lunes, 8 de diciembre de 2014

Eduardo Semtei: Navidades rojas rojitas

Advertencia: Se ha comprobado que leer artículos opositores es dañino para la libertad. Preguntarle a López, Scarano, Ceballos, Baduel y María Corina en la Oficina de  la Fiscala.  Les cuento. El Papa Francisco está asombrado.  No sale de su estupefacción. Las noticias que recibe de Venezuela son desalentadoras. Oprobiosas. Dan pena con el vecino. Atentan contra la Navidad. Contra el Niño Jesús. Contra los Reyes Magos. Y hasta contra el gordito, no el de  Táchira, sino el de Noruega. Santa Claus. Papa Noel. Se supo que el Pesebre que con tanto esfuerzo estaba construyendo el cardenal Urosa en Chacaíto  fue invadido, medio expropiado, por el Colectivo 2 de Febrero. Se había hecho un esfuerzo Celestial para conseguir cemento y cabillas. Se requirieron 2 milagros, atribuidos a José Gregorio Hernández, quien con esos maravillosos actos se ganó abiertamente el camino al Santoral.  Con el perdón del sacerdote Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB, conseguir cabilla y cemento si son dos milagros bien arrechos.
Así que por favor, documente el asunto por ante la Comisión Electoral de Santos (CNE Papal) Que cuando baje Sor Tibisay por la rampa, tenga la Santificación firmada. Los expropiadores llegaron con armas largas. Akas para tirar para el techo. Venían vestidos de militares, con pasamontañas. Vale la pena destacar que un flaco desgarbado quien se asume como el Che venezolano, clavó una bandera del UPV (la de Lina Ron; que Dios la tenga en su Gloria y la corone en su Pompa) Allí flamea. Guindaron el retrato de Bolívar, no el bonito, sino el feo, el que se parece al Galáctico y quitaron el de la Virgen María. Fue sustituido por uno de una distinguida Dama  muy parecida a Iris Valera pero no hay confirmación oficial. Hubo de intervenir el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desalojo de Pesebres Invadidos (ACNUPDPI)  Luego de 274 diferimientos judiciales, con el mismo cartelito de siempre. No hay audiencia ni secretaría.  (Le ganó por dos al caso de Leopoldo López y la Juez Afiuni acumulados) fue sentenciado el  desalojado los invasores. Cuando el Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo Diego Padrón, vio una gigantesca cola cerca del sitio de la construcción, casi le da un patatús o por lo menos un yeyo, había tanta gente admirando el Larcito Divino, pero, siempre hay un pero, al acercarse un poco más, se sorprendió al evidenciar que la cola no era para adorar al Niño sino para comprar harina de maíz y azúcar. Que decepción. Pero como si nada, adelante con la obra.
Sabiendo que faltaban muchos días para el 24 de diciembre San José había comprado 6 paquetes de pasto que fueron decomisados por acaparamiento y contrabando de “intracción” Libraron boletas de encarcelamiento contra los filisteos que habían importado con dólares Cadivi el alimento en cuestión.  Luego de consignar facturas, documentos, órdenes de compra, bill of landing y otros papeles de capital importancia la mercancía fue devuelta un tanto mermada, solo 4 paquetes y con la obligación de estamparle el PMVP.  