El castrochavismo
ÓSCAR COLLAZOS
El Nacional, Caracas 29 de marzo de 2014
Un fantasma recorre la geografía uribista: el castrochavismo. ¿Su fin? Asustar a los incautos y ganar seguidores con el infundio. Y no es que la alianza entre los hermanos Castro y el gobierno de Venezuela no exista. Existe. Y debe de existir más allá del simple intercambio de petróleo por médicos, en niveles que tocan la seguridad del Estado y métodos para combatir a la oposición.
Pero la realidad es otra: Cuba es un país que está buscando salidas al fracaso de la ortodoxia comunista, abriendo compuertas a la iniciativa privada y tolerando nichos de oposición sin renunciar a su férreo aparato de seguridad. Venezuela, por una asimetría incomprensible, es un país que ensaya un “socialismo” autoritario teñido de populismo.
Podría decirse que el experimento chavista busca entrar al lugar de donde Cuba quiere salir, pero esta simplificación es absurda. La verdad es que ni Cuba ni Venezuela representan riesgos desestabilizadores en la región, y menos aún la fusión del castrismo con el chavismo.
Sin embargo, la oposición colombiana de derechas al gobierno de Santos (solo el delirio de sus antiguos amigos pretende mostrarlo como izquierdista) ha construido un muñeco de papel llamado castrochavismo. Una vez fabricado el muñeco, se ha puesto a circular en un sistema de propaganda basado en el miedo colectivo.
El muñeco –que no alcanza a ser espantapájaros– cumple dos funciones: por un lado, desprestigiar la imagen personal y el gobierno de Santos; por el otro, torpedear con cargas de profundidad propagandística el proceso de paz de La Habana, de donde saldrían barcos cargados de guerrilleros para tomarse el Palacio de Invierno de la economía de mercado.
El muñeco no solo cumple estas funciones. Es presentado como profecía: los acuerdos de La Habana, con la eventual desmovilización de las FARC y la incorporación de sus cabecillas a la vida política, serían la última fase de una conspiración fraguada por Santos y aceptada por una izquierda que, al fin, empezaría el desmonte de la propiedad privada, la imposición del totalitarismo y la ocupación del campo por los antiguos terroristas.
Con estos ingredientes se está fabricando el discurso de la derecha uribista, con algunos ripios añadidos. Por ejemplo: que hubo fraude en las pasadas elecciones, que donde hay 19 debieron haber salido 30 senadores esperados, que una práctica tan frecuente como los “auxilios” y transferencias del Gobierno central a los políticos de provincias es algo novedoso y no la práctica que hizo incurrir a Uribe en el delito de cohecho, precisamente por las razones que le reprocha a Santos.
La querella de Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos no es menos patética que las querellas matrimoniales: la antigua pareja, burlada o engañada, da paso al feroz resentimiento enemigo. Lo que busca la derecha más recalcitrante va más allá de una eventual reelección de Santos.
La derecha uribista teme que desaparezca 50% de sus argumentos, fundado en el modelo antisubversivo que hizo posible a Carlos Castaño y organizaciones paramilitares, pero también los métodos de la seguridad democrática. Entre otros, los ‘falsos positivos’.
Las fuerzas políticas de derecha democrática, centro e izquierda; los empresarios y países que dan su apoyo a las conversaciones de La Habana; las bancadas parlamentarias que legislarán de 2014 a 2018 no son ni serán el colchón donde reposará el castrochavismo, sino los actores de un modelo de país y sociedad que buscará paz y justicia sin guerrillas.
Los mejores artículos de opinión sobre Venezuela
sábado, 29 de marzo de 2014
Elizabeth Fuentes: Lo mejor de lo peor
Lo mejor de lo peor
ELIZABETH FUENTES
El Nacional, Caracas 29 de marzo de 2014
Criticar a la Fosforito es tan fácil, tan de bombita la cosa, tan de poca importancia lo que diga y haga, que la ministra ha pasado a ser un target casi invisible para sus adversarios de tan sencillo que resulta dejarla en ridículo, situación de la cual ella misma se ocupa y bastante. Varela es apenas un titular pequeñito, escondido en la prensa diaria. Unos centímetros columnas botados por ahí, porque a nadie le interesa ni publicar ni leer lo que ella diga.
Pero en la más reciente e inverosímil competencia entre los voceros del gobierno por ver quién mete mejor la pata y más fuerte que el mismísimo Maduro, la señora Varela va ganando y de largo. Con decirles que dejó en segundo lugar al ministro de ¿qué?, Héctor Rodríguez…quien hace poco aseguró que a los miserables “no los iban a sacar de la pobreza para que se metieran a escuálidos”, sin considerar ni por un segundo no solo que el propio ministro Rodríguez salió de la pobreza sin que le parpadeara la ideología, sino que hasta el sol de hoy aun no ha explicado qué fue lo que pasó con la boloña de dólares que un grupo de corredores de carreras estafó en plena administración suya, falsificando su firma y dejándolo, en el mejor de los casos, como un indolente. Eso que llaman encarar la justicia por acción o por omisión. Medalla de plata, pues.
