El diálogo gobierno-MUD en la hora de verdad
MANUEL MALAVER
El Diario de Caracas. Caracas, 8 de abril de 2014
Es posible que el diálogo gobierno-MUD que se inicia hoy sea para establecer,
más en lo que no están de acuerdo, que en lo que están de acuerdo,
reconocimiento que es ya una ganancia, pues se puede llegar a algo en una
conversación de divergentes, pero nunca en un diálogo de sordos,
Era lo que
venía ocurriendo, no desde que arrancó la actual crisis el 12 de febrero pasado,
sino desde el mismo día que Nicolás Maduro asumió la presidencia y decidió
dirigirse a los opositores, no con palabras, sino con un garrote.
Fue el peor error de su no larga carrera política, pues creyendo que las
amenazas y los amedrentamientos bastaban para hacer regresar los manifestantes a
sus casas, lo que hizo fue exacerbarlos y abrir las puertas a un movimiento
nacional que hace crujir al madurato hasta en sus cimientos.
Lo sorpresivo es que, incapaz de enfrentar la marejada con un liderazgo
personal y fuerzas políticas organizadas que lo defendieran, Maduro cayó sin
esfuerzo en manos de los radicales del Ejército, gorilas como Cabello, Rodriguez
Torres y Rangel Silva que, prácticamente, lo han convertido en un títere, en
“su” títere.
Por eso, no es exagerado afirmar que ya no hay más un presidente Maduro (si
alguna vez lo fue), sino un amanuense de generales corruptos, que saben no
pueden abandonar el poder sino para dar cuentas de sus fechorías a la justicia
penal nacional e internacional, por lo que, prefieren resistir algo más, para
preparar unas mejores condiciones de fuga.
Maduro, entonces, estará en el diálogo, no para facilitarlo, sino para
complicarlo, no para ganar sino para perder tiempo.
El tiempo necesario para hacer las maletas, decidir en cuál de los países con
gobiernos dictatoriales en el mundo se exilará, y tantear las posibilidades de
que un gobierno de transición lo deje escapar, no para salvar el pellejo, sino
por la salud mental de los venezolanos.
martes, 8 de abril de 2014
Luis García Mora: Hay que desmontar el desencuentro Henrique/Leopoldo
Al límite: Hay que desmontar el desencuentro Henrique/Leopoldo
LUIS GARCÍA MORA
Prodavinci. Caracas, 6 de abril de 2014
LUIS GARCÍA MORA
Prodavinci. Caracas, 6 de abril de 2014
Un examen frío, desde enero hasta abril, hace imperativa una nueva estrategia de la oposición. Una estrategia que parta de la protesta pacífica: sin abandonar y abriéndose al diálogo.
La oposición debe negociar.
Debe hacerlo desde una posición firme, como la actual, y por encima de todo con un compromiso fuerte y no mercenario con el proyecto de oposición democrática que se ofrece desde la MUD y desde fuera de la MUD.
Como afirmaba un experimentado líder y estadista: “Nadie que no crea en lo que hace y ofrece genera esa credibilidad imprescindible para el ejercicio del liderazgo”. Y es cierto: todos somos una mezcla de valores e intereses, pero el liderazgo político es más poderoso en cuanto menos intereses personales o grupales o mezquinos involucre el compromiso.
Y esto va con Henrique, Leopoldo y María Corina. Y todavía más allá: con la parte sana de la MUD (dentro y fuera de ella) y la no tan sana (dentro y fuera del país).
El compromiso es demasiado grande y no admite errores ni inescrupulosidades de ninguna índole.
Se impone la hora del juego limpio.
Sobrevenido del cronograma político e institucional para el régimen, a la oposición democrática se le impone el momento de relegitimar legal y constitucionalmente la composición del nuevo CNE y de lo que funge como Tribunal Supremo de Justicia.
Se trata de un hecho y un mandato. Importante. Fundamental. Y esto no puede ser manejado con criterios de pulgas amaestradas.