El pesebre, mientras tanto, fue fumigado y aislado, una especie de cuarentena, para evitar que al Niño Dios lo picara un zancudo y lo infestara de Chikungunña o Dengue. Ninguna precaución es demasiada cuando se trata de El Salvador.  En los tejemanejes de la Cueva Sagrada, hubo no menos de 25 interrupciones del servicio eléctrico y las obras se atrasaron. El Sindicato Chavista Alexis Vive y Otros También (sigan creyendo) decretó una huelga indefinida y se presentaron nuevos retardos en la construcción.  El Inspector del Trabajo decretó con lugar la huelga y ordenó pagar salarios caídos por los últimos 2013 años que son los que tiene el Niño naciendo.  Bueno, no todo es malo, dada la depreciación del bolívar, solo hubo que pagar 2 dinares que son equivalentes a 14 mil millones de bolívares fuertes. Unos 400 kilos de billetes de 50.  Back in track.  El buey misteriosamente desapareció y de la misma manera apareció una venta de pinchos sagrados en los juegos Caracas-Magallanes. Cerquitica de una Arepera Socialista. Fue reemplazado por la Vaca Mariposa de Simón Díaz.  El burro fue confundido con un diputado de la bancada mayoritaria y desde ese santo día ocupa un curul al lado de Pedro Carreño quien ocasionalmente lo consulta para vainas importantes. Por ejemplo; para escoger sus ajuares y acuñar frases inteligentes. Fue reemplazado por el Burrito Sabanero. 
Aunque es el Niño Dios, no olvidemos que es niño al fin, que es humano, aunque más tarde será parte de la Santísima Trinidad, su infancia requerirá de alimento y pañales. Carrizo, allí la cosa se puso seria. No hay leche ni pañales. Afortunadamente el nuncio apostólico y Romano, monseñor Aldo Giordano, en la República Bolivariana de Venezuela, interpuso sus buenos oficios y por valija diplomática llegaron dos conteiner de leche y pañales. Asunto resuelto por los momentos.  Los Reyes Magos estaban paralelamente  tramitando  visa para Venezuela y les pidieron una coima de tal magnitud que el cofrecito de oro que llevaba Melchor se quedó en el camino, ay Señor, parece que se le enredó con el Cabello y sus circunstancias, pero Gracias a Dios, obtuvieron la visa. La pléyade de Ángeles Divinos que siempre acompañan al Creador aprovechó uno de sus vuelos para proveerse de acetaminofén que como se sabe anda por las nubes con otro grupo de productos como desodorantes, champú, papel sanitario, etc. Ustedes saben como es la vaina en Venezuela, no hay que estar hablando y explicando mucho. El Ángel Caído, colgó los hábitos, se cortó las alas y empezó el bachaqueo y el contrabando de “extracción” Rápidamente fue incorporado a la Guardia Territorial con el grado de “Patriota Cooperante Supremo”.  Afortunadamente el Ministro Dante para los Asuntos Veloces y Trámites a Millón, facilitó la llegada de las ovejas y los procedimientos para el Nacimiento del Niño se adelantaron bastante.  Aunque hoy, 8 de diciembre, faltando 16 para que llegue la Luz Eterna, es todavía muy temprano para asegurar que todo está bajo control, por ahora, recomendamos rezar;  Padre Nuestro que estás en los Cielos………