Dejó lejos también la Fosforito al ministro de Alimentación, quien hace poco protagonizó otro titular de comiquita: “Por qué se quejan de hacer cola para comprar comida y no para ir al cine”, lo que implica un desconocimiento mayúsculo de lo que está diciendo porque quienes se dan el lujo de ir al cine (porque está carísimo, señor ministro), no son exactamente las mismas señoras humildes que se levantan a las 4 de la mañana para plantarse hasta las 12 del mediodía frente a Mercal o Pdval. Gente pobre que a las 6 de la tarde -más o menos cuando los restaurantes de Las Mercedes se llenan de gobierneros pidiendo su whisky 25 años-, ya se están cayendo de sueño frente a la parada de autobús, ministro, y lo menos que puede hacer para adquirir las cuatro pendejadas caríiisimas que usted, Giordani, Ramírez y Merentes les permiten, es olvidarse de eso que llaman vida recreativa. O sea, medalla de bronce.
Pero aun frente a ellos, la Fosforito sigue mereciendo no solo medalla de oro, sino tremenda fanfarria, mi llave. Lean esto: según la ministra de no sé que cosa penitenciaria, el Yonny Eduardo Bolívar Jiménez que desde su Toyota 4Runner asesinó a la joven embarazada Adriana Urquiola, nunca fue escolta de ella.
“No, no…ese tipo no fue escolta mío. Tengo entendido que trabajaba en una empresa de ascensores y vino a reparar los edificios Platinium y también vinieron a revisar los de Inverunion que se habían dañado”. Pero acto seguido –y es aquí cuando creo que llega de primera a la entrega de Medallas para la Metida de Pata-, la ministra asegura que conoce a Bolívar “tanto como puedo conocer a otro privado de libertad” pero que, según lo que ella recordaba, sus antecedentes policiales eran por estafa y no por secuestro y hurto. Es decir, que la ministra recuerda perfectamente que el susodicho malandro fue a reparar unos ascensores en los edificios Platinium e Inverunion, pero sobre el delito que cometió, el asunto donde de verdad ella debería ocuparse e investigar, la memoria la traiciona. No recuerda si era un secuestrador o un estafador. No recuerda si salió en libertad por su invento de la Operación Cayapa o por un “beneficio procesal” firmado quién sabe por quién y porqué. Y tampoco recuerda, como sugieren fuentes cercanas a su ministerio y al Cicpc, si el asesino trabajó nada menos que como director de Inteligencia de su despacho.
Tremenda película habrían hecho con este caso Carlos Azpúrua o Román Chalbaud, que tantas injusticias denunciaron con el dinero del Estado durante los gobiernos de AD y Copei. Tremenda trama sobre como un malandro terminó trabajando en el ministerio que lo metió preso sin que las autoridades se enteraran y, para rebuscarse, salía de noche como free lance a dispararle a los adversarios de quien lo metió preso, o algo así.
Muérdeme aquí, podría titularse.
ELIZABETH FUENTES
El Nacional, Caracas 29 de marzo de 2014
Criticar a la Fosforito es tan fácil, tan de bombita la cosa, tan de poca importancia lo que diga y haga, que la ministra ha pasado a ser un target casi invisible para sus adversarios de tan sencillo que resulta dejarla en ridículo, situación de la cual ella misma se ocupa y bastante. Varela es apenas un titular pequeñito, escondido en la prensa diaria. Unos centímetros columnas botados por ahí, porque a nadie le interesa ni publicar ni leer lo que ella diga.
Pero en la más reciente e inverosímil competencia entre los voceros del gobierno por ver quién mete mejor la pata y más fuerte que el mismísimo Maduro, la señora Varela va ganando y de largo. Con decirles que dejó en segundo lugar al ministro de ¿qué?, Héctor Rodríguez…quien hace poco aseguró que a los miserables “no los iban a sacar de la pobreza para que se metieran a escuálidos”, sin considerar ni por un segundo no solo que el propio ministro Rodríguez salió de la pobreza sin que le parpadeara la ideología, sino que hasta el sol de hoy aun no ha explicado qué fue lo que pasó con la boloña de dólares que un grupo de corredores de carreras estafó en plena administración suya, falsificando su firma y dejándolo, en el mejor de los casos, como un indolente. Eso que llaman encarar la justicia por acción o por omisión. Medalla de plata, pues.
Dejó lejos también la Fosforito al ministro de Alimentación, quien hace poco protagonizó otro titular de comiquita: “Por qué se quejan de hacer cola para comprar comida y no para ir al cine”, lo que implica un desconocimiento mayúsculo de lo que está diciendo porque quienes se dan el lujo de ir al cine (porque está carísimo, señor ministro), no son exactamente las mismas señoras humildes que se levantan a las 4 de la mañana para plantarse hasta las 12 del mediodía frente a Mercal o Pdval. Gente pobre que a las 6 de la tarde -más o menos cuando los restaurantes de Las Mercedes se llenan de gobierneros pidiendo su whisky 25 años-, ya se están cayendo de sueño frente a la parada de autobús, ministro, y lo menos que puede hacer para adquirir las cuatro pendejadas caríiisimas que usted, Giordani, Ramírez y Merentes les permiten, es olvidarse de eso que llaman vida recreativa. O sea, medalla de bronce.
Pero aun frente a ellos, la Fosforito sigue mereciendo no solo medalla de oro, sino tremenda fanfarria, mi llave. Lean esto: según la ministra de no sé que cosa penitenciaria, el Yonny Eduardo Bolívar Jiménez que desde su Toyota 4Runner asesinó a la joven embarazada Adriana Urquiola, nunca fue escolta de ella.
