“La corrupción ha llegado hasta una serie de niveles en los que es completamente inaceptable (...) que el presidente no se retire”, gritaba a los suyos Pablo Iglesias exigiendo la inmediata renuncia del presidente español y un inmediato llamado a elecciones. Iglesias estaba en su derecho de exigirle al presidente su dimisión y a llamar a unas elecciones adelantadas; como también lo ha hecho en reiteradas oportunidades María Corina Machado.
Qué suerte tiene Pablo Iglesias de vivir en una democracia y de que no lo acusen de golpista o lo encierren a porrazos en una prisión militar, porque exigirle al presidente su renuncia y establecer una hipotética hoja de ruta para elecciones anticipadas es algo absolutamente normal y aceptado en todos los países democráticos. Pablo Iglesias y muchos de sus expertos constitucionales saben que si una de las máximas para declarar la ausencia absoluta del presidente es su renuncia, solicitarla como medida de presión opositora es, pues, una perfecta táctica y un recurso político válido. De hecho, exigirle la renuncia al presidente español y hablar de una ruta hipotética de elecciones anticipadas es por mucho una táctica que se ha utilizado siempre en España; el mismo Rajoy sacó a decenas de miles de personas a la calle en 2007 para exigir la dimisión de Rodríguez Zapatero y también trazó una ruta hipotética de elecciones anticipadas como estrategia en 2010, volviéndolo a hacer en 2011.
Vale recordar también que decenas de miles de personas fueron convocadas por la izquierda en la Argentina de 2002 para clamar a gritos la renuncia del presidente Fernando la Rúa y que entre ellos se encontraba Cristina Kirchner, quien pidió públicamente la dimisión y exigió unos comicios “no más allá de noventa días”; mientras tanto su esposo, Néstor, la cabeza visible de los gobernadores alineados en el Frente Federal Solidario (FFS), hablaba abiertamente de una transición e incluso de un presidente provisional (diario Página 12), algo mucho, pero mucho más radical que lo que proponen hoy María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López en Venezuela. Qué suerte tenían Cristina y su marido de vivir en democracia y no terminar enjuiciados por golpistas y magnicidas.
Lo que nos lleva al más emblemático y polémico de los documentos de “transición” y de solicitudes de renuncia planteados en Venezuela, cuyas “acciones concretas a tomar” tienen como objetivo primordial “la remoción del presidente de la república”. Para algunos la palabra “remoción” quizás esté un poco pasada de tono y otros se alarmaron cuando se pide que “como salida pacífica” se incorpore “al Alto Mando Militar” en dicha transición. Cada quien puede tener su opinión favorable o no del acuerdo pero lo que debe quedar claro, es que los firmantes del documento están en su legítimo derecho democrático de pasarse de tono. Pareciera duro también, pero perfectamente democrático, que el documento haya elaborado “un programa mínimo de gobierno de transición” y, para los más críticos, que incluya nada menos que “un nuevo gobierno” aunque la palabra “emergencia nacional” también haya dejado a más de uno boquiabierto por considerar que se pasaron de la raya y peor aún, que sea el “Alto Mando Militar”, entre otros, quienes juramenten a ese “gobierno de emergencia”.
Llegado ese momento, con un nuevo gobierno nacional y garantizado el “equilibrio necesario” ya debo admitir que el documento se torna antidemocrático porque plantea nada menos que una junta cívico-militar, que reforme por completo al gobierno y que sean esos civiles y militares quienes reestructuren además todo el sistema de justicia del país, desde el nivel más alto hasta el último de los tribunales, así como llamar a nuevas elecciones de gobernadores y alcaldes aunque no fuere ilegal, y brincarse un poco a la torera la existencia del Poder Legislativo en todo aquello. Y, aunque le parezca que esto suena mucho a Carmona y su decreto, los proponentes de este programa de transición, expuesto en un diario de circulación masiva, ejercían su derecho constitucional de expresar su opinión, por más irritante y antidemocrático que a usted o a mí nos parezca.
Lo único que queda por explicar es que ese programa de transición y emergencia nacional no era otro que el de Hugo Chávez en julio de 1992, mientras, además, exigía que todos salieran a las calles como en la Revolución francesa para obligar a la renuncia del presidente legítimamente electo. Así que en comparación, el punto 1 del documento de Leopoldo, María Corina y Ledezma llamado “agenda político institucional” que pretende “solicitar del sistema judicial” la restitución de las libertades conculcadas, o “designar a los directivos –de los poderes– apegados a la Constitución” y preparar las elecciones de forma libre y transparente, toda vez lograda la hipotética renuncia, es por mucho, menos catastrófico que la versión de Chávez de que una junta cívico-militar destituya y reforme a todo el Poder Judicial, legisle en materia electoral y encima sea esta la que convoque a elecciones.
Que el documento de transición actual pretenda que se declare una emergencia nacional para garantizar el suministro de alimentos y medicinas, corregir fallas en los servicios públicos y en la seguridad ciudadana, es mucho menos radical que la propuesta de Chávez de que el Congreso declarado en emergencia, delegue facultades a la junta cívico-militar, y que legisle de forma urgente para revocar el mandato presidencial si este no quiere renunciar. O que todos los poderes se declararan en emergencia para reformar todas las instituciones.
Porque la verdad del documento de transición de María Corina et al. es que está tan circunscrito en el derecho a la libertad de expresión, como lo estuvo el de Chávez. La gran diferencia es que el de María Corina pretende rescatar lo contenido en una Constitución creada a partir de un proceso constituyente y refrendada por el voto popular, mientras el de Chávez pretendía destruir la Constitución. Qué suerte tuvo Hugo Chávez, como Iglesias en España o Kirchner en Argentina de poder exigir la renuncia, hablar de una ruta de elecciones anticipadas o escribir esa aberración decimonónica llamada “Programa de Transición” y que no los metieran presos por magnicidas. Ellos lo pudieron hacer, porque vivían en una democracia, pero aquí quedó claro que María Corina, Leopoldo y Ledezma evidentemente no.
Thays Peñalver
María Corina y Pablo Iglesias
El Nacional. Caracas, 9 de marzo de 2015