Eduardo Semtei
Navidades rojas rojitas
El Nacional. Caracas, 8 de diciembre de 2014

Senado de EE.UU.: Ley de defensa de derechos humanos en Venezuela

S.2142 -- Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014 (Reported in Senate - RS)


S 2142 RS
Calendar No. 401
113th CONGRESS
2d Session
S. 2142
[Report No. 113-175]
To impose targeted sanctions on persons responsible for violations of human rights of antigovernment protesters in Venezuela, to strengthen civil society in Venezuela, and for other purposes.
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES

March 13, 2014

Mr. MENENDEZ (for himself, Mr. RUBIO, Mr. NELSON, Mr. KIRK, and Mr. MCCAIN) introduced the following bill; which was read twice and referred to the Committee on Foreign Relations

May 22, 2014

Reported by Mr. MENENDEZ, with amendments

[Omit the part struck through and insert the part printed in italic]


A BILL
To impose targeted sanctions on persons responsible for violations of human rights of antigovernment protesters in Venezuela, to strengthen civil society in Venezuela, and for other purposes.
    Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

    This Act may be cited as the `Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014'.

SEC. 2. FINDINGS.

    Congress makes the following findings:
      (1) The Central Bank of Venezuela and the National Statistical Institute of Venezuela have stated that the inflation rate in Venezuela was 56.30 percent in 2013, the highest level of inflation in the Western Hemisphere and the third highest level of inflation in the world behind South Sudan and Syria.
      (2) The Central Bank of Venezuela and the Government of Venezuela have imposed a series of currency controls that has exacerbated economic problems and, according to the World Economic Forum, has become the most problematic factor for doing business in Venezuela.
      (3) The Central Bank of Venezuela and the National Statistical Institute of Venezuela have declared that the scarcity index of Venezuela reached 28 percent in December 2013, which signifies that one in 4 basic goods is unavailable at any given time.
      (4) Since 1999, violent crime in Venezuela has risen sharply and the Venezuelan Violence Observatory, an independent nongovernmental organization, found the national per capita murder rate to be 79 per 100,000 people in 2013.
      (5) The international nongovernmental organization Human Rights Watch recently stated, `Under the leadership of President Cha.AE2vez and now President Maduro, the accumulation of power in the executive branch and the erosion of human rights guarantees have enabled the government to intimidate, censor, and prosecute its critics.'.
      (6) The Country Reports on Human Rights Practices for 2013 of the Department of State maintained that in Venezuela `the government did not respect judicial independence or permit judges to act according to the law without fear of retaliation' and `the government used the judiciary to intimidate and selectively prosecute political, union, business, and civil society leaders who were critical of government policies or actions'.
      (7) The Government of Venezuela has detained foreign journalists and threatened and expelled international media outlets operating in Venezuela, and the international nongovernmental organization Freedom House declared that Venezuela's `media climate is permeated by intimidation, sometimes including physical attacks, and strong antimedia rhetoric by the government is common'.
      (8) Since February 4, 2014, the Government of Venezuela has responded to antigovernment protests with violence and killings perpetrated by public security forces, and by arresting and unjustly charging opposition leader Leopoldo Lopes with criminal incitement, conspiracy, arson, and intent to damage property.
      (9) As of March 13, 2014, 23 people had been killed, more than 100 people had been injured, and dozens had been unjustly detained as a result of antigovernment demonstrations throughout Venezuela.

SEC. 3. SENSE OF CONGRESS REGARDING ANTIGOVERNMENT PROTESTS IN VENEZUELA AND THE NEED TO PREVENT FURTHER VIOLENCE IN VENEZUELA.

    It is the sense of Congress that--
      (1) the United States aspires to a mutually beneficial relationship with Venezuela based on respect for human rights and the rule of law and a functional and productive relationship on issues of public security, including counternarcotics and counterterrorism;
      (2) the United States supports the people of Venezuela in their efforts to realize their full economic potential and to advance representative democracy, human rights, and the rule of law within their country;
      (3) the chronic mismanagement by the Government of Venezuela of its economy has produced conditions of economic hardship and scarcity of basic goods and foodstuffs for the people of Venezuela;
      (4) the failure of the Government of Venezuela to guarantee minimal standards of public security for its citizens has led the country to become one of the most violent in the world;
      (5) the Government of Venezuela continues to take steps to remove checks and balances on the executive, politicize the judiciary, undermine the independence of the legislature through use of executive decree powers, persecute and prosecute its political opponents, curtail freedom of the press, and limit the free expression of its citizens;
      (6) the people of Venezuela, responding to ongoing economic hardship, high levels of crime and violence, and the lack of basic political rights and individual freedoms, have turned out in demonstrations in Caracas and throughout the country to protest the inability of the Government of Venezuela to ensure the political and economic well-being of its citizens; and
      (7) the repeated use of violence perpetrated by the National Guard and security personnel of Venezuela, as well as persons acting on behalf of the Government of Venezuela, in relation to the antigovernment protests that began on February 4, 2014, is intolerable and the use of unprovoked violence by protesters is also a matter of serious concern.