“No, no…ese tipo no fue escolta mío. Tengo entendido que trabajaba en una empresa de ascensores y vino a reparar los edificios Platinium y también vinieron a revisar los de Inverunion que se habían dañado”. Pero acto seguido –y es aquí cuando creo que llega de primera a la entrega de Medallas para la Metida de Pata-, la ministra asegura que conoce a Bolívar “tanto como puedo conocer a otro privado de libertad” pero que, según lo que ella recordaba, sus antecedentes policiales eran por estafa y no por secuestro y hurto. Es decir, que la ministra recuerda perfectamente que el susodicho malandro fue a reparar unos ascensores en los edificios Platinium e Inverunion, pero sobre el delito que cometió, el asunto donde de verdad ella debería ocuparse e investigar, la memoria la traiciona. No recuerda si era un secuestrador o un estafador. No recuerda si salió en libertad por su invento de la Operación Cayapa o por un “beneficio procesal” firmado quién sabe por quién y porqué. Y tampoco recuerda, como sugieren fuentes cercanas a su ministerio y al Cicpc, si el asesino trabajó nada menos que como director de Inteligencia de su despacho.
Tremenda película habrían hecho con este caso Carlos Azpúrua o Román Chalbaud, que tantas injusticias denunciaron con el dinero del Estado durante los gobiernos de AD y Copei. Tremenda trama sobre como un malandro terminó trabajando en el ministerio que lo metió preso sin que las autoridades se enteraran y, para rebuscarse, salía de noche como free lance a dispararle a los adversarios de quien lo metió preso, o algo así.
Muérdeme aquí, podría titularse.
Fausto Masó: Guerra civil de baja intensidad
Guerra civil de baja intensidad
FAUSTO MASÓ
El Nacional, Caracas 29 de marzo de 2014
Se requiere mucho candor para suponer que el diálogo con el gobierno no será una farsa, y también se necesita demasiada ceguera para oponerse sistemáticamente al diálogo, para quedar internacionalmente como enemigos de la paz, y de paso no aprovechar el escenario en que se convertiría cualquier conversación, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. No se trata de darles la espalda a los horrores de estos días sino de desbaratar la estrategia oficial, de obligar al gobierno a nombrar nuevas autoridades del CNE, cosa que no consiste en cambiar unos chavistas por otros.
Maduro juega a provocar la indignación, a convencernos de que frente al abuso de destituir alcaldes hay que no votar, cosa que dejaría pronto sin alcaldes a la oposición; en cambio, si en estas elecciones improvisadas pierde el gobierno catastróficamente, no repetirá la maniobra. El CNE convoca a elecciones de un día para otro apostando por que la dificultad para escoger un candidato de consenso derrotará a la oposición en San Diego y en San Cristóbal.
Según declara el presidente Santos, Maduro aceptó las condiciones para un diálogo con la oposición. Algo contradictorio con las declaraciones de Aristóbulo que declaraba que “solo con la confrontación avanza la revolución”…, “los procesos revolucionarios… son de confrontación permanente, y en cada confrontación estamos obligados a vencer y después de la victoria a profundizar la revolución”. Bernal declaró algo similar, o peor, hablando de la movilización de los revolucionarios. En realidad el gobierno ha emprendido una guerra civil de baja intensidad contra los lugares donde viven los estudiantes, los automóviles y los bienes de sus adversarios.
La estrategia oficial es clara: seguir invitando a Miraflores a los estudiantes, y reprimir con mayor fuerza. El discurso de Maduro es para consumo internacional; quiere culpar a la oposición de la violencia. Si la oposición cae en la trampa, si no participa en las elecciones municipales, si rechaza cualquier diálogo, le dejará el escenario al gobierno.
Políticamente, el gobierno se mueve con la habilidad acostumbrada. Miente, pide dialogar y golpea. Esta vez se equivoca. Los habitantes de los barrios no bajarán para marchar sobre Miraflores, son los propios estudiantes, en un gesto que demuestra madurez política, los que están subiendo a los barrios, como ya hemos comentado en esta columna, organizando asambleas, indagando sobre sus necesidades, hablando de ellas en su discurso, trascendiendo el discurso meramente democrático y poniendo el énfasis, por ejemplo, en la falta de bombonitas de gas, organizando una parrilla con leña frente a una dependencia oficial. Esto ya da frutos, los que protestan por el país, los que dan la cara en esta guerra civil de baja intensidad provienen de los barrios, como se ve en los noticieros y como refleja el desplome brutal de popularidad de Nicolás Maduro y que confirma la última encuesta de Alfredo Keller.
Maduro cree que con dinero resuelve el desabastecimiento y la inflación. Importará más alimentos, lo hará mal, los distribuirá peor, no impedirá que buena parte de la comida siga pasando hacia Colombia.
Hay que hablar y seguir en la calle. Por ahora es vital votar masivamente y nunca colocarse en la posición del que rechaza cualquier diálogo que busque una salida política, porque esto no disminuye la protesta ni significa negociar, al contrario es una oportunidad para denunciar a los cuatro vientos la verdad de lo ocurre en Venezuela.
Los estudiantes tranquilamente conversaron con los representantes de Unasur, los convencieron de lo justo de sus peticiones y hasta supieron apreciar en sus comentarios posteriores las diferencias que había entre unos cancilleres y otros. Los estudiantes saben que dialogar no significa olvidar los muertos y los torturados sino aprovechar la ocasión para poner en evidencia la estrategia oficial.
Esta guerra civil de baja intensidad desembocará en algún diálogo, cuando Maduro reconozca que está contra la pared.
