olvida que existe un decreto, ordenado por Chávez para disminuir la exclusión, que es el 5.287 del 10 de abril 2007, donde el Ministerio de Educación prohíbe a los institutos públicos y privados, de todos los niveles, involucrarse en los paquetes de promoción. El artículo 20 lo prohíbe expresamente. Pero más aún, ¿por qué la Coordinación de Extensión debe tener información del monto asignado a cada estudiante para asistir al acto de graduación? Ni ustedes ni ningún instituto puede organizar e imponer montos a los actos de grado. Y mucho menos enviar a un estudiante a graduarse por secretaría cuando no tiene el dinero para pagar el acto. ¿No es cierto, Lugo, que en una cartelera expuesta en la institución, donde aparecen los aranceles a pagar por diversos conceptos, hay uno que dice: Derecho a grado: Bs. 7.500, y le agregan la coletilla de que ese monto variara de acuerdo a la inflación? No es la primera vez que el Instituto Sucre de Punto Fijo incurre en tal hecho. Y Lugo miente hasta con el cuento de los 15 días, porque a los graduandos de noviembre pasado, que pagaron el paquete, apenas les entregaron el título en marzo 2014.
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@SebastianaB
Sebastiana Sin Secretos
Candidatos a medidas humanitarias
Sebastiana Barraez
Quinto Día. Caracas, 06 de junio de 2014
