Manuel Malaver: ¿Quiénes y por qué mataron a Robert Serra?

Que a Robert Serra lo asesinaran en su casa y sin que sus asesinos encontraran resistencia de cerrojos, porteros, escoltas o cámaras de grabación ya explica varias cosas, la más importante de las cuales es que, víctima y victimarios eran panas, amigos, camaradas, cofrades que se encontraban con frecuencia para realizar convites, donde planificaban tareas, o discutían teoría revolucionaria, o quién sabe si participaban en ritos de algunas de las religiones etnocéntricas a que son tan aficionados los hijos del “presidente eterno”. 

Lo confirma el dato de que, según la información disponible, en el momento de quitarle la vida, la violencia se ejerció de un solo lado, el de los criminales, como si Serra hubiese sido sorprendido y objeto de una macabra emboscada.
Igualmente, es llamativo que teniendo el diputado una agenda abierta, día a día anunciada por tuiter y otras redes, sobre las horas que transcurrieron entre las siete y nueve de la noche del miércoles -las últimas que pasó en este mundo- no se dice nada, absolutamente nada.
Es cierto que se ha publicado un tuiter de las 10: 18 PM del miércoles, desde la cuenta de Serra, anunciando su participación en un “Encuentro Internacional de Arquitectura y el Buen Vivir”, pero como se ha usado para poner en evidencia al Secretario Adjunto de la AN, Gustavo Elías Brito, quien, a su vez, había anunciado a las 10:02 el asesinato del diputado, queremos pasarlo por alto.
Sobre todo porque no despejan la gran incógnita de la trama: ¿Con quién o quiénes se encontraría, y cuáles fueron las razones para que, en la ciudad más peligrosa del mundo, un diputado señalizado por sus discursos y declaraciones violentos, ligado a grupos e individualidades que controlan barrios enteros en el Oeste de la capital de donde salen a reprimir a los manifestantes antigobierno, asistiera a la reunión tan desprevenido, desarmado y sin protección, como víctima propiciatoria que se ofreciera al sacrificio?
Un vistazo a la corta pero exitosísima carrera política de Serra, -quien, con apenas 20 años, se opuso en el 2007, como alumno de la UCAB, a los grupos estudiantiles que encabezados por Stalin González y Jon Goicochea se lanzaron a adversar el cierre de RCTV-, nos habla de un joven que, no solo supo aprovechar el ascenso meteórico con que lo premió Chávez, sino que tomó y participó en “iniciativas” que pronto lo convertirían en un imprescindible en las políticas oficialistas de la “Gran Caracas”.
Esas iniciativas fueron, básicamente, conectarse, ligarse, asesorar, e incluso, participar en los “colectivos armados” que, ya desde el 2003 y 2004, tenían una presencia importante en el área metropolitana, pero que, solo cuando el gobierno, a raíz de la caída del ingreso petrolero, y de la muerte de Chávez, comenzó a perder apoyo acelerado en la calle, se revelaron como irreemplazables a la hora de contener a sangre y fuego la ira popular.
Lo llevaba en la sangre, puesto que era un violento por naturaleza y el conjunto de la escenografía política y revolucionaria nacional, así como las permiabilidades del momento, le ofrecían un lugar ideal para que aquel Jesse Pinkman consiguiera de inmediato admiradores, seguidores y hasta fanáticos.
Pero más allá de comparaciones, lo cierto es que si el clima de altísima violencia que caracteriza la vida y la muerte actual de los venezolanos tocaba. aunque fuera de rebote, el calendario político, Serra estaba ahí, y mucho más después que fue electo diputado a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 2010, y consolidó sus relaciones con los colectivos, promoviendo sus operaciones, presidiendo actos como aquel donde un grupo de niños armados fue presentado como los “guardianes rojos”, y asumiendo su representación, no solo ante el gobierno, sino ante el conjunto de la sociedad civil.
