Elías Pino Iturrieta: El sospechoso Berrizbeitia

Estaba a punto de hacer maletas para unas vacaciones cuando me enteré de las sospechas del diputado Bernal. Fue de tal magnitud el asombro que deseché una cuartilla que redactaba y preferí el comentario de la acusación que el representante del PSUV lanza contra Carlos Berrizbeitia, diputado de la oposición, por su presunta participación en el asesinato del diputado Serra. Los temas de congresistas son habitualmente jugosos, como para dejar lo que se viene escribiendo y dedicarles unos renglones capaces de capturar la atención del lector. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de aprovechar un servicio de lomito, sino de aproximarse a un detalle cuya elocuencia puede definir la actitud que ha tomado el oficialismo en torno al aludido crimen.
Según relato del diputado Bernal, después de una intervención del diputado Serra, fogosa como las que acostumbraba, el diputado Berrizbeitia saltó como un resorte de su curul y apostrofó al orador de la siguiente manera: “El gobierno y todos ustedes tienen los días contados”. Las palabras impactaron al denunciante, quien hizo después ante la prensa, pero también ante el Ministerio Público, unas preguntas que desprendía de la lacónica expresión   que para él fue una especie de designio de sicariato: ¿Sabía Berrizbeitia lo que de inmediato le ocurriría al diputado Serra?, ¿no es curioso que, después de la amenaza, apareciera el orador en un charco de sangre?, ¿no creen que estamos ante la insinuación de un delito, que se debe investigar con toda urgencia? Las interrogaciones se pueden atribuir a una necedad apoteósica, o a un plan deliberado de sembrar escollos en la averiguación que el caso requiere.
Seguramente la poca relación con el funcionamiento de los parlamentos haya provocado las inquisiciones del diputado Bernal. Es miembro de la AN y no ha dejado de usar el micrófono, desde luego, pero como en las sesiones de esa casa no abunda la retórica propia de los congresos, sino una coyunda cuartelaria, se impresiona ante discursos en los cuales se atraviesa una metáfora cuya asimilación le resulta trabajosa debido a que no está familiarizado con el recurso. Por ejemplo, seguramente le cueste comprender que, cuando Fermín Toro aseguraba en la Cámara su intención de acabar con los enemigos de la Constitución, ninguno de sus colegas imaginara que un señor tan atildado saldría con una lanza a matar monagueros en la calle. O, al contrario, quizá le resulte plausible relacionar unas palabras del diputado Rojas Paúl con el deceso del presidente Alcántara. “El llamado Gran Demócrata no tiene vida frente a las extraordinarias glorias de Guzmán”, exclamó Rojitas desde su escaño, y a los pocos días el mandatario murió de una indigestión. La frase requeriría acuciosa investigación, según la lógica de marras.
A estas alturas nadie que haya escogido la política como oficio, ni siquiera el sujeto más escaso de luces, puede analizar las polémicas de un parlamento como ha hecho el diputado Bernal. Ni exponerse a las burlas por el vínculo lamentablemente plano y superficialmente mecánico que fragua entre el uso de una imagen y un hecho que sucede después. El diputado Bernal no es tonto, ni nada por el estilo. ¿Cómo explicar, entonces, su conducta? No se aventura en una incursión solitaria por predios policiales, en un papel de detective improvisado y espontáneo que carece de compañía. Forma parte de un prepotente coro de voces que quiere o necesita ser escuchado. Si hacemos una comparación con los comentarios del presidente de la república y del presidente de la AN sobre el homicidio del diputado Serra, toparemos con un conjunto de actitudes parecidas como gotas de agua: generalizaciones deplorables, acusaciones sin fundamento, insultos, llamados al patriotismo y muchas prisas frente a un delito cuyo análisis aconseja cordura. ¿Por qué? Si nos atenemos a la sinrazón de sus exposiciones, les interesa que no se realice una investigación imparcial.
Por cierto, no se conoce al diputado Berrizbeitia como contador de los días del gobierno, pese a que en esa maliciable función lo descubrió su denunciante hace poco, sino como contabilista de los despilfarros del presidente Maduro.

