Tulio Ramírez: Pura pajita

N o voy a discutir con nadie la tesis de que este gobierno es pura pajita. Si hacemos un recuento somero tenemos que, desde la original propuesta de los gallineros verticales y la moneda local, la promesa (¡por este puñado de cruces!) de construir al término de la distancia fábricas de helicópteros, satélites, tractores, pañales, bicicletas, trompos, yakis y automóviles, el anuncio de la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, hasta la oferta de los modernos hospitales como parte de la saga del hoy esmirriado Barrio Adentro, no nos quedaría más que asegurar que este gobierno es puro gamelote. Si no se convence, hagamos un ejercicio con papel y lápiz. Escribamos en dos columnas, las promesas hechas y las obras concluidas, al final la asimetría va a ser tan grande que tendríamos que engrapar otra hoja para continuar enumerando los incumplimientos.

Pero, aunque usted no lo crea, hay algo en lo que han sido muy buenos: en cambiar los nombres de las cosas. Claro, al no poder transformar la realidad con hechos, porque esta se comporta como un cuero seco, se han dedicado a transformarla a nivel semántico que es menos difícil y amerita menos capacidades. Y no me refiero a las promesas incumplidas ya que, si bien estas son verbalizaciones que auguraron cambios a futuro que nunca se dieron, tal embarque obedeció más a razones de incapacidad e ineptitud y no a malabarismos lingüísticos para hacer creer que se crean nuevas realidades.

Este último recurso si bien entra en la categoría de "Pajita", es de un tenor diferente al primero.

Desde sus comienzos la "Revolución Bonita" llevó adelante esa práctica. Lo primero fue pretender que el país iba a ser más bolivariano porque se le cambió el nombre, por supuesto esa fue la primera gran torta.

Después echaron mano de la palabra "Dignificados" para referirse a los damnificados por la tragedia de Vargas, eso no solucionó nada, pero dio esperanzas que hoy todavía no se concretan. Luego vino la expresión "Escuálidos" para referirse a los opositores y lo peor es que este sector la aceptó como suya.

Se usó "Niños de la Patria" para referirse a los chamos de la calle, lo que enterneció a más de un comeflor. A la injerencia militar en asuntos civiles y su partidización la llamaron "Unión Cívico-Militar", sin pensar que al final los términos se invertirían y hoy tenemos la verde consecuencia. Ni hablar del fulano "Diálogo de Saberes" para minimizar la autoridad de la ciencia y aupar la mediocridad. Al calco del régimen cubano lo llamaron "Socialismo del Siglo XXI" y todavía queda algún ingenuo por allí jurando que este proceso es inédito. Ahora llaman "Guerra Económica" a la incapacidad del gobierno en esta materia, y hay algunos caídos de la mata que creen que la están ganando. Por si fuera poco a los repugnantes sapos de siempre los bautizaron como "Patriotas Cooperantes", y no falta quien pregunte dónde se inscribe para contribuir con "el proceso". Pura pajita, es cierto, pero siempre habrá alguien que la coma. 

Tulio Ramírez
Pura pajita
Tal Cual. Caracas, 8 de septiembre de 2014

Rafael Poleo: El espantoso doctor Santos

 

Rafael Poleo

El espantoso doctor Santos

El Nuevo País. Caracas, 7 de septiembre de 2014 (Blog Pedro Mogna)

Asdrúbal Aguiar: Santos y Holguín, una decepción

Con cierto dejo de cinismo, conscientes de llevar a cabo un atropello a las reglas más elementales del Estado de Derecho, en una democracia garantista de la dignidad humana, las autoridades de Colombia afirman que la entrega expedita a los Servicios de Inteligencia venezolanos de un estudiante acusado de “expresarse” y “opinar” libremente en contra del régimen de Nicolás Maduro, la hicieron de acuerdo con la ley y respetando los derechos humanos. Nada más. Pero nada más falaz.

Resulta irrelevante – tampoco nadie lo informa – indagar sobre los hechos y circunstancias particulares que dieran lugar a la expulsión de Lorent Gómez Saleh, ni que hacía o acaso que relaciones tejía en territorio neogranadino. Basta saber, y eso sí lo declaran las autoridades vecinas, que lo despacharon en aplicación de un decreto ejecutivo, genérico en su texto, que le permite a las autoridades de migración impedir el ingreso o disponer la expulsión de todo extranjero que pueda poner en peligro el orden público y la seguridad nacional. Cabe presumir que el mismo fue redactado así en el marco de la lucha agonal contra el narcotráfico.

Pero a todas estas y es lo que importa señalar, Colombia es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su Constitución vigente le otorga primacía a las normas de los tratados internacionales relativos a tales derechos y sus libertades por sobre su ordenamiento jurídico interno.

Por lo visto, Juan Manuel Santos y su Canciller, María Ángela Holguín, olvidaron que la citada Convención, en su artículo 22, dispone que sólo a través de disposiciones de rango legal se puede limitar o restringir el derecho a la libre circulación. Y el extranjero, quien se halle legalmente en el territorio de un Estado parte de la Convención, “sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”. En pocas palabras, a nadie se le pueden afectar sus derechos sino a través de normas de carácter legislativo, democráticamente justificadas, y con base a procedimientos que garanticen los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Así de simple.

Pero si acaso Colombia, conforme a la ley y con fundamento en decisiones legítimas – donde el orden y la seguridad nacional se entiendan como el orden de los derechos humanos – tuviese motivos para extrañar a un extranjero de su territorio, “en ningún caso”, según la Convención, puede devolverlo a su país de origen, menos entregarlo a sus autoridades – como ocurriera con Saleh – si existe el riesgo de que pueda ver afectados su derecho a la vida o a la libertad personal a causa de “sus opiniones políticas”.

No es secreto para Santos ni Holguín que Nicolás Maduro separó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les consta que desde febrero pasado, de manera sistemática y generalizada su gobierno ha violado los derechos a la vida, integridad y libertad personal de jóvenes estudiantes. Suman centenares, en conjunto, las víctimas de dichas violaciones. Lo que es más grave, saben el presidente y la ministra de relaciones exteriores de Colombia, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado repetidamente que en Venezuela se usan la Justicia y los jueces penales para la persecución de la disidencia política y democrática.

Quiéranlo o no, les importe o no, la decisión administrativa mediante la cual a Gómez Saleh y otros estudiantes venezolanos se les entregó a manos de las autoridades de inteligencia al servicio de Maduro, cristaliza una violación de la Convención Americana que compromete la responsabilidad internacional de Colombia por hecho internacionalmente ilícito. Cabrá valorar, luego y sobre los efectos, cuál es el alcance de las responsabilidades al respecto.

Es imposible digerir o racionalizar la iniciativa colombiana, que no sea observando que en cabeza de los vecinos gobernantes, demócratas e hijos de un país con acerada tradición en cuanto a la independencia de su judicatura, prendió el virus que destruye de raíz a toda democracia, a saber, justificar en la legitimidad de los fines la ilegitimidad o arbitrariedad de los medios dispuestos para alcanzarlos.

La opinión pública de Colombia en buena hora ha reaccionado y con fluidez se ha expresado sobre la cuestión, al punto que la misma Canciller hubo de ofrecer sus explicaciones. Pero lo que nunca podrá explicar es lo elemental, haber entregado a los verdugos un estudiante opositor y demócrata de cuyo destino nada se sabe, pues saben Holguín y su presidente que bajo el régimen de Maduro rige a cabalidad la ley de la mordaza.

Asdrúbal Aguiar
Santos y Holguín, una decepción
Diario Las Américas. Miami, 8 de septiembre de 2014