Mucho menos conocida era su actividad porque mejorara su dotación de armas, dinero en bolívares y dólares, motos, patrullas, 4 x 4, y asistencia en todos los órdenes, como se hace notar en la nota de condolencia que la llamada “Coordinadora Simón Bolívar”, hizo publicar en el portal “Aporrea” con motivo su muerte.
Y por todo ello, y mucho más, nada más lógico y natural, entonces, que el mismo día de arrancar el “Plan de Desarme Voluntario”, -anunciado por el Ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, el último domingo del mes pasado- el diputado Robert Serra fuera encargado de convencer a los colectivos del “23 de Enero” de que aceptaran la fatalidad de una muerte honrosa, pero inapelable.
Momento crítico de especial significación para “negociador y negociados”, y quizá de no pocas sorpresas, porque era difícil entender para los segundos cómo el poder, el status quo, podía quebrar al más rebelde de los ángeles protectores y convertirlo en un agente de un Maduro, un Cabello y un Rodríguez, para quienes, lo más importante, era complacer a la casta militar que exigía, como última joya de su corona, que la población civil en general, y los colectivos en particular, fuesen desarmados.
Era una difícil e ingrata tarea para un funcionario que tanto los había promovido y apoyado, pero sin la cual, era imposible que bajaran los índices de criminalidad en el Área Metropolitana, y que, además, resultase creíble aquel “Plan de Desarme Voluntario” que con tanto orgullo exhibían Maduro, Cabello, Rodríguez Torres y sus militares.
El mismo que había arrancado con un compromiso de los civiles con los militares que tanto hacían para que se mantuvieran en el poder: el gobierno debía por las vías pacíficas o violentas, desarmar los colectivos y, para lograr las primeras, el trabajo de líderes como Roberto Sera, era indispensable.
Todo obliga a pensar que Robert Serra encontró la muerte en estos avatares: conversando, discutiendo, polemizando, y quién sabe si, hasta amenazando a estos guerreros que, derivando todo su poder de la eficacia que le habían procurado las armas, eran, lógicamente, reacios a negociarlas y entregarlas.
Hablamos de miles de Aka-47, ametralladoras Uzi, pistolas de cualquier calibre, granadas, bazookas, y de todo cuanto se puede requerir, no solo para reprimir manifestantes, sino para tumbar gobiernos, o enfrentarlos.
Y definitivamente, empadronadas, lo cual puede explicar porque los asesinos de Serra prefirieron usar armas blancas para ultimarlo, instrumentos que se hacen indetectables en cualquier tipo de investigación.
Fue un crimen horrendo, de bestialidad carcelaria, ejecutado con premeditación y alevosía, que alcanzó a Serra y a una amiga que lo acompañaba, María Herrera, los cuales fueron amordazados, objetos de más 20 puñaladas cada uno, y dejados ahí, como un mensaje que se quisiese enviar a algún interlocutor en particular.
Pudo haber sido al gobierno de Maduro, Cabello, Rodríguez Torres y sus militares que, más o menos, tendrían que leerlo:
“Si quieren nuestras armas, vengan a buscarlas, aquí, al barrio: Nos van a encontrar con nuestros militantes, activistas y simpatizantes armados hasta los dientes y dispuestos a morir por la revolución”.
En otras palabras: que momentos especialmente críticos para los gobiernos chavistas y postchavistas que, se vieron forzados a crear una fuerza civil armada para amenazar y enfrentar a los militares contrarrevolucionarios, pero que ahora, cuando estos ya no existen, los militares maduristas exigen su desaparición, pero abriendo las esclusas a una crisis de consecuencias impredecibles.
Porque, es posible que los “colectivos armados” estén divididos, que algunos como “Tupamaros” hayan pactado con el gobierno y estén por el desarme, pero que “La Piedrita” y “Alexis Vive” lo rechazan, no existen dudas.
De algunos de estos grupos, o de sus facciones, pudo salir el cuchillo que masacró a Serra y a María Herrera, pero unidos o desunidos, grupos de civiles armados, fanatizados, ideologizados y al margen de la ley, siempre son peligrosos.
Especialmente para gobiernos que los usaron y después quieren tirarlos a la basura… como condones.