No es fácil. No va a ser fácil. La dirección de la Oposición (sí, con mayúscula) tendrá que abandonar de una vez por todas este acostumbrado pero ahora peligroso manejo en las catacumbas. Y así deberá dirigirse al país: hablarle de frente, al opositor y al no opositor.
Hay una indudable fuerza en Maduro y su régimen. La única que le queda: la cívico militar.
O, mejor dicho, la militar cívica. Al revés.
No cuenta con los trabajadores ni con los estudiantes. Ni con los empresarios ni con las academias. Ni con las universidades ni con la Iglesia. En lo que se refiere a las estadísticas de popularidad, ni él ni su gobierno son mayoría. Y lo saben: ya la Oposición no es minoría. En lo que va de enero a marzo, según el cruce de las encuestas, el bloque pasó de 37 puntos a 47. Compacto, radicalizado, frente a un bloque gubernamental entre 36 y 37 puntos.
Se ha producido un quiebre relevante.
Y el poder omnímodo oficialista cuenta solamente con un partido y con una estructura férrea: el PSUV, movible pero de donde nadie se retira, y las Fuerzas Armadas Nacionales, una estructura organizativa que se rige por rangos y cargos y que se transforma todos los años. Ésa es la única unión (o cemento) que mantiene el Gobierno que, desde ahí, mueve sus tentáculos hacia los Poderes Públicos controlando el Estado.
Por un lado, estas circunstancias lo hacen represivo por su condición estalinista y militar, sin el concepto civil de ciudadanía. Por el otro, lo peligroso es que la estructura que soporta todo es la de la figura presidencial: la institucionalidad de la Presidencia, que siempre en nuestra democracia fue objeto de preocupación e intención de reinvención y reforma pero que, sobre todo durante los lustros de Chávez, ha sufrido una hipertrofia que la hace voluptuosamente apetecible para ese mismo estamento cívico militar.
Y esta visual es de suma importancia para entender la situación. En una frase: la conducción de la actual resistencia no puede continuar desgastándose entre los extremos de la resistencia pacífica y la violenta. Entre una oposición que no entiende que se puede caminar y mascar chicle a la vez, sin irse al piso e insiste en desmovilizar el momento. Y otra masiva y multitudinaria en ciernes, que por su cuenta y a la deriva toma las calles. El sacrificio y coraje de esa juventud requiere de atención inmediata.
Uno considera que constituiría un error desconectarse de esta inmensa masa de energía política cargada de disidencia civil que, como acaba de denunciar la Iglesia Católica, es objeto del intento de pacificación y apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la más brutal represión física que recordemos.
Por eso que se cree que, primero, hay que desmontar de inmediato el desencuentro entre Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López y entre éste último y Primero Justicia y Julio Borges. Y María Corina. Ya. Y no hablemos del resto de la composición de la MUD.
Este desencuentro mellizal, cargado de profundidades que por el momento sobran, está afectando una agenda política superior. Todos los implicados en este momento tienen un compromiso del más alto nivel, por sus liderazgos reales, con la conducción total y la búsqueda de una salida a la actual situación.
Esto es un hecho.
Y se podría decir que, después de obtener un triunfo en el primer round, quienes pensaban que era una pelea de un solo asalto ya a estas alturas deben de haber comprendido que la ruta rápida es sólo deseo, voluntarismo y riesgos inútiles si no se articula en el tiempo de una poderosa protesta pacífica. Orgánica. Organizada.
Como demuestra el Instituto de la Paz (PRIO) en Oslo, en su estudio La estrategia lógica del conflicto no violento, las campañas pacíficas de resistencia civil han sido doblemente más eficientes para lograr sus objetivos que las insurgencias violentas, incluso ante regímenes autoritarios. Y, como afirma Erica Chenoweth en una entrevista con Andrés Correa en Nueva York sobre su teoría de la regla del 3.5%, el poder no está en las armas sino en la gente. Ningún gobierno puede soportar resistencia constante, activa, visible, coordinada e inclusiva de apenas 3.5% de su población, sin terminar cediendo ante las demandas o desintegrándose.