Elías Pino Iturrieta
El sospechoso Berrizbeitia
El Nacional. Caracas, 12 de octubre de 2014

Marta Colomina: Los frankenstein del chavismo

Aunque el gobierno conoce hace rato quiénes fueron los asesinos de Robert Serra –como lo saben los periodistas que han conversado con los vecinos de La Pastora y están policialmente “dateados”– Maduro anunció que pronto dará a conocer los nombres de los ejecutores del crimen de Serra y sus “autores intelectuales”, coletilla esta última que le permite seguir acusando a Uribe y a otros “fascistas”, y repite así la pifia sobre la “culpabilidad del imperio y de los mayameros” en el asesinato de Otaiza, cuando la verdad es que este murió a manos de una sanguinaria banda de adolescentes. La fantasía macabra de achacar los asesinatos del fiscal Anderson, Otaiza y ahora Serra a los “enemigos” del régimen no puede ser sostenida a la luz de las pruebas recabadas esta semana por quienes investigan oficialmente el espantoso asesinato del joven diputado. Periodistas avezados en criminalística y algunos diarios han develado que Serra fue asesinado por personas cercanas. Thábata Molina desde el principio afirmó que los asesinos de Serra “pertenecían a su entorno” y Yasmín Velasco el martes 7 publicó en su cuenta de Twitter que “Robert Serra fue robado y luego asesinado por 2 de sus escoltas” y menciona las detenciones que ha venido haciendo el Cicpc (aunque este las niega). En “allanamiento a edificio de la Misión Vivienda de El Paraíso fueron detenidas 8 personas, pues se presume que allí vive el policaracas detenido por el caso Serra, quien era uno de sus escoltas”. El Nacional del viernes 10 informa que “las investigaciones sobre el doble crimen apuntan a Edwin Torres, agente de Policaracas, quien está detenido desde el lunes (…) De la residencia de Torres, el Cicpc se habría llevado objetos de interés criminalístico”. Además de Torres, “4 de los autores materiales del crimen ya fueron identificados por los investigadores y son buscados”.
Además de sus cuatro escoltas, Serra era protegido por numerosos “colectivos” con los que mantenía contacto permanente, así que cuando estallaron los sucesos sangrientos en Quinta Crespo tras el allanamiento del Cicpc del edificio Manfredir, donde murieron cinco miembros de los grupos “Escudos de la Revolución” y “5 de Marzo”, la posible asociación de tal hecho con la muerte de Serra era inevitable, aunque la especie fuese negada por el director del Cicpc. El colega Manuel Malaver el pasado domingo, en La Razón, apunta que Serra habría sido comisionado para convencer a los “colectivos” del desarme, a lo que se habrían negado mayoritariamente. Sabido es que estos grupos tienen armas de guerra, como las tenía el diputado Serra. Por cierto, mudez oficial sobre esta irregular tenencia.
Las 8 horas de enfrentamiento en Quinta Crespo concluyeron con la muerte de 5 “colectivos”, entre ellos José Odreman, quien recibió 32 disparos y pasó de ser un personaje fotografiado al lado de Maduro, Cilia Flores, Robert Serra, generales y otros miembros del alto gobierno, y de aparecer elogiado en el canal militar TV FANB, a ser calificado de “asesino” y “delincuente”: “No se trata de colectivos, eran grupos organizados dedicados al robo, secuestro y homicidios en el área metropolitana”, dijo el subdirector del Cicpc. Sin embargo, Richard Sánchez, policía y hermano de Odreman, desmintió al Cicpc: dice haber revisado en el Sipol el expediente de su hermano y de Maikol, y “ninguno de los dos tienen solicitud por homicidios”. Las contradicciones son indigeribles. Mientras los vecinos del Manfredir niegan que “colectivos” se enfrentaran al Cicpc y acusan al cuerpo policial de “limpiar la escena del crimen”, el Cicpc lo niega y repite que estos “colectivos” serían delincuentes de la peor ralea. Maduro no ha emitido palabra sobre tan graves hechos.
La ficción de la escritora Mary Shelley sobre el desquiciado “científico” Victor Frankenstein en su búsqueda del secreto de la vida y asesinado por su monstruosa creación, parece haberse hecho realidad en Venezuela. Los “colectivos” tendrían más poder de fuego que los organismos de seguridad, incluida la FAN, y han sido usados por el régimen para atacar manifestaciones pacíficas, amedrentar testigos en las mesas electorales y otras acciones delictivas. Aunque por ahora la sublevación parece sofocada (durante el funeral de Odreman en Cotiza los integrantes del colectivo “5 de Marzo” emitieron un comunicado en el que ya no responsabilizan al ministro Rodríguez Torres de las muertes de los colectivos, sino a la CIA), lo cierto es que el régimen les ha dado un poder enorme que no parece estar en condiciones de controlar. Lo terrible es que también los cuerpos de seguridad y los demás poderes públicos, nacidos para ser guardianes del orden y la seguridad, se han convertido en enemigos de la justicia y de los derechos ciudadanos. Así que frente a tanta violencia incontrolada, tanto caos y tanto silencio cómplice, Venezuela es víctima de numerosos frankenstein, entre ellos quienes piden a Maduro rechazar el mandato de la ONU de liberar a Leopoldo López.


