El monstruoso asesinato del diputado del PSUV Robert Serra es muestra del fracaso oficial en el control de la criminalidad que se ha enseñoreado en el país, a pesar de los partes edulcorados que emite el Ministerio del Interior. La “saña extrema”, como califica El Nacional, con la que actuaron los homicidas de Serra, se inserta en la práctica salvaje del crimen en Venezuela: víctimas asesinadas por razones baladíes, torturadas, descuartizadas y sus miembros encontrados en lugares públicos. A pesar del afán oficial por ocultar el derecho a la información de los ciudadanos y su tendencia a culpar a la oposición de crímenes con sello rojo, gracias a las pesquisas de los medios de comunicación libres, habrían sido seis hombres los participantes en el crimen de Serra y su asistente, “dos de los cuales vestían como santeros y llegaron a La Pastora en un Toyota Corolla y una moto (…) Al llegar a su casa, Serra despidió a los dos escoltas que le acompañaban, y aunque tenía dos escoltas más, ese día no trabajaron” (El Nacional 03/10/14). De fuentes extraoficiales, dada la opacidad de la información oficial, la primera en ser asesinada con seis heridas punzopenetrantes fue su asistente. Luego Serra, amordazado, maniatado y su cuerpo enrollado con tirro, fue víctima de la violencia de sus asesinos, quienes le habrían infligido, con saña ilimitada, entre 36 y 40 heridas del mismo tipo. La reja blanca de la vivienda no luce violada, lo que hace suponer que “alguien facilitó el acceso de los delincuentes, que se llevaron un fusil R15, un M16, municiones y dinero en efectivo”. (De ser cierto ¿qué hacían armas de guerra en casa de un diputado y cuántos más podrían tener en sus casas u oficinas un arsenal similar?). Mensajes en las redes sociales afirman que Serra tenía protección de sus escoltas y de los “colectivos” que operan en la zona, incluidos los del 23 de Enero. El ministro Rodríguez Torres declaró que “según las evidencias obtenidas, fue un homicidio organizado, planificado al detalle, hecho por encargo y con mucha técnica (…) que lo ejecutaron en unos 15 o 20 minutos”. El Cicpc dispondría de videos registrados por cámaras de seguridad.
Los rojos de siempre, especializados en responsabilizar a la oposición de los delitos que cometen sus grupos afines, culpan “al fascismo”, “a la derecha”, “a la burguesía golpista”, en fin, a los “otros”, del crimen cuyas señales apuntarían hacia las pugnas e intrigas al interior del oficialismo. Maduro achaca esos crímenes al sicariato y algunos ya señalan al chivo expiatorio de Uribe y los paramilitares.
Así las cosas, las crecientes muertes violentas, cada vez más atroces, seguirán ocurriendo, mientras sus autores andan libres y las autoridades, en vez de perseguirlos, culpan a Obama y al “fascismo” opositor. Septiembre fue el más violento: 425cadáveres fueron ingresados solo en la morgue de Bello Monte. El mismo día del asesinato atroz de Serra, mataron al escolta de un concejal del PSUV para robarlo; delincuentes de Ocumare emboscaron al Cicipc; mataron a 2 efectivos de seguridad en Guatire; asesinaron a un mesonero cuando salía de su casa; el periodista Daniel Lara, de RCR, fue atacado a batazos por “colectivos motorizados” a la salida de la emisora; protestaron en Petare por asesinato de transportista; en Gramovén hallaron el cadáver del taxista que fue asesinado a golpes, y en lugar cercano hallaron restos del comerciante portugués secuestrado y asesinado. Son tantas las muertes violentas, que quedan ilustradas en reciente mancheta de El Nacional: “Un sacerdote, un ingeniero y una comisaria del Cicpc víctimas del hampa rojita”. Los “colectivos” son los reyes de la violencia, hasta en los hospitales, como denunciaron en el JM de los Ríos. Prohibido investigar la denuncia hecha hace algún tiempo en El Nacional por la atribulada madre del asesinado escolta de Serra: “El que mató a mi hijo está en la AN”.
Está también otra violencia que tampoco el gobierno quiere que se sepa: la del Sebin, que, como policía política del régimen, ha devenido en tribunal que juzga sumariamente, torturando e incomunicando a los jóvenes solo porque protestan pacíficamente, y a los presos políticos Leopoldo López, Scarano, Ceballos y a muchos otros. Lejos de ponerle coto a tanto crimen impune, el gobierno crea una “fuerza de choque militar” para “combatir planes de desestabilización que perturben el país”. Es decir, para reprimir a quienes protesten porque no consiguen alimentos o simple acetaminofén para la epidemia extendida por negligencia oficial.
A la violencia del hambre por la escasez creciente, Maduro responde con otra forma de violencia obscena: el despilfarro de jeque en su viaje a la ONU, con comitiva de 175 personas (hijos, nietos, parientes, militares y otros) y gasto superior a 2,5 millones de dólares, sin contar el nuevo y lujoso avión presidencial disfrazado de flota de Conviasa, que prueba los gustos capitalistas del “presidente obrero”.
Marta Colomina
Venezuela: crímenes atroces y represión
El Nacional. Caracas, 5 de octubre de 2014
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