SEC. 4. UNITED STATES POLICY TOWARD VENEZUELA.

    It is the policy of the United States--
      (1) to support the people of Venezuela in their aspiration to live under conditions of peace and representative democracy as defined by the Inter-American Democratic Charter of the Organization of American States;
      (2) to work in concert with the other member states within the Organization of American States, as well as the countries of the European Union, to ensure the peaceful resolution of the current situation in Venezuela and the immediate cessation of violence against antigovernment protestors;
      (3) to hold accountable government and security officials in Venezuela responsible for or complicit in the use of force in relation to the antigovernment protests that began on February 4, 2014, and similar future acts of violence; and
      (4) to continue to support the development of democratic political processes and independent civil society in Venezuela.

SEC. 5. SANCTIONS ON PERSONS RESPONSIBLE FOR VIOLENCE IN VENEZUELA.

    (a) In General- The President shall impose the sanctions described in subsection (b) with respect to any person, including a current or former official of the Government of Venezuela or a person acting on behalf of that Government, that the President determines--
      (1) has perpetrated, or is responsible for ordering, controlling, or otherwise directing, significant acts of violence or serious human rights abuses in Venezuela against persons associated with the antigovernment protests in Venezuela that began on February 4, 2014;
      (2) has directed or ordered the arrest or prosecution of a person primarily because of the person's legitimate exercise of freedom of expression or assembly; or
      (3) has materially assisted, sponsored, or provided significant financial, material, or technological support for, or goods or services in support of, the commission of acts described in paragraph (1) or (2).
    (b) Sanctions Described-
      (1) IN GENERAL- The sanctions described in this subsection are the following:
        (A) ASSET BLOCKING- The exercise of all powers granted to the President by the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) to the extent necessary to block and prohibit all transactions in all property and interests in property of a person determined by the President to be subject to subsection (a) if such property and interests in property are in the United States, come within the United States, or are or come within the possession or control of a United States person.
        (B) EXCLUSION FROM THE UNITED STATES AND REVOCATION OF VISA OR OTHER DOCUMENTATION- In the case of an alien determined by the President to be subject to subsection (a), denial of a visa to, and exclusion from the United States of, the alien, and revocation in accordance with section 221(i) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1201(i)), of any visa or other documentation of the alien.
      (2) PENALTIES- A person that violates, attempts to violate, conspires to violate, or causes a violation of paragraph (1)(A) or any regulation, license, or order issued to carry out paragraph (1)(A) shall be subject to the penalties set forth in subsections (b) and (c) of section 206 of the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1705) to the same extent as a person that commits an unlawful act described in subsection (a) of that section.
      (3) EXCEPTION TO COMPLY WITH UNITED NATIONS HEADQUARTERS AGREEMENT- Sanctions under paragraph (1)(B) shall not apply to an alien if admitting the alien into the United States is necessary to permit the United States to comply with the Agreement regarding the Headquarters of the United Nations, signed at Lake Success June 26, 1947, and entered into force November 21, 1947, between the United Nations and the United States, or other applicable international obligations.
    (c) Waiver- The President may waive the application of sanctions under subsection (b) with respect to a person if the President--
      (1) determines that such a waiver is in the national security interests of the United States; and
      (2) on or before the date on which the waiver takes effect, submits to the Committee on Foreign Relations and the Committee on Banking Housing, and Urban Affairs of the Senate and the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Financial Services of the House of Representatives a notice of and justification for the waiver.
    (d) Regulatory Authority- The President shall issue such regulations, licenses, and orders as are necessary to carry out this section.
    (e) Definitions- In this section:
      (1) ADMITTED; ALIEN- The terms `admitted' and `alien' have the meanings given those terms in section 101 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101).
      (2) FINANCIAL INSTITUTION- The term `financial institution' has the meaning given that term in section 5312 of title 31, United States Code.
      (3) MATERIALLY ASSISTED- The term `materially assisted' means the provision of assistance that is significant and of a kind directly relevant to acts described in paragraph (1) or (2) of subsection (a).
      (4) UNITED STATES PERSON- The term `United States person' means--
        (A) a United States citizen or an alien lawfully admitted for permanent residence to the United States; or
        (B) an entity organized under the laws of the United States or of any jurisdiction within the United States, including a foreign branch of such an entity.