FAUSTO MASÓ
El Nacional, Caracas 29 de marzo de 2014
Se requiere mucho candor para suponer que el diálogo con el gobierno no será una farsa, y también se necesita demasiada ceguera para oponerse sistemáticamente al diálogo, para quedar internacionalmente como enemigos de la paz, y de paso no aprovechar el escenario en que se convertiría cualquier conversación, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. No se trata de darles la espalda a los horrores de estos días sino de desbaratar la estrategia oficial, de obligar al gobierno a nombrar nuevas autoridades del CNE, cosa que no consiste en cambiar unos chavistas por otros.
Maduro juega a provocar la indignación, a convencernos de que frente al abuso de destituir alcaldes hay que no votar, cosa que dejaría pronto sin alcaldes a la oposición; en cambio, si en estas elecciones improvisadas pierde el gobierno catastróficamente, no repetirá la maniobra. El CNE convoca a elecciones de un día para otro apostando por que la dificultad para escoger un candidato de consenso derrotará a la oposición en San Diego y en San Cristóbal.
Según declara el presidente Santos, Maduro aceptó las condiciones para un diálogo con la oposición. Algo contradictorio con las declaraciones de Aristóbulo que declaraba que “solo con la confrontación avanza la revolución”…, “los procesos revolucionarios… son de confrontación permanente, y en cada confrontación estamos obligados a vencer y después de la victoria a profundizar la revolución”. Bernal declaró algo similar, o peor, hablando de la movilización de los revolucionarios. En realidad el gobierno ha emprendido una guerra civil de baja intensidad contra los lugares donde viven los estudiantes, los automóviles y los bienes de sus adversarios.
La estrategia oficial es clara: seguir invitando a Miraflores a los estudiantes, y reprimir con mayor fuerza. El discurso de Maduro es para consumo internacional; quiere culpar a la oposición de la violencia. Si la oposición cae en la trampa, si no participa en las elecciones municipales, si rechaza cualquier diálogo, le dejará el escenario al gobierno.
Políticamente, el gobierno se mueve con la habilidad acostumbrada. Miente, pide dialogar y golpea. Esta vez se equivoca. Los habitantes de los barrios no bajarán para marchar sobre Miraflores, son los propios estudiantes, en un gesto que demuestra madurez política, los que están subiendo a los barrios, como ya hemos comentado en esta columna, organizando asambleas, indagando sobre sus necesidades, hablando de ellas en su discurso, trascendiendo el discurso meramente democrático y poniendo el énfasis, por ejemplo, en la falta de bombonitas de gas, organizando una parrilla con leña frente a una dependencia oficial. Esto ya da frutos, los que protestan por el país, los que dan la cara en esta guerra civil de baja intensidad provienen de los barrios, como se ve en los noticieros y como refleja el desplome brutal de popularidad de Nicolás Maduro y que confirma la última encuesta de Alfredo Keller.
Maduro cree que con dinero resuelve el desabastecimiento y la inflación. Importará más alimentos, lo hará mal, los distribuirá peor, no impedirá que buena parte de la comida siga pasando hacia Colombia.
Hay que hablar y seguir en la calle. Por ahora es vital votar masivamente y nunca colocarse en la posición del que rechaza cualquier diálogo que busque una salida política, porque esto no disminuye la protesta ni significa negociar, al contrario es una oportunidad para denunciar a los cuatro vientos la verdad de lo ocurre en Venezuela.
Los estudiantes tranquilamente conversaron con los representantes de Unasur, los convencieron de lo justo de sus peticiones y hasta supieron apreciar en sus comentarios posteriores las diferencias que había entre unos cancilleres y otros. Los estudiantes saben que dialogar no significa olvidar los muertos y los torturados sino aprovechar la ocasión para poner en evidencia la estrategia oficial.
Esta guerra civil de baja intensidad desembocará en algún diálogo, cuando Maduro reconozca que está contra la pared.
Ramón Hernández: Traiciones al pueblo
Traiciones al pueblo
RAMÓN HERNANDEZ
El Nacional, 29 de marzo de 2014
En el Hospital de Los Magallanes no hay vacunas contra el tétano. Tampoco en el Periférico de Catia. En ninguna de las farmacias de la zona y sus alrededores es posible encontrar un toxoide. Tampoco se consiguen sueros, algunos tipos de antibióticos, enjuague bucal ni metformina clorhidrato, el fármaco que requieren quienes sufren de diabetes tipo 2, pero la música se escucha a todo volumen.
En el estado Vargas no hay agua la mayoría de los días de la semana. Es un estado turístico bordeado por el mar Caribe, pero no cuenta con instalaciones para atender a los visitantes, los lugareños se las apañan como pueden. Quince años después del deslave y de los hermosos proyectos de reconstrucción que se presentaron aquí y en medio mundo, el problema del agua, tanto la potable como la servida, sigue sin resolverse. La contaminación de las playas, la carencia de servicios y la poca disponibilidad de empleos han contribuido a la ranchificación de extensas zonas, que bien desarrolladas y aprovechadas serían una excelente fuente de ingresos para muchos.