Manuel Malaver
¿Quiénes y por qué mataron a Robert Serra?
La Razón. Caracas, 5 de octubre de 2014

Daniell Coronell: El enlace secreto entre Uribe y ‘Catatumbo’

El gobierno Uribe les ofreció a las FARC la posibilidad de desmilitarizar un área y efectuar un cese bilateral del fuego. Hoy, por mucho menos, Uribe sostiene que el gobierno les está “entregando el país a los terroristas”

El enlace secreto entre Uribe y ‘Catatumbo’. Foto: John Caslon

Detrás del ataque constante del senador Álvaro Uribe al proceso de paz hay mucha hipocresía. El ex presidente critica los acercamientos del gobierno de Colombia y las FARC por “clandestinos” y sostiene que son inadmisibles los “diálogos con terroristas”. Lo que no cuenta es que durante cuatro años de su administración mantuvo un canal de comunicación abierto con las FARC.

Hay pruebas irrefutables del activo contacto secreto –o clandestino en el lenguaje uribista- entre el entonces presidente Álvaro Uribe y el cabecilla de las FARC, ‘Pablo Catatumbo’.

El enlace se llama Henry Acosta Patiño y es un economista que ha sido funcionario público, presidente de fundaciones y tiene acceso privilegiado a frentes de las FARC que operan en la cordillera central de Colombia.

La historia de los contactos empezó el 23 de diciembre del año 2004 cuando se reunieron Henry Acosta Patiño y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo en la casa de un senador. Convinieron que Acosta le manifestara a ‘Pablo Catatumbo’ el interés del gobierno nacional de sostener lo que llamaron un “cara a cara” con las FARC.

Álvaro Uribe se reunió varias veces con Henry Acosta Patiño, su enlace con ‘Catatumbo’. Para una de esas reuniones, el viernes 2 de junio de 2006, Acosta fue traído en un vuelo especial desde Pasto e ingresó a la Casa de Nariño donde estuvo treinta minutos con el entonces jefe de Estado y el doctor Luis Carlos Restrepo.

Quince días después, Álvaro Uribe fue a Cali y sacó hora y media de su apretada agenda para reunirse en privado con el hombre que hablaba con ‘Catatumbo’. Esa reunión tuvo lugar en una habitación del Hotel Intercontinental de Cali y estuvieron presentes Luis Carlos Restrepo y Julieta López, la esposa de Acosta Patiño.

Poco después de ese encuentro, Henry Acosta fue a ver a ‘Pablo Catatumbo’ para llevarle una “carta/borrador” del comisionado Restrepo en la que sostenía entre otras cosas que el gobierno quería “avanzar de manera discreta en el camino que conduzca a un acuerdo humanitario y eventualmente un proceso de paz”.

Mientras el entonces presidente Uribe sostenía que “nunca más habría un despeje”, su comisionado de paz escribía en el mensaje a las FARC “Creemos que las condiciones están dadas para llevar una reunión donde se aborden temas como los siguientes: condiciones para desmilitarizar una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las FARC; seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo humanitario; posición del Gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz; viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental; punto de vista del Gobierno en torno al conflicto (¿armado?) y pasos para un proceso de paz exitoso”. (Vea la carta/borrador)

Dicho de otra manera, el gobierno Uribe le ofreció a las FARC la posibilidad de desmilitarizar un área, de discutir con esa guerrilla la aplicación de la extradición si había proceso de paz, y efectuar un cese bilateral del fuego. 

Lo curioso es que hoy, por mucho menos, Uribe sostiene que el gobierno le está “entregando el país a los terroristas”.

Además de la propuesta de desmilitarización y diálogo, el gobierno Uribe uso recursos públicos para congraciarse con las FARC en sus zonas de influencia. Se hicieron inversiones para “favorecer comunidades campesinas de la Cordillera Central” por solicitud de Henry Acosta Patiño, quien como parte de su gestión le hizo saber a las FARC que la Presidencia de la República empezaría a tener “mayor presencia social en la zona”.

Un segundo documento que Henry Acosta Patiño le llevó a ‘Catatumbo’, en octubre de 2006, es una propuesta de una misión técnica exploratoria aprobada por el gobierno Uribe, para desmilitarizar 868 kilómetros cuadrados, incluyendo Pradera y Florida en el Valle del Cauca. (Vea la propuesta de desmilitarización)

Curiosamente en un informe al comisionado Restrepo, Acosta Patiño se refiere a este documento como “Reglas de juego para el despeje”.

Henry Acosta salió del juego relevado por el propio Hugo Chávez. El comisionado Restrepo en una carta a la directora del DAS María del Pilar Hurtado le dice: “con el fin de dar prioridad a la labor facilitadora que adelanta la Senadora Piedad Córdoba con el apoyo del Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el canal de comunicación que se mantenía con ‘Pablo Catatumbo’ queda suspendido”. (Vea la carta a María del Pilar)

Y ahora hablan de castrochavismo.

 

Daniell Coronell

El enlace secreto entre Uribe y ‘Catatumbo’

Revista Semana. Bogotá, 4 de septiembre de 2014

Elías Pino Iturrieta: ¿Otra constituyente?