SEC. 6. SUPPORT FOR CIVIL SOCIETY IN VENEZUELA.

    (a) In General- The Secretary of State and the Administrator of the United States Agency for International Development shall, subject to the availability of appropriations, directly or through nongovernmental organizations--
      (1) defend internationally recognized human rights for the people of Venezuela;
      [Struck out->] (2) build the organizational and operational capacity of democratic civil society activists and organizations in Venezuela at the national and regional level; [<-Struck out]
      [Struck out->] (3) support the efforts of independent media outlets to broadcast, distribute, and share information beyond the limited channels made available by the Government of Venezuela; [<-Struck out]
      (2) strengthen the organizational and operational capacity of democratic civil society in Venezuela;
      (3) support the efforts of independent media outlets to broadcast, distribute, and share information beyond the limited means available as of the date of the enactment of this Act;
      (4) facilitate open and uncensored access to the Internet for the people of Venezuela;
      (5) improve transparency and accountability of institutions that are part of the Government of Venezuela;
      (6) provide support to civil society organizations, activists, and peaceful demonstrators in Venezuela that have been targeted for exercising internationally recognized civil and political rights, as well as journalists targeted for activities related to the work of a free press; and
      (7) provide support for democratic [Struck out->] political [<-Struck out] organizing and election monitoring in Venezuela.
    (b) Strategy Requirement- Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit a strategy to carry out the activities described in subsection (a) to--
      (1) the Committee on Foreign Relations of the Senate and the Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives; and
      (2) the Committee on Appropriations of the Senate and the Committee on Appropriations of the House of Representatives.
    (c) Authorization of Appropriations-
      (1) IN GENERAL- There is authorized to be appropriated to the Secretary of State $15,000,000 for fiscal year 2015 to carry out subsection (a). Amounts appropriated for the activities set forth in subsection (a) shall be used pursuant to the authorization and requirements contained in this section. Additional amounts may be authorized to be appropriated under provisions of law.
      (2) NOTIFICATION REQUIREMENT-
        (A) IN GENERAL- Funds appropriated or otherwise made available pursuant to paragraph (1) may not be obligated until until 15 days after the date on which the President has provided notice of intent to obligate such funds to--
          (i) the Committee on Foreign Relations of the Senate and the Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives; and
          (ii) the Committee on Appropriations of the Senate and the Committee on Appropriations of the House of Representatives.
        (B) WAIVER- The President may waive the requirement under subparagraph (A) if the President determines that failure to waive that requirement would pose a substantial risk to human health or welfare, in which case notification shall be provided as early as practicable, but in no event later than 3 days after taking the action to which such notification requirement was applicable in the context of the circumstances necessitating such waiver.

SEC. 7. REPORT ON BROADCASTING, INFORMATION DISTRIBUTION, AND CIRCUMVENTION TECHNOLOGY DISTRIBUTION IN VENEZUELA.