Nadie sabe qué ocurrió con los bocetos, planos y propuestas que se le presentaron al país en el año 2000 y que iban a convertir el litoral central en algo mucho mejor que Cancún, pues no solo se ocuparían de construir paseos, marinas, hoteles y balnearios y atender debidamente al turista, sino también de ofrecer al habitante de la región empleos bien remunerados. Fue un pote de humo. Ahí están los servicios colapsados y la reconstrucción urbanística a medio empezar, mientras el gobernador y el alcalde se ocupan de montar jardineras donde no se necesitan y de sembrar maticas. Ahora anuncian la construcción de un estadio de beisbol, con lo se mantiene intacta la confusión de prioridades.
Nada de un centro pesquero, una red de hospitales, centros educativos, hoteles para todas las necesidades, plantas procesadoras de aguas servidas y la pronta finalización de la red de acueductos, además de viviendas verdaderamente dignas, instalaciones turísticas y centros deportivos. La distorsión ha sido generada por la excesiva ideologización de los centros de poder, tanto locales como nacionales. El municipio ha sido desinstitucionalizado y despojado de sus atribuciones básicas: el urbanismo.
Igual que en Catia y en todas las zonas no privilegiadas del país, el Estado se olvida de la gente, de sus condiciones de vida y privilegia la condición de votante. Reparte bolsas de comida en tiempos de elecciones, pero no repara las cloacas ni fiscaliza que no se alteren las fachadas de la casas, que haya escuelas y hospitales bien dotados. Es el pragmatismo cegato, el pan para hoy y el hambre para mañana que han propagado con el nombre de socialismo, y que es la peor injusticia social. Es la traición al pueblo, y a sus posibilidades de mejorar su vida. Vendo antología de promesas incumplidas, varios tomos.
RAMÓN HERNANDEZ
El Nacional, 29 de marzo de 2014
En el Hospital de Los Magallanes no hay vacunas contra el tétano. Tampoco en el Periférico de Catia. En ninguna de las farmacias de la zona y sus alrededores es posible encontrar un toxoide. Tampoco se consiguen sueros, algunos tipos de antibióticos, enjuague bucal ni metformina clorhidrato, el fármaco que requieren quienes sufren de diabetes tipo 2, pero la música se escucha a todo volumen.
En el estado Vargas no hay agua la mayoría de los días de la semana. Es un estado turístico bordeado por el mar Caribe, pero no cuenta con instalaciones para atender a los visitantes, los lugareños se las apañan como pueden. Quince años después del deslave y de los hermosos proyectos de reconstrucción que se presentaron aquí y en medio mundo, el problema del agua, tanto la potable como la servida, sigue sin resolverse. La contaminación de las playas, la carencia de servicios y la poca disponibilidad de empleos han contribuido a la ranchificación de extensas zonas, que bien desarrolladas y aprovechadas serían una excelente fuente de ingresos para muchos.
Nadie sabe qué ocurrió con los bocetos, planos y propuestas que se le presentaron al país en el año 2000 y que iban a convertir el litoral central en algo mucho mejor que Cancún, pues no solo se ocuparían de construir paseos, marinas, hoteles y balnearios y atender debidamente al turista, sino también de ofrecer al habitante de la región empleos bien remunerados. Fue un pote de humo. Ahí están los servicios colapsados y la reconstrucción urbanística a medio empezar, mientras el gobernador y el alcalde se ocupan de montar jardineras donde no se necesitan y de sembrar maticas. Ahora anuncian la construcción de un estadio de beisbol, con lo se mantiene intacta la confusión de prioridades.
Nada de un centro pesquero, una red de hospitales, centros educativos, hoteles para todas las necesidades, plantas procesadoras de aguas servidas y la pronta finalización de la red de acueductos, además de viviendas verdaderamente dignas, instalaciones turísticas y centros deportivos. La distorsión ha sido generada por la excesiva ideologización de los centros de poder, tanto locales como nacionales. El municipio ha sido desinstitucionalizado y despojado de sus atribuciones básicas: el urbanismo.
Igual que en Catia y en todas las zonas no privilegiadas del país, el Estado se olvida de la gente, de sus condiciones de vida y privilegia la condición de votante. Reparte bolsas de comida en tiempos de elecciones, pero no repara las cloacas ni fiscaliza que no se alteren las fachadas de la casas, que haya escuelas y hospitales bien dotados. Es el pragmatismo cegato, el pan para hoy y el hambre para mañana que han propagado con el nombre de socialismo, y que es la peor injusticia social. Es la traición al pueblo, y a sus posibilidades de mejorar su vida. Vendo antología de promesas incumplidas, varios tomos.
Luis Eduardo Muro: Menor consumo
Menor Consumo
LUIS EDUARDO MURO
LUIS EDUARDO MURO
EL Universal, Caracas, 29 de marzo de 2014
Continúa sin pausa, y cada vez con más prisa, el plan de ajuste económico iniciado desde inicios del 2013 para "cuadrar" las muy descontroladas cuentas del gobierno.
A principios del año pasado el gobierno anunciaba, a través de sus ministros de Finanzas y Planificación, las primeras devaluaciones de esta administración, con el propósito de disminuir los requerimientos de divisas del país mediante "ajustes que provocarían la contracción del consumo".
Un año después, ya todos estamos padeciendo los resultados del "paquete" de ajustes. La contracción del consumo, que planificaron desde el gobierno, no es otra cosa que reducir nuestro poder adquisitivo y en muchos casos se puede llegar hasta pasar hambre.