Las constituyentes no le han hecho mayores servicios a la sociedad venezolana, si juzgamos por los resultados. No es cierto que los progresos de la vida y el establecimiento de la democracia dependan de la redacción de un manual en cuyas reglas se encierre la clave para la edificación de una república hecha y derecha. La sociedad da tumbos mientras un grupo de legisladores de buena fe, o de aprovechadores de su representación en los congresos, o de taimados manejadores de un interés partidista se encierran a escribir las reglas de la convivencia. La convivencia pocas veces se entera del trabajo de esos sabios señores que pretenden escribir el evangelio de la felicidad colectiva, no en balde ella se forja progresivamente debido a los tropiezos y a los aciertos de la gente sencilla, sin conexiones con la pedagogía o con la pedantería de los legisladores.
¿Cuántas constituyentes se han llevado a cabo, desde el comienzo de la república? ¿Cuántas se recuerdan por su efecto en la sociedad, por la capacidad que tuvieron de transformar los hábitos de los venezolanos? ¿Cuántas dejaron un proyecto duradero de república, capaz de establecer formas respetables de cohabitación que permanecen a través del tiempo y por las cuales conviene jugarse el pellejo? Apenas un par de esas congregaciones exageradamente veneradas, porque el resto bien merece el olvido por lo que tuvo de manipulación y de ejercicio estéril, a menos que le concedamos provecho a los mamotretos que se faenaron para el servicio de las autocracias o para complacer a unos tutores que guardaban en la cabeza la pretensión de hacernos mejores y más útiles como pueblo. La aplastante mayoría de las constituyentes sucedidas a partir de la creación del Estado nacional apenas han sido ejercicios de retórica o burla de las necesidades del pueblo, es decir, testimonios de lo que no se debe hacer para que la sociedad encuentre el rumbo que merece partiendo de sus anhelos fundacionales de libertad y cívica decencia. Han sido, en términos abrumadores, un trabajo sin conexión con las urgencias de la sociedad, es decir, tiempo desperdiciado al cual se vuelve como si de veras hubiera sido provechoso, u horas infructuosas que se quieren repetir para pescar en río revuelto.
Hay que ser enfático sobre el asunto, cuando vuelven a sonar los clarines de un nuevo aire constituyente que promete la apertura de un ciclo diverso para la sociedad. Apenas la reunión de representantes que tuvo la lucidez de separar a Venezuela de Colombia en 1830, de reclamar los fueros de una nación postergada por el beneficio de un gigante con pies de barro; y la extraordinaria asamblea del trienio adeco, en cuyas discusiones se formó la república democrática y popular que luchaba por su establecimiento desde la época de la Independencia, fueron capaces de llevar a la práctica un designio de colectividad que echó raíces para el bien de las mayorías. No solo por su duración temporal, sino especialmente por el vínculo que establecieron con la necesidad popular de modificar las formas de la existencia, cumplieron cometidos excepcionales.
Debido a una publicidad interesada de Chávez, quien insistió en la trascendencia de la nueva Constitución hasta convertirla en adorno habitual de los líderes que salen en televisión, tanto “revolucionarios” como opositores, se ha magnificado el papel del manual redactado por la nueva generación de padres conscriptos. De allí que el trabajo de los constituyentes se haya convertido en un librito harto popular, tan cómodo que se puede llevar en el bolsillo, tan barato y socorrido que se regala en las calles de las ciudades, sin que se pueda saber a ciencia cierta para qué sirve, ni si estamos enterados a cabalidad de sus disposiciones, ni cómo se viola con el auxilio de la impunidad. Contra ese fetiche trata de levantarse el nuevo llamado a una constituyente, un desafío que no parece sencillo, pero también contra el sentido común. ¿Cómo convocar de manera solvente una nueva convención de hacedores de constituciones, cuando la vigente no ha dejado de tener popularidad y cuando las críticas de las mayorías no se han orientado contra su contenido, sino contra los dislates del gobierno? Por supuesto que los convocantes se pueden presentar como unos gigantes capaces de hacer lo que apenas han logrado dos congresos a través de una historia larga en decepciones generales y en triquiñuelas fraguadas en las curules, pero no parece que por sus luces calcen en esa horma. De allí la obligación de enmendarles la plana.
epinoiturrieta@el-nacional.com 


Elías Pino Iturrieta
¿Otra constituyente?
El Nacional. Caracas, 5 de octubre de 2014