    (a) In General- Not later than 30 days after the date of the enactment of this Act, the Chairman of the Broadcasting Board of Governors (in this section referred to as the `Board') shall submit to Congress a report that includes--
      (1) a thorough evaluation of the governmental, political, and technological obstacles faced by the people of Venezuela in their efforts to obtain accurate, objective, and comprehensive news and information about domestic and international affairs;
      (2) an assessment of current efforts relating to broadcasting, information distribution, and circumvention technology distribution in Venezuela, by the United States Government and otherwise; and
      (3) a strategy for expanding such efforts in Venezuela, including recommendations for additional measures to expand upon current efforts.
    (b) Elements- The report required by subsection (a) shall include--
      (1) an assessment of the current level of Federal funding dedicated to broadcasting, information distribution, and circumvention technology distribution in Venezuela by the Board before the date of the enactment of this Act;
      (2) an assessment of whether the current level and type of news and related programming and content provided by the Voice of America is sufficiently addressing the informational needs of the people of Venezuela; and
      (3) specific measures for increasing broadcasting, information distribution, and circumvention technology distribution in Venezuela.
Calendar No. 401
113th CONGRESS
2d Session
S. 2142
[Report No. 113-175]
A BILL
To impose targeted sanctions on persons responsible for violations of human rights of antigovernment protesters in Venezuela, to strengthen civil society in Venezuela, and for other purposes.

Armando Durán: Insólita política opositora

En su habitual columna de los viernes en El Universal, Gerardo Blyde, político serio y equilibrado, reconoce que en la oposición “las fracturas son evidentes y conocidas”. Ese no es, sin embargo, el tema de su reflexión. Lo que le interesa destacar a Blyde no es tanto el peligro que significa el amargo enfrentamiento interno de facciones opositoras, sino el esfuerzo conciliador de otro sector oposicionista, “que busca crear puentes y condiciones” para superar un conflicto que en el fondo solo parece favorecer el progresivo deterioro de la fuerza opositora, precisamente, en el peor momento del régimen.
Lamentablemente, esta no es una posición común en el grupo cuyas ambigüedades frente al régimen inducen a algunos (entre ellos a mí, lo reconozco) a calificarlos de “colaboracionistas”. Un ejemplo. El pasado domingo 30 de noviembre, mientras el gobierno ponía en marcha su maquinaria judicial para encarcelar a María Corina Machado, acusada de conspirar para cometer un magnicidio, se producía la siguiente triple y llamativa coincidencia.
La primera sorpresa del día la tuve al leer esa mañana la extensa columna quincenal de Leonardo Padrón, en el suplemento Siete Días, de este diario. “En la oposición –señala Padrón– unos quieren elecciones, diálogo y protesta. ‘Traidores’, los llaman los que prefieren guarimbas, estallido social y golpe de Estado”. Típica visión maniquea de la realidad política actual, que se ajusta como anillo al dedo a la estrategia del régimen para dividir a la oposición en buenos, con quienes se puede más o menos convivir y dialogar, y malos malísimos, en el mejor de los casos, merecedores de un cero en conducta. En el peor, de cárcel, tortura y muerte violenta.   
La segunda sorpresa la recibí poco después en la pantalla de Televen, al descubrir la manera en que Luis Vicente León y José Vicente Rangel coincidían en torno de esta misma visión unidimensional de buenos y malos, caballo de batalla del régimen para transformar naturales diferencias estratégicas en contradicciones insalvables.
Por último, y como si estas llamativas coincidencias no fueran suficientes para provocar al menos una leve sospecha, Henry Ramos Allup, en un artículo publicado en El Nuevo País, arremetía contra opositores sin nombre que según él dirigían laboratorios sucios financiados y organizados por opositores de pensamiento y voluntad golpista, con el perverso propósito de desacreditar a los más buenos de los buenos dirigentes de lo que se conoce entre ellos como “alternativa democrática”. Según Ramos, su gravísima denuncia estaba perfectamente documentada, aunque tal como hace el régimen cuando acusa a alguien, pongamos por caso a María Corina Machado, a quien Maduro llegó a calificar de “asesina” en cadena de radio y televisión, tampoco presentó ninguna prueba.
¿Existe alguna razón oculta que explique estas concomitancias entre conocidos opositores y la más nefasta política del régimen para sacar del juego a sus más incómodos adversarios, como ya lo hizo con Leopoldo López? Por fortuna, la presión nacional e internacional obligó al régimen a replantearse el caso Machado: Luisa Ortega Díaz declaró que el Ministerio Público nunca había hablado de magnicidio y que el único delito que sus fiscales investigan, por ahora, es la participación de Machado en una conspiración para cometer nadie sabe qué delito.
Debo confesar que a estas alturas del proceso político venezolano, no creo en casualidades ni en pajaritos preñados. Y me cuesta demasiado pasearme por la posibilidad de que la coincidencia de estos insólitos hechos políticos sea en realidad el fruto exclusivo del más puro azar.
 