Estas fueron las típicas medidas de ajuste macroeconómico aplicadas en los años 80 y 90 que aumentaron exponencialmente la pobreza en países como Brasil y nuestra Venezuela. Devaluaciones consecutivas del tipo de cambio, que afectaba los precios de los productos. Se contraía el consumo y bajaban los requerimientos de divisas del país. Al final todo se pagaba con el aumento de la pobreza de la población.
¿Y el trabajador?
Llegó la megadevaluación del Sicad II. ¿Cómo se enfrenta un trabajador con ingresos calculados en una economía de 6,30 Bs/$, a precios que se fijan sobre 50 Bs/$, o a un promedio de 25 Bs/$?
Esta semana se inició el ajuste de rubros básicos a través de "pactos". Por ejemplo, el medio kilo de café que sube de 23,29 Bs a 100, el pollo entero de 18,73 a 40 Bs/kg, la carne de 27,29 a 90 Bs/kg, los jugos de 1.800 cc suben de 22,50 a 41,25 Bs. ¿Cómo hace una familia para enfrentar estos niveles de inflación acompañados de una situación de escasez generalizada?
¡Que gran injusticia! Ahora somos los venezolanos, los que terminamos pagando "los platos rotos" de la fiesta de despilfarro y corrupción que celebró el gobierno.
muro97@cantv.net
A principios del año pasado el gobierno anunciaba, a través de sus ministros de Finanzas y Planificación, las primeras devaluaciones de esta administración, con el propósito de disminuir los requerimientos de divisas del país mediante "ajustes que provocarían la contracción del consumo".
Un año después, ya todos estamos padeciendo los resultados del "paquete" de ajustes. La contracción del consumo, que planificaron desde el gobierno, no es otra cosa que reducir nuestro poder adquisitivo y en muchos casos se puede llegar hasta pasar hambre.
Estas fueron las típicas medidas de ajuste macroeconómico aplicadas en los años 80 y 90 que aumentaron exponencialmente la pobreza en países como Brasil y nuestra Venezuela. Devaluaciones consecutivas del tipo de cambio, que afectaba los precios de los productos. Se contraía el consumo y bajaban los requerimientos de divisas del país. Al final todo se pagaba con el aumento de la pobreza de la población.
¿Y el trabajador?
Llegó la megadevaluación del Sicad II. ¿Cómo se enfrenta un trabajador con ingresos calculados en una economía de 6,30 Bs/$, a precios que se fijan sobre 50 Bs/$, o a un promedio de 25 Bs/$?
Esta semana se inició el ajuste de rubros básicos a través de "pactos". Por ejemplo, el medio kilo de café que sube de 23,29 Bs a 100, el pollo entero de 18,73 a 40 Bs/kg, la carne de 27,29 a 90 Bs/kg, los jugos de 1.800 cc suben de 22,50 a 41,25 Bs. ¿Cómo hace una familia para enfrentar estos niveles de inflación acompañados de una situación de escasez generalizada?
¡Que gran injusticia! Ahora somos los venezolanos, los que terminamos pagando "los platos rotos" de la fiesta de despilfarro y corrupción que celebró el gobierno.
muro97@cantv.net
Gustavo LInares Benzo: El desacato
El desacato
GUSTAVO LINARES BENZO
GUSTAVO LINARES BENZO
El Universal, Caracas 29 de marzo de 2014
Cuando esto se escribe no han sido aún publicadas en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia las sentencias que condenaron a prisión y destituyeron a los alcaldes de San Diego y San Cristóbal. Sintomático. Sólo unas notas de prensa dejan constancia de la audiencia y del fallo.
Ya se conocerán las decisiones, pero mientras tanto ambos están presos (privados de libertad es un eufemismo) y removidos de los cargos para los que fueron electos por un delito del que nunca se les acusó fiscalmente, ni del que pudieron defenderse adecuadamente. Delito de desacato, además, a una sentencia de imposible ejecución, desacato probado con ese comodín del "hecho comunicacional" que ha sustituido al mínimo ejercicio de probar con cierta seriedad. Notas de prensa en vez de documentos, tuiters y feisbuc, no experticias.
Se trata de una tecnología novedosa. Hasta hoy, destituir un gobernante por la vía judicial exigía construir un expediente penal, normalmente sobre delitos contra la cosa pública, así fuera algo tan chambón como el juicio que derrocó al presidente Pérez. Ahora basta que algún prócer de la sociedad, algún paladín de los derechos difusos y colectivos, solicite al Tribunal Supremo que se protejan sus derechos constitucionales, en este caso el libre tránsito obstaculizado por guarimbas y barricadas. En muy breve plazo el TSJ ordena a los alcaldes respectivos remover los obstáculos, pero además "cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios" y "velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario" y "desplegar las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley". Sic, así mismo. (Esta sentencia sí está en el portal, es del 12 de marzo: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/161913-135-12314-2014-14-0194.HTML).
Dictadas órdenes tales y luego de un plazo de pocos días, se considera que la sentencia no se ha cumplido y se cita al alcalde respectivo para juzgarlo por desacato, delito previsto en la venerable Ley de Amparo desde hace veinticinco años, pero hasta estos días necesitado de un juicio penal incoado por la Fiscalía, como dice la Constitución y decenas de sentencias de los tribunales de la República, varias de ellas de la propia Sala Constitucional. En audiencia tal se oye a los fiscales y al defensor del pueblo y a los alcaldes y se condena a Scarano y Ceballos, los cuales "cesan" (sic) en el ejercicio de sus cargos.