De manera que, sin desactivar la protesta civil e incluso incrementándola con concentraciones y movilizaciones masivas, sin desactivar las iniciativas de diálogo actualmente en marcha, pues el Gobierno está obligado a crear las condiciones para que lo haya, la Oposición debe reacomodar la estrategia.
Con coraje, sin miedo y sin complejos, debe reconducir estas aguas. Sin traicionarlas.
Como pragmáticamente advierte Amnistía Internacional: “Es cierto que hay dificultades para el diálogo, para ese acercamiento, pero en la situación en la que estamos, con altos índices de criminalidad y proliferación de armas y municiones en manos de la población, resulta indispensable”. No sólo es el caos al que ha conducido este Gobierno, más la amenaza de guerra civil que alimenta y cimenta, sino también el peligro de disolución social que enfrentamos, sin apoyo y sin institucionalidad que nos soporte.
Se sabe y se dice, adentro y afuera, que “sin una salida pacifica lo que hay es un conflicto armado”. Realmente es necesario mantener el impulso.
Esto se parece al régimen de Nicolás I… o de Putin. Podríamos (sin saberlo) estar en medio de la desintegración.
Es imperativo trazar los límites ya.
Cráteres
- Podemos ampliar la base social de la protesta, ¿pero con cuál salida? Si ambos, Leopoldo y Henrique, quedan enterrados en un callejón sin salida, salga bien uno de ellos o no, todos nosotros saldríamos divididos. Éste era el juicio político de dos partidarios de ambos, al examinar lo delicado de la situación. “Hay que dar pequeños gestos, pues en alguna parte hay interés en que no haya unidad. Y la agenda de ambos está afectada por los viejos recuerdos”. “Hay que pasar urgentemente la página de las disputas, de los antagonismos…”
- La escalada de la Sala Constitucional del TSJ, según advierte la jurista Beatriz Di Totto (cabeza de una lógica jurídica casi kantiana), al destituir sumariamente a los alcaldes Scarano y Ceballos y a la diputada María Corina Machado, aparte de los actos de agresión e intimidación física realizados contra ciudadanos indefensos, constituye todo un salto cualitativo en la violación de la Constitución y las leyes. “Es probable que los acontecimientos del país, encendido en protestas y desbordado por vías de hecho en todos los órdenes, nos distraigan y abrumen hasta el punto de que no advirtamos que esta jurisprudencia eleva mucho la magnitud de la escalada que, sin duda, es tal. No sólo por la jerarquía del órgano que la emprende sino, sobre todo, por la naturaleza de sus funciones garantistas de los derechos ciudadanos y nacidas bajo el amparo de la Constitución de 1999. Acabamos de romper otro dique. Lo más triste es que quien lo destruye es justamente el mismo órgano cuya razón de ser era velar por su preservación”.
- Como decía un amigo, se trasladan a San Cristóbal nada más y nada menos que la Ministra de la Defensa y el comandante del CEO Padrino López para liberar la esquina de la Ferrero Tamayo con la Carabobo y el ingreso a Los Pirineos, sin detenerse a pensar en lo absurdamente “asimétrico” de su actuación…
- Y como decía alguien más, el objetivo de la política democrática no consiste en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena dentro del respeto del pluralismo. Así que algunos dirigentes no tendrían que tener temor de moverse…
- Y admitámoslo: lo que están haciendo con Julio Borges y Ramón Guillermo Aveledo es muy burdo…
Ramón Piñango: ¿Acuerdos?
¿Acuerdos?
RAMÓN PIÑANGO
El Nacional. caracas, 8 de abril de 2014
A muchos ciudadanos que no disponemos de información privilegiada, sobre lo que ocurre en las altas esferas políticas, nos preocupa que, con creciente intensidad, se comente que hay conversaciones andando entre gente vinculada al régimen y gente de la oposición. No sabemos si eso es verdad, sin embargo, es bueno hacer algunas consideraciones al respecto por la sencilla razón de que somos venezolanos y nos importa lo que aquí ocurre o pueda ocurrir.