Marta Colomina
Los frankenstein del chavismo
El Nacional. Caracas, 12 de octubre de 2014

Edgar C. Otálvora: Ola anticolombiana desata chavismo

Una onda de xenofobia cobró cuerpo en los discursos de altos jerarcas del chavismo gobernante en Venezuela. Tras el asesinato del diputado chavista Robert Serra el 01OCT14 y su transformación en tema de agitación política por el oficialismo, “Colombia” comenzó a ser blanco de ataques desde Venezuela. El primero en hacerlo fue Nicolás Maduro el 03OCT14 en las exequias de Serra, cuando afirmó que "los autores intelectuales estoy más que seguro están fuera del país, por las informaciones que manejo, apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe". La versión según la cual los autores del asesinato fueron paramilitares colombianos fue asumida por el liderazgo chavista e incluso difundida por Ernesto Samper Pizano, el colombiano actual Secretario de Unasur. Este último hecho fue censurado públicamente por el gobierno colombiano en la voz de su canciller María Ángela Holguín.

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A medida que pasaron los días el tono chavista no sólo incluyó ataques a Uribe Vélez, y comenzó a involucrar a los colombianos en general. El 08OCT14, durante un acto del partido oficialista PSUV en homenaje a Serra transmitido en vivo por canales de Tv del Estado, Jackeline Farías, Jefa del gobierno del Distrito Capital dijo que “Robert tomó ese testigo [de Chávez] y ahora todas y todos tenemos que tomar ese testigo” (...) “una revolución que jamás cederá antes las pretensiones del imperio. Imperio disfrazado de país vecino. Imperio disfrazado de maldito hombre que odia a este pueblo de Venezuela”. El diputado oficialista Saúl Ortega, en entrevista en el canal oficial VTV afirmó el mismo día que “la mayoría de los barrios de Venezuela, de las principales ciudades, están minados de estos elementos paramilitares”. Ortega aseguró que la mayoría de quienes ejercen el comercio informal en las calles (llamados localmente buhoneros) son paramilitares colombianos.

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Las tensiones del gobierno de Venezuela con colombianos han ido en aumento en los últimos meses, especialmente desde la imposición de restricciones al tránsito y al microcomercio en las comunidades fronterizas, afectadas por una “guerra al contrabando” declarada por Maduro que incluye el cierre nocturno de los pasos fronterizos ejecutado por fuerzas militares. La prensa de Bogotá denunció el 02OCT14 que dos mujeres colombianas residentes en la fronteriza ciudad de Cúcuta son procesadas judicialmente en Venezuela acusadas de “contrabando de extracción”, tras realizar una compra por el equivalente a US$14 en un establecimiento de San Cristóbal, Venezuela. Otra denuncia señala la detención desde septiembre, por delito de “contrabando”, de una bacterióloga colombiana que transportaba material de laboratorio desde Maracaibo (Venezuela) a Riohacha (Colombia). Autoridades colombianas han reportado deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela, la más reciente se habría registrado el 29AGO14 con la expulsión de 53 personas a través del Puente Internacional Simón Bolívar.

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São Bernardo dos Campos parte del emporio industrial del estado de São Paulo, fue escenario de una significativa derrota para el orgullo del gobernante Partido de los Trabajadores. El municipio es tenido como la cuna del petismo ya que allí Lula da Silva arrancó su carrera sindical y, aún hoy en día, oficialmente reside en la zona. El PT no controla el estado de São  Paulo, pero San Bernardo dos Campos era considerada tierra lulista, de hecho, la pupila de Lula, la entonces ministra y candidata Dilma Rousseff obtuvo en 2010 el 56,2% de la votación presidencial en ese municipio que concentra medio millón de electores. Este año, en la primera vuelta presidencial, Rousseff apena logró 32,7% de los votos, tres puntos y medio porcentuales por debajo de su rival Aécio Neves. Fue una derrota por la pequeña diferencia de 15 mil votos, pero políticamente y simbólicamente significativa.

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La diferencia entre los resultados de Dilma Rousseff en la primera vuelta electoral del 2010 con la del 2014 es notoria. La ministra Rousseff, arropada por Lula, consiguió 47,6 millones de votos a nivel nacional en el primer turno de 2010. Ahora, cuando busca la reelección, Rousseff sumó 43,2 millones de sufragios. El peso del oficialista Partido de los Trabajadores disminuyó en Brasil luego del 05OCT14: aún es probable que se mantenga en el Palacio de Planalto pero su imagen de imbatibilidad desapareció. La representación del PT en la nueva Cámara de Diputados cae de 80 a 77 parlamentarios, mientras que el opositor PSDB, el partido de Neves, consiguió aumentar su presencia en la Cámara de 44 en la actualidad a 55 diputados.       