Novedades: como se ve de las órdenes transcritas, es virtualmente imposible cumplirlas, o al menos cumplirlas completamente. ¿Cómo garantizar un adecuado desplazamiento por las vías públicas? La cola de Prados del Este o las trancas en la Valle- Coche ¿son incumplimientos de las órdenes del TSJ? ¿Qué es garantizar la paz social y el cumplimiento de la ley? Si asaltan a un buhonero en Petare, ¿el alcalde desacató la decisión?
Mal ejemplo el de la Valle-Coche, porque hasta ahora sólo los alcaldes de oposición han sido objeto de estos fallos. La asimetría también es notoria, pues no hay duda de que en el Municipio Libertador, para poner un ejemplo, ha habido barricadas y guarimbas, más si se recurre al "hecho comunicacional" para probarlo, para no hablar de que algún incumplimiento de la ley habrá, ¿no?
Ordenes tan amplias no se pueden cumplir. Declarar el desacato vendrá como consecuencia. Y aquí viene lo más grave de la decisión: una condena penal decretada en una sola instancia, sin la debida intervención del Ministerio Público, sin las mínimas garantías del debido proceso. De las pocas cosas buenas de las novedades de la Constitución del 99 están las normas procesales, la garantía de la oralidad, de la acusación fiscal. Sobre todo, la exigencia de la doble instancia, toda sentencia penal debe poder apelarse. Ahora nos hayamos ante una sentencia definitivamente firme dictada en una única instancia, imposible de apelar pues la dictó la propia Sala Constitucional.
Y con todo esto se removió un funcionario electo por el pueblo. Grave precedente para cualquiera de ellos.
@glinaresbenzo
Ya se conocerán las decisiones, pero mientras tanto ambos están presos (privados de libertad es un eufemismo) y removidos de los cargos para los que fueron electos por un delito del que nunca se les acusó fiscalmente, ni del que pudieron defenderse adecuadamente. Delito de desacato, además, a una sentencia de imposible ejecución, desacato probado con ese comodín del "hecho comunicacional" que ha sustituido al mínimo ejercicio de probar con cierta seriedad. Notas de prensa en vez de documentos, tuiters y feisbuc, no experticias.
Se trata de una tecnología novedosa. Hasta hoy, destituir un gobernante por la vía judicial exigía construir un expediente penal, normalmente sobre delitos contra la cosa pública, así fuera algo tan chambón como el juicio que derrocó al presidente Pérez. Ahora basta que algún prócer de la sociedad, algún paladín de los derechos difusos y colectivos, solicite al Tribunal Supremo que se protejan sus derechos constitucionales, en este caso el libre tránsito obstaculizado por guarimbas y barricadas. En muy breve plazo el TSJ ordena a los alcaldes respectivos remover los obstáculos, pero además "cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios" y "velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario" y "desplegar las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley". Sic, así mismo. (Esta sentencia sí está en el portal, es del 12 de marzo: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/161913-135-12314-2014-14-0194.HTML).
Dictadas órdenes tales y luego de un plazo de pocos días, se considera que la sentencia no se ha cumplido y se cita al alcalde respectivo para juzgarlo por desacato, delito previsto en la venerable Ley de Amparo desde hace veinticinco años, pero hasta estos días necesitado de un juicio penal incoado por la Fiscalía, como dice la Constitución y decenas de sentencias de los tribunales de la República, varias de ellas de la propia Sala Constitucional. En audiencia tal se oye a los fiscales y al defensor del pueblo y a los alcaldes y se condena a Scarano y Ceballos, los cuales "cesan" (sic) en el ejercicio de sus cargos.
Novedades: como se ve de las órdenes transcritas, es virtualmente imposible cumplirlas, o al menos cumplirlas completamente. ¿Cómo garantizar un adecuado desplazamiento por las vías públicas? La cola de Prados del Este o las trancas en la Valle- Coche ¿son incumplimientos de las órdenes del TSJ? ¿Qué es garantizar la paz social y el cumplimiento de la ley? Si asaltan a un buhonero en Petare, ¿el alcalde desacató la decisión?
Mal ejemplo el de la Valle-Coche, porque hasta ahora sólo los alcaldes de oposición han sido objeto de estos fallos. La asimetría también es notoria, pues no hay duda de que en el Municipio Libertador, para poner un ejemplo, ha habido barricadas y guarimbas, más si se recurre al "hecho comunicacional" para probarlo, para no hablar de que algún incumplimiento de la ley habrá, ¿no?
Ordenes tan amplias no se pueden cumplir. Declarar el desacato vendrá como consecuencia. Y aquí viene lo más grave de la decisión: una condena penal decretada en una sola instancia, sin la debida intervención del Ministerio Público, sin las mínimas garantías del debido proceso. De las pocas cosas buenas de las novedades de la Constitución del 99 están las normas procesales, la garantía de la oralidad, de la acusación fiscal. Sobre todo, la exigencia de la doble instancia, toda sentencia penal debe poder apelarse. Ahora nos hayamos ante una sentencia definitivamente firme dictada en una única instancia, imposible de apelar pues la dictó la propia Sala Constitucional.
Y con todo esto se removió un funcionario electo por el pueblo. Grave precedente para cualquiera de ellos.
@glinaresbenzo
Adolfo P. Salgueiro: ¡Bravo María Corina!
¡Bravo María Corina!