Que los políticos hablen y negocien no debe preocuparnos, como tampoco debe escandalizarnos que cualquier conversación se lleve a cabo con discreción. Lo que sí debe ser motivo de preocupación es el propósito de cualquier negociación y lo que se está dispuesto a ceder a cambio de lo que la otra parte ceda.
Ante todo, quienes negocien por el régimen, por la oposición o por cualquier otro grupo o sector, deben tener muy presente algo tal vez obvio pero fácil de olvidar: este país nos pertenece a todos, no solo a unas élites que se atribuyen la facultad o don de saber qué es lo que le conviene al país. Y que, por tanto, lo que ellas propongan o acuerden en cualquier negociación debe ser aceptado por el resto de los ciudadanos, dado que, por definición, es bueno y a todos nos conviene. Gracias a nuestra evolución social y política, la sociedad venezolana de hoy no es la misma de hace unos veinte o treinta años. Al menos un sector creciente de la población aspira a tener mayor incidencia en lo que ha de ocurrir. Ejemplo emblemático es el de los estudiantes, y está lejos de ser el único. Así que lo que se negocie no puede contradecir ni los objetivos inmediatos ni la manera de entender al país, sus necesidades y el futuro al cual se aspira, de esa parte de la población más activa, más participativa y, definitivamente, más respondona. Que no se cometa de nuevo el error de pensar que quienes opinan no son más un puñado de venezolanos con características muy particulares como grado de politización. Esos ciudadanos respondones están diseminados en muchos ámbitos de la sociedad, como en las empresas y los sectores populares, entre otros.
De igual manera, claro debe tenerse que parte importante de los ciudadanos que siguen de cerca lo que acontece en el país comparten valores que imponen límites a lo que es negociable. Por ejemplo, hay razones para creer que la impunidad de crímenes cometidos contra los derechos humanos sería algo intolerable para muchos. No hay duda de que este asunto de los derechos humanos puede constituir un obstáculo importante para un acuerdo entre gente de la oposición y el régimen. Ojalá que no emerjan expertos en negociaciones políticas afirmando que exigir que no haya impunidad sería insensato porque nadie va a aceptar gustoso la posibilidad de ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Esto es cierto, pero también es cierto que las víctimas de la violencia del régimen, o los familiares de las víctimas no recibirían con beneplácito la injusticia con tal de que haya paz.
Paz a cualquier precio hace imposible la paz. Si se trata de alcanzar una paz duradera, porque tiene sólidos fundamentos, es imprescindible exigir la existencia de árbitros institucionales –fiscal general, Tribunal Supremo, por ejemplo– creíbles por gran parte de la población de cualquier signo político. Cualquier acuerdo que no contemple esta necesidad no será más que un esfuerzo en vano que cuando mucho logrará ganar tiempo a una o varias partes negociadoras para que luego estalle un conflicto peor que el actual. De nuevo es predecible el argumento de que eso de contar con árbitros creíbles es mucho pedir, que hay que ser realistas porque nadie que está en el poder se automutila. Es así, pero también es cierto que hemos llegado a esta grave situación de hoy no solo por sueños desmedidos sino también por un realismo desmedido, que entre otras cosas se caracterizó por una evasión patológica del conflicto.
RAMÓN PIÑANGO
El Nacional. caracas, 8 de abril de 2014
A muchos ciudadanos que no disponemos de información privilegiada, sobre lo que ocurre en las altas esferas políticas, nos preocupa que, con creciente intensidad, se comente que hay conversaciones andando entre gente vinculada al régimen y gente de la oposición. No sabemos si eso es verdad, sin embargo, es bueno hacer algunas consideraciones al respecto por la sencilla razón de que somos venezolanos y nos importa lo que aquí ocurre o pueda ocurrir.
Que los políticos hablen y negocien no debe preocuparnos, como tampoco debe escandalizarnos que cualquier conversación se lleve a cabo con discreción. Lo que sí debe ser motivo de preocupación es el propósito de cualquier negociación y lo que se está dispuesto a ceder a cambio de lo que la otra parte ceda.