Armando Durán
Insólita política opositora
El Nacional. Caracas, 8 de diciembre de 2014

Jorge G. Castañeda: Ni el gobierno ni la izquierda se atreven contra Cubazuela

En estos últimos días visitó nuestro país una joven y valiente mujer venezolana; sus amigos la acogieron con cariño pero partió con las manos vacías. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el opositor venezolano encarcelado sin proceso por el gobierno chavista de Maduro; acudió a una serie de eventos de comunicación programados en México, pero también viajó a nuestro país buscando solidaridad para su marido. No la encontró.
Hasta donde sé, nadie del gobierno —Presidencia, Relaciones Exteriores, Gobernación— se atrevió a recibirla. Asimismo, con la excepción de un par de legisladores priistas, ningún jerarca del partido de gobierno —Manlio, Gamboa, César Camacho— accedió a verla, a pesar de varios intentos. No sé si algunos legisladores de Acción Nacional se reunieron con ella —cuando vino a México Leopoldo López, hace un par de años, pude juntarlo con algunos—, y obviamente nadie de la izquierda tuvo la audacia de desafiar a los caudillos tropicales de Cubazuela y pedir la liberación del preso político más conocido de las Américas hoy.
 
En el caso de Peña Nieto y sus colaboradores, se entiende, aunque me resulte altamente reprobable su actitud arcaica y aberrante, procedente del siglo pasado. Entre su ignorancia de la historia real de la política exterior de México, por sus tonterías de no-intervención y el pavor que les da la peregrina idea de que cubanos y venezolanos apoyen a AMLO y/o a los #132 o #43, se puede comprender que se mantengan pasmados. No recuerdan que hubo opositores a otros gobiernos latinoamericanos que recibieron apoyos mexicanos: desde Sandino hasta las guerrillas salvadoreña y guatemalteca, pasando por Castro y los chilenos antipinochetistas. Los burócratas de la cancillería y del PRI replicarían que en esos casos se trataba de patriotas combatiendo a dictaduras, y que Maduro fue electo democráticamente. Claro: como los presidentes mexicanos antes de Zedillo, o como Calderón, según AMLO, o como los Somoza durante décadas o los Castro durante medio siglo. Que el alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU reciba a Lilian no les afecta; el pobre príncipe jordano no sabe de lo que habla.
 
Pero en el caso de la izquierda —toda ella: PRD, Morena, UNAM, Politécnico, Ayotzinapa, Cárdenas, Ebrard, Mancera, etcétera—, la actitud es incomprensible. Están inmersos en una lucha supuestamente centrada en el respeto a los derechos humanos, contra la represión y desaparición de estudiantes, y que ha suscitado una amplia simpatía internacional. Pero las mismas luchas, la misma represión, las mismas desapariciones o ejecuciones en países gobernados por regímenes que gozan de su simpatía, no merecen esa misma solidaridad. Entonces una de dos: o son más rústicos e insulares que los priistas (no me sorprendería: de allí vienen), o detrás de la retórica de “sociedad civil”, derechos humanos, protesta pacífica y movimiento estudiantil, hay una agenda política inconfundible. O tal vez ambas cosas: la mediocridad y la revolución.



Jorge G. Castañeda
Ni el gobierno ni la izquierda se atreven contra Cubazuela
Milenio. México, 8 de diciembre de 2014