ADOLFO P. SALGUEIRO
ADOLFO P. SALGUEIRO
El Universal, Caracas 29 de marzo de 2014
El ruido desatado alrededor del caso de María Corina Machado es el mayor y más resonante triunfo cosechado por la aguerrida diputada en los últimos tiempos. Poco importa si logró hacer uso de la palabra en la OEA o no, más bien al impedírselo le regalaron una plataforma mediática infinitamente mayor que la que hubiese tenido dentro de un proceso sin sobresaltos. Gracias pues señores representantes de los gobiernos de la OEA que amparados en subterfugios reglamentarios y amarrados por el bozal de arepa ayudaron a nuestra súper diputada para hacer conocer la situación que se vive en Venezuela.
Ayer, en la sala de espera de una oficina pública, una señora, de apariencia popular ella, nos comentaba que el tema de la Machado no era del interés del pueblo ya que no contribuía a bajar el precio de la harina precocida ni a hacer más llevadera la aventura de adquirir alimentos en los mercados de las redes gubernamentales, pero esa misma señora sí reconocía que otra mujer, María Corina, tenía el guáramo de aguantar lo que sea sin rebajar su dignidad ni cejar en su lucha por restablecer la democracia en el país y demostrar al mundo los abusos que se cometen bajo el amparo de una interpretación selectiva y arbitraria del marco legal. Para el oficialismo tal conducta es traición a la patria, para los demócratas es una expresión de lucha legítima que -lamentablemente- viene cobrando un precio demasiado alto en sangre.
Este columnista no puede dejar de expresar el rechazo visceral que le causa el Sr. Cabello quien desde la presidencia del Parlamento se comporta como un bravucón de barrio dejando de lado la majestad que su investidura de presidente de la Asamblea Nacional le confiere y le obliga a respetar. Ese señor, al igual que el que ocupa la jefatura del Estado, se solazan en exhibir la Constitución Nacional -cuyo librito siempre tienen a mano- para avalar todos sus atropellos arropados en el comodín de "el pueblo" cuya representación exclusiva se atribuyen. Pues bien, en ese mismo librito se manda a renovar a tres de los cinco miembros del CNE que tienen sus períodos vencidos, a más de diez magistrados del Tribunal Supremo en igual condición, a elegir Contralor General de la República tras la muerte del Sr. Russian hace casi tres años, etc., y en cuanto a María Corina, si ella debe ser excluida por servir a un país extranjero pues el mismo criterio debiera aplicarse al diputado oficialista Adel El Zabayar quien acaba de regresar de haber servido en el ejército de Siria en su lucha contra quienes combaten para derrocar al gobierno de Damasco.
Es evidente pues que no se trata de mantener la virginidad impoluta de la norma jurídica aplicada por igual sin distinción sino que la cuestión es valerse de cualquier argumento por más rebuscado que luzca y por más discriminatoria que sea su invocación para poner "el derecho" al servicio de una causa política cuya resolución ya está dictada de antemano. Ese es uno de los rasgos que caracterizan a las neodictaduras del siglo XXI diferenciándolas de las tradicionales de antaño en cuanto a la forma mas no en el fondo.
apsalgueiro@cantv.net
Ayer, en la sala de espera de una oficina pública, una señora, de apariencia popular ella, nos comentaba que el tema de la Machado no era del interés del pueblo ya que no contribuía a bajar el precio de la harina precocida ni a hacer más llevadera la aventura de adquirir alimentos en los mercados de las redes gubernamentales, pero esa misma señora sí reconocía que otra mujer, María Corina, tenía el guáramo de aguantar lo que sea sin rebajar su dignidad ni cejar en su lucha por restablecer la democracia en el país y demostrar al mundo los abusos que se cometen bajo el amparo de una interpretación selectiva y arbitraria del marco legal. Para el oficialismo tal conducta es traición a la patria, para los demócratas es una expresión de lucha legítima que -lamentablemente- viene cobrando un precio demasiado alto en sangre.
Este columnista no puede dejar de expresar el rechazo visceral que le causa el Sr. Cabello quien desde la presidencia del Parlamento se comporta como un bravucón de barrio dejando de lado la majestad que su investidura de presidente de la Asamblea Nacional le confiere y le obliga a respetar. Ese señor, al igual que el que ocupa la jefatura del Estado, se solazan en exhibir la Constitución Nacional -cuyo librito siempre tienen a mano- para avalar todos sus atropellos arropados en el comodín de "el pueblo" cuya representación exclusiva se atribuyen. Pues bien, en ese mismo librito se manda a renovar a tres de los cinco miembros del CNE que tienen sus períodos vencidos, a más de diez magistrados del Tribunal Supremo en igual condición, a elegir Contralor General de la República tras la muerte del Sr. Russian hace casi tres años, etc., y en cuanto a María Corina, si ella debe ser excluida por servir a un país extranjero pues el mismo criterio debiera aplicarse al diputado oficialista Adel El Zabayar quien acaba de regresar de haber servido en el ejército de Siria en su lucha contra quienes combaten para derrocar al gobierno de Damasco.
Es evidente pues que no se trata de mantener la virginidad impoluta de la norma jurídica aplicada por igual sin distinción sino que la cuestión es valerse de cualquier argumento por más rebuscado que luzca y por más discriminatoria que sea su invocación para poner "el derecho" al servicio de una causa política cuya resolución ya está dictada de antemano. Ese es uno de los rasgos que caracterizan a las neodictaduras del siglo XXI diferenciándolas de las tradicionales de antaño en cuanto a la forma mas no en el fondo.
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