Ante todo, quienes negocien por el régimen, por la oposición o por cualquier otro grupo o sector, deben tener muy presente algo tal vez obvio pero fácil de olvidar: este país nos pertenece a todos, no solo a unas élites que se atribuyen la facultad o don de saber qué es lo que le conviene al país. Y que, por tanto, lo que ellas propongan o acuerden en cualquier negociación debe ser aceptado por el resto de los ciudadanos, dado que, por definición, es bueno y a todos nos conviene. Gracias a nuestra evolución social y política, la sociedad venezolana de hoy no es la misma de hace unos veinte o treinta años. Al menos un sector creciente de la población aspira a tener mayor incidencia en lo que ha de ocurrir. Ejemplo emblemático es el de los estudiantes, y está lejos de ser el único. Así que lo que se negocie no puede contradecir ni los objetivos inmediatos ni la manera de entender al país, sus necesidades y el futuro al cual se aspira, de esa parte de la población más activa, más participativa y, definitivamente, más respondona. Que no se cometa de nuevo el error de pensar que quienes opinan no son más un puñado de venezolanos con características muy particulares como grado de politización. Esos ciudadanos respondones están diseminados en muchos ámbitos de la sociedad, como en las empresas y los sectores populares, entre otros.
De igual manera, claro debe tenerse que parte importante de los ciudadanos que siguen de cerca lo que acontece en el país comparten valores que imponen límites a lo que es negociable. Por ejemplo, hay razones para creer que la impunidad de crímenes cometidos contra los derechos humanos sería algo intolerable para muchos. No hay duda de que este asunto de los derechos humanos puede constituir un obstáculo importante para un acuerdo entre gente de la oposición y el régimen. Ojalá que no emerjan expertos en negociaciones políticas afirmando que exigir que no haya impunidad sería insensato porque nadie va a aceptar gustoso la posibilidad de ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Esto es cierto, pero también es cierto que las víctimas de la violencia del régimen, o los familiares de las víctimas no recibirían con beneplácito la injusticia con tal de que haya paz.
Paz a cualquier precio hace imposible la paz. Si se trata de alcanzar una paz duradera, porque tiene sólidos fundamentos, es imprescindible exigir la existencia de árbitros institucionales –fiscal general, Tribunal Supremo, por ejemplo– creíbles por gran parte de la población de cualquier signo político. Cualquier acuerdo que no contemple esta necesidad no será más que un esfuerzo en vano que cuando mucho logrará ganar tiempo a una o varias partes negociadoras para que luego estalle un conflicto peor que el actual. De nuevo es predecible el argumento de que eso de contar con árbitros creíbles es mucho pedir, que hay que ser realistas porque nadie que está en el poder se automutila. Es así, pero también es cierto que hemos llegado a esta grave situación de hoy no solo por sueños desmedidos sino también por un realismo desmedido, que entre otras cosas se caracterizó por una evasión patológica del conflicto.
Nelson Bocaranda: Los runrunes del martes 8 de abril de 2014
RUNRUNES
NELSON BOCARANDAEl Universal. Caracas, 8 de abril de 2014
ALTO
¿DIÁLOGO?:
La posibilidad de que el Vaticano medie en el conflicto político entre el Gobierno y la oposición ha venido cobrando fuerza en el país. Le he hecho seguimiento a través de www.runrun.es. Los partidos democráticos lo han visto bien. Hasta el secretario general de Copei anunció acciones formales para adelantar esa posibilidad. Unasur también lo asomó usando los buenos oficios del Secretario de Estado Pietro Parolin, hasta hace pocos meses Nuncio Apostólico en Caracas. Sin embargo, la Santa Sede ha declarado que “es necesario todavía profundizar y tener más elementos para verificar cuáles son las expectativas y las premisas para desempeñar un papel útil. Es lo que se está haciendo en las últimas horas”, dijo hace días su portavoz, el jesuita Federico Lombardi. Ayer el Superior de los Jesuitas en Venezuela, Arturo Peraza S.J., lanzó dos advertencias como que “las partes deben ceder en posiciones intransigentes” y “la pregunta no es si la negociación es viable, sino cuantas víctimas hacen falta para que las partes se sienten”.