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El Informe Otálvora del 04OCT14 adelantó que las encuestas electorales brasileñas señalaban un fuerte deterioro de los números de la expetista y ahora opositora Marina Silva, mientras el socialdemócrata Aécio Neves lograba un discreto crecimiento. Ambas tendencias se materializaron en las votaciones del 05OCT14  convirtiendo a Neves en el rival de la candidata-presidente Dilma Rousseff para la segunda vuelta a del 26OCT14. Neves sumó el 33,55% de apoyo electoral (34,8 millones de votos) quedando a ocho puntos porcentuales por detrás de Rousseff.  

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En Brasil la batalla relámpago de tres semanas hacia la segunda ronda comenzó con Neves crecido en las encuestas. El 09OCT14, dos de las principales encuestadoras, Datafolha e Ibope, coincidieron en sus resultados colocando a Neves a la cabeza con 46% de intención de votos frente a 44% de Rousseff y apenas un 10% de indecisos o votos blancos. Estos números, por ahora, poco parecieran indicar ya que el electorado brasileño demostró una altísima propensión a modificar su opción electoral, de un día a otro, bajo el influjo de la intensa campaña. La nueva clase media, constituida durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Rousseff, pareciera tener la palabra final sobre quién gobernará a Brasil a partir del 01ENE15.  

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El 06DIC09, Evo Morales fue electo presidente de Bolivia para un segundo mandato. La elección se realizó conforme al nuevo texto constitucional que  vigente desde el 07FEB09. Esa Constitución, impulsada e impuesta por Morales, limitó a una sola las reelecciones presidenciales. En una “Disposición Transitoria” expresamente estableció que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”, lo cual coincidía con la promesa de Morales quien estaba en la presidencia desde 2006, de no procurar una tercera reelección. En 2013, con el control del Tribunal Constitucional Plurinacional y del parlamento, Morales logró una interpretación acomodaticia que le permitió presentarse a procurar un tercer gobierno sucesivo. Así, violando su propia Constitución, Morales se presenta como candidato presidencial el 12OCT14. Según todas las encuestas públicas, Morales debería obtener el triunfo en primera vuelta lo que significa una ratificación del control político y económico que el Eje La Habana-Caracas ha obtenido en Bolivia.

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El apoyo de Hugo Chávez a Morales, especialmente en los primeros cinco años de gobierno, fue vital para la supervivencia del régimen en medio de fuertes choques con sectores políticos opositores. El respaldo que llegaba de Caracas incluyó financiamiento de programas “sociales” ejecutados por cubanos, sistemas de identificación y electorales, dinero en efectivo para transferencias a autoridades municipales, compra de equipos militares, construcción de obras públicas incluyendo puentes, carreteras y puestos fronterizos por parte de ingeniería militar venezolana, suministro de combustible en condiciones crediticias excepcionalmente favorables, transporte aéreo internacional y helicópteros para uso personal de Morales o, compra de empresas por parte del gobierno venezolano. Sólo el programa “"Bolivia Cambia, Evo Cumple" recibió, por lo menos, US$ 438 millones del fisco venezolano en el lapso 2007-2011 para ejecutar obras locales muchas de las cuales, según un informe del 2013, nunca fueron concluidas. Desde la Embajada de Venezuela en Bolivia se canalizaban compras de empresas por parte de empresarios venezolanos cercanos al régimen chavista o directamente por empresas de propiedad estatal venezolana. Controlar los medios de comunicación privados, bancos y empresas de alto poder económico y político formó parte de estas operaciones. De esa manera, por ejemplo, Gravetal la más grande productora de aceite de soya, situada en el conflictivo departamento de Santa Cruz, fue comprada en 2008 por la estatal venezolana Pdvsa.

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Entre las empresas compradas por venezolanos en Bolivia, para apoyar al gobierno de Maduro están los diarios La Razón y Extra, así como la televisora ATB. Los tres medios fueron adquiridos por el venezolano Carlos Gill y colocados bajo el control político del gobierno Morales. Gill también adquirió la empresa ferrocarrilera Ferroviaria Oriental S.A. Esta última es presidida por Rafael Enrique Abreu Anselmi en calidad de Director Titular y Presidente de la “Mesa Directiva”, cargo en el cual fue confirmado el 23ABR14. Rafael Enrique es hermano de Jesús Abreu Anselmi, quien ejerce como director del diario caraqueño El Universal tras su compra por un grupo fantasma de inversionistas.

