El gobierno y el partido de gobierno PSUV, funcionan con las normas de la Cosa Nostra -mafia siciliana- y el pacto de silencio llamado Omertá.
“No importa lo que eres, sino lo que la gente cree que eres”. Con esta frase educó Joseph P. Kennedy a sus hijos para quienes tuvo elevadas aspiraciones políticas que se cumplieron con su hijo John, presidente de los Estados Unidos, Robert, Procurador General y Edward, senador. Era un inmoral o amoral en todos los aspectos, incluidas sus relaciones con la mafia italiana que se supone contribuyeron al ascenso de John F. Kennedy a la Casa Blanca. A pesar de que el tema era vox populi, nunca se supo que los capos de la mafia fueran invitados a la residencia presidencial o que volaran en aviones oficiales. Los Kennedy hicieron todo lo que estaba a su alcance para que la gente creyera que eran diferentes: honestos y rectos como se espera que sean quienes dirigen los destinos de un país, en este caso una gran potencia. Por decirlo de otra manera: se esforzaron por ocultar sus trapacerías de la vista del público. Sin embargo, en ese mismo país, un presidente fue destituido por el hecho aparentemente inocuo de mentir.
El narcotráfico y su vinculación con la política ha sido tema recurrente en la política colombiana. Casi todos los presidentes de ese país, en los últimos treinta o cuarenta años, han sido acusados de haber recibido dineros de los capos de la droga para sus campañas electorales. Todos y cada uno de los señalados se han defendido en su momento negando la especie. Pero en algunos casos la justicia funcionó y un ministro del presidente Ernesto Samper, Fernando Botero Zea, fue condenado a prisión por comprobarse que se vinculó con patrones de la droga con propósitos de financiamiento político.
En Inglaterra un ministro de Guerra, John Profumo, debió renunciar cuando se hizo pública su relación con una corista, supuesta espía soviética. En Italia, el hombre más poderoso del país, multibillonario, dueño de casi todos los medios de comunicación, Silvio Berlusconi, fue condenado a siete años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción de menores y fomentar la prostitución. Unas semanas más tarde la Corte Suprema de Casación lo condenó a cuatro años de prisión por fraude fiscal. Solo cumple uno de servicio social en un ancianato. En España, que aparece ante el mundo como campeona en actos de corrupción, varios alcaldes han sido destituidos y encarcelados por su comprobado enriquecimiento ilícito.
En América Latina, sin excepciones, la justicia no solo cojea sino que suele tener ambas piernas amputadas. Y es tan ciega que no puede ver lo que resulta obvio, verbigracia el obsceno enriquecimiento del matrimonio Kirchner en Argentina o el del ex presidente Arnoldo Alemán, de Nicaragua, calificado por Transparencia Internacional como uno de los diez gobernantes más corruptos a nivel mundial en los últimos 20 años. Fue condenado a prisión, sobreseído y luego asociado con el bastante corrupto ex guerrillero Daniel Ortega, para que éste sea presidente ad eternum de ese país centroamericano. En Venezuela, un presidente electo con más del 50% de los votos, fue defenestrado por la Corte Suprema de Justicia en 1993, por una nunca comprobada ayuda de dieciséis mil dólares a la campaña electoral de Violeta Chamorro en Nicaragua. En este caso la Justicia abrió los ojos solo para plegarse a la conspiración que más tarde llevaría al militar golpista Hugo Chávez al poder.
¿Cómo se entera la gente común de que sus dirigentes políticos utilizan sus posiciones para abusar del poder y enriquecerse? Por lo general es la oposición a esos dirigentes la que denuncia, los medios de comunicación informan, la fiscalía investiga y acusa y los tribunales actúan. En la mayoría de los casos nadie va a la cárcel, salvo que haya el deliberado propósito de anularlo políticamente. Lo único que puede