Sin embargo pude enterarme por fuentes confiables desde Roma que el gobierno venezolano –el mismo de Maduro en cadena nacional exclamando: “¡Que venga Pietro Parolin! ¡Que venga!”, dejando entrever que el canciller vaticano podía ser bienvenido – ha estado maniobrando tras bastidores para evitar que eso ocurra o por lo menos demorarlo unas semanas más mientras termina de cuadrar y lograr algunos propósitos oscuros que frenarían esa mediación. Los representantes del gobierno madurista en sus primeras conversaciones con los funcionarios del Vaticano han colocado algunos frenos que por lo ridículos parecieran provenir de un plan muy bien montado para tumbar esa intermediación antes de que siquiera sea definida.
Un primer obstáculo es la insistencia venezolana, no oficialmente ni por escrito, en que no quede claro que el idioma de los diálogos debe ser el castellano. Se hacen los locos aún cuando el Artículo 9° de la Constitución establece que el idioma oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela es el castellano. En sus deseos mencionan la “lengua del comandante Chávez” (¿el inconstitucional Plan de la Patria?). La Iglesia desde el primer acercamiento dejó muy claro a los diplomáticos venezolanos que sus dos premisas o exigencias para ayudar a la paz entre los venezolanos deberían ser por un lado la liberación de los presos políticos y por el otro la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución y las leyes para que no se repitiera la hegemonía e inconstitucionalidad abusada por el régimen de Chávez al designar por su cuenta a 4 de 5 miembros principales y en general colocar un 80% de miembros de su partido PSUV en los cuadros directivos y suplentes a nivel nacional. Les recordaron que cuando la oposición no acudió a la contienda electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional en 2005 el gobierno se sintió solo y en la potestad de hacer lo que le diera la gana en esa selección de rectores del CNE. Esos son los que hoy ya tienen sus períodos vencidos. Como el régimen no da puntada sin dedal viene al caso una pregunta: ¿No será esa demora necia con el lenguaje a usar un ex profeso retardo para así dar pie a elegir desde ya -Diosdado Cabello lo anunció hace días- a las autoridades electorales antes de que se firme o se acuerde con el Vaticano su mediación?.
Cuando se ha pensado con malicia en estos 15 años se ha acertado. Pienso ahora que el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana pudo haber sido una respuesta a ese engaño que buscan para hacer tiempo y que de ser aprobado el diálogo supervisado por la Iglesia la designación del CNE haya sido un hecho cumplido y no se obligue a un giro democrático que no quieren Maduro y sus adláteres pues piensan que así pierden el control de las elecciones. Son muchos los artículos que están en la CRBV que el régimen ha violado en los tres lustros que tiene en el poder. Referencia en los documentos, por solo mencionar tres, son “el Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea; el Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía y el Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.
Hago esta mención al tema aprovechando que están en Caracas los cancilleres de Unasur, admiradores de Chávez en su mayoría, que parecieran estar en la misma corriente del primer ministro de Barbados (país beneficiario de los dólares de PetroCaribe), Freundel Stuart, quien dijo el domingo: “haré lo posible para que el gobierno electo pueda hacer su trabajo” llamando “al uso responsable de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación”. Dos premisas que repiten al unísono los “gobierno amigos”. Muchos negocios (algunos bien sucios como la valija con 800Mil dólares llevada a Argentina es un ejemplo) y complicidades circunvalan sus cabezas.
Veremos si logramos que tanto ellos como el régimen, desnudo en sus violaciones y torturas, acepten respetar a la otra parte. Entiendan que la barricada más grande por la que los estudiantes protestan es la de su futuro, más allá de su muy deteriorado presente tras 15 años de abandono y retroceso del país maquillado en la propaganda oficial de que hay más universidades y estudiantes en el período militar que en el período civil de 1958 a 1998. Es cierto, pero con pensum mayoritario de adoctrinamiento, muy atrasados e inspirados en Cuba y la U.R.S.S. que los coloca en minusvalía ante el mundo moderno en el que muchos países de Unasur ya navegan …
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