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El apoyo inicial de Chávez progresivamente ha sido reemplazado por una importante capacidad financiera lograda por Morales. El financiamiento del gobierno Morales se basa ahora en altos ingresos por concepto de gas cuya “renta” el gobierno estima en US$ 22 mil millones entre 2007 y 2007 (equivalente a 13% del PIB). Persecución judicial contra dirigentes opositores, férreo control de medios, violenta represión a movimientos de protestas indígenas, pacto de gobierno con la jefatura militar, amplia  libertad de empresa y un dadivoso presidente en eterna campaña electoral forman parte del “modelo Morales”.

Edgar C. Otálvora
Informe Otálvora
Ola anticolombiana desata chavismo
Diario Las Américas. Miami, 11 de octubre de 2014

Mauricio Vargas: El drama del vecino

Casi tanto como la tragedia que vive Venezuela, me aterra la indiferencia con que los colombianos la seguimos. El silencio del Gobierno Nacional es justificado, por voceros y defensores de la administración de Juan Manuel Santos, con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro al proceso de negociación con las Farc. A estas alturas, se trata de una excusa tan manida como falsa: si es cierto, como dicen los negociadores del Gobierno en la mesa de La Habana, que los avances alcanzados son enormes, el proceso no debería tener reversa, ni siquiera si Maduro se molesta con Colombia.

Pero que el Gobierno prefiera taparse la boca no quiere decir que todos debamos imitarlo. La dimensión del drama que viven los venezolanos es enorme y espeluznante. La inflación de los doce meses recientes supera el 63 por ciento, por mucho la más alta del continente, impulsada por una escasez de alimentos y otros productos en niveles que alcanzan, en algunos rubros, el 70 por ciento.

La agricultura está postrada: las expropiaciones a los terratenientes y la concesión de tierras a los campesinos no fueron acompañadas de políticas de financiación y asistencia técnica, y el agro dejó de producir lácteos, carne y granos, que hoy urge importar. Pero, como venderle a Venezuela es un riesgo porque el régimen de Maduro no autoriza los dólares a los importadores, esos productos han dejado de llegar.

Cientos de grandes plantas industriales han cerrado y decenas de miles de pequeñas y medianas empresas desaparecieron. El caso de la salud es pavoroso: la escasez de insumos en los hospitales alcanza niveles del 60 por ciento y para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, faltan las medicinas.

La pobreza pasó de niveles de 21 por ciento, a los que había bajado en los primeros años del chavismo, a más del 27: esto a 2012, pues desde hace meses, el INE (el Dane de allá) dejó de publicar esas cifras. Se trata de un nivel muy similar al de Colombia, con la diferencia fundamental de la tendencia: acá va bajando y allá, subiendo. Y con una consideración que convierte en imperdonables los pecados del chavismo: ese empobrecimiento ocurre justo después de que Venezuela viviera la mayor bonanza petrolera de su historia, que en solo impuestos le dejó al fisco unos 350.000 millones de dólares, sin contar los aportes por 150.000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA a supuestos programas sociales.

¿Qué pasó con esa plata? Una porción significativa está en los bolsillos de dirigentes chavistas y amigos del régimen, los boliburgueses, que exhiben sus camionetas Hummer, sus Rolex de oro y diamantes y su ropa de marca. Pero ahora que la crisis golpea y la miseria se dispara, las mafias de la corrupción chavista están al borde de la guerra civil, como lo demuestra el asesinato del joven diputado Robert Serra, por el que están detenidos dos de sus escoltas y hay un cruce de acusaciones en que incluso ha saltado el nombre del ministro del Interior, Miguel Rodríguez.

No fueron entonces, como dijo Maduro y repitió el expresidente Ernesto Samper, en su calidad de secretario de Unasur, los paramilitares colombianos los autores del crimen. Cómo será que hasta la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan cercana a Samper, tuvo que llamarle la atención por esas declaraciones. El crimen evidencia una guerra de bandas corruptas, que se suma a la galopante inseguridad que domina a Venezuela, con 25.000 muertes violentas al año.

Todo esto mientras una justicia al servicio del régimen encarcela a cientos de opositores, y la falta de papel (Maduro sólo autoriza su importación a los medios afines a él) obliga al cierre de decenas de diarios. De ese modo, la tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.

Mauricio Vargas

mvargaslina@hotmail.com

Mauricio Vargas
El drama del vecino
El Tiempo. Bogotá, 12 de octubre de 2014