Marta Colomina: Venezuela: crímenes atroces y represión

El monstruoso asesinato del diputado del PSUV Robert Serra es muestra del fracaso oficial en el control de la criminalidad que se ha enseñoreado en el país, a pesar de los partes edulcorados que emite el Ministerio del Interior. La “saña extrema”, como califica El Nacional, con la que actuaron los homicidas de Serra, se inserta en la práctica salvaje del crimen en Venezuela: víctimas asesinadas por razones baladíes, torturadas, descuartizadas y sus miembros encontrados en lugares públicos. A pesar  del afán oficial por ocultar el derecho a la información de los ciudadanos y su tendencia a culpar a la oposición de crímenes con sello rojo, gracias a las pesquisas de los medios de comunicación libres, habrían sido seis hombres los participantes en el crimen de Serra y su asistente, “dos de los cuales vestían como santeros y llegaron a La Pastora en un Toyota Corolla y una moto (…) Al llegar a su casa, Serra despidió a los dos escoltas que le acompañaban, y aunque tenía dos escoltas más, ese día no trabajaron” (El Nacional 03/10/14). De fuentes extraoficiales, dada la opacidad de la información oficial, la primera en ser asesinada con seis heridas punzopenetrantes fue su asistente. Luego Serra, amordazado, maniatado y su cuerpo enrollado con tirro, fue víctima de la violencia de sus asesinos, quienes le habrían infligido, con saña ilimitada, entre 36 y 40 heridas del mismo tipo. La reja blanca de la vivienda no luce violada, lo que hace suponer que “alguien facilitó el acceso de los delincuentes, que se llevaron un fusil R15, un M16, municiones y dinero en efectivo”. (De ser cierto ¿qué hacían armas de guerra en casa de un diputado y cuántos más podrían tener en sus casas u oficinas un arsenal similar?). Mensajes en las redes sociales afirman que Serra tenía protección de sus escoltas y de los “colectivos” que operan en la zona, incluidos los del 23 de Enero. El ministro Rodríguez Torres declaró que “según las evidencias obtenidas, fue un homicidio organizado, planificado al detalle, hecho por encargo y con mucha técnica (…) que lo ejecutaron en unos 15 o 20 minutos”. El Cicpc dispondría de videos registrados por cámaras de seguridad.
Los rojos de siempre, especializados en responsabilizar a la oposición de los delitos que cometen sus grupos afines, culpan “al fascismo”, “a la derecha”, “a la burguesía golpista”, en fin, a los “otros”, del crimen cuyas señales apuntarían hacia las pugnas e intrigas al interior del oficialismo. Maduro achaca esos crímenes al sicariato y algunos ya señalan al chivo expiatorio de Uribe y los paramilitares.
Así las cosas, las crecientes muertes violentas, cada vez más atroces, seguirán ocurriendo, mientras sus autores andan libres y las autoridades, en vez de perseguirlos, culpan a Obama y al “fascismo” opositor. Septiembre fue el más violento: 425cadáveres fueron ingresados solo en la morgue de Bello Monte. El mismo día del asesinato atroz de Serra, mataron al escolta de un concejal del PSUV para robarlo; delincuentes de Ocumare emboscaron al Cicipc; mataron a 2 efectivos de seguridad en Guatire; asesinaron a un mesonero cuando salía de su casa; el periodista Daniel Lara, de RCR, fue atacado a batazos por “colectivos motorizados” a la salida de la emisora; protestaron en Petare por asesinato de transportista; en Gramovén hallaron el cadáver del taxista que fue asesinado a golpes, y en lugar cercano hallaron restos del comerciante portugués secuestrado y asesinado. Son tantas las muertes violentas, que quedan ilustradas en reciente mancheta de El Nacional: “Un sacerdote, un ingeniero y una comisaria del Cicpc víctimas del hampa rojita”. Los “colectivos” son los reyes de la violencia, hasta en los hospitales, como denunciaron en el JM de los Ríos. Prohibido investigar la denuncia hecha hace algún tiempo en El Nacional por la atribulada madre del asesinado escolta de Serra: “El que mató a mi hijo está en la AN”.
Está también otra violencia que tampoco el gobierno quiere que se sepa: la del Sebin, que, como policía política del régimen, ha devenido en tribunal que juzga sumariamente, torturando e incomunicando a los jóvenes solo porque protestan pacíficamente, y a los presos políticos Leopoldo López, Scarano, Ceballos y a muchos otros. Lejos de ponerle coto a tanto crimen impune, el gobierno crea una “fuerza de choque militar” para “combatir planes de desestabilización que perturben el país”. Es decir, para reprimir a quienes protesten porque no consiguen alimentos o simple acetaminofén para la epidemia extendida por negligencia oficial.
A la violencia del hambre por la escasez creciente, Maduro responde con otra forma de violencia obscena: el despilfarro de jeque en su viaje a la ONU, con comitiva de 175 personas (hijos, nietos, parientes, militares y otros) y gasto superior a 2,5 millones de dólares, sin contar el nuevo y lujoso avión presidencial disfrazado de flota de Conviasa, que prueba los gustos capitalistas del “presidente obrero”.


Marta Colomina
Venezuela: crímenes atroces y represión
El Nacional. Caracas, 5 de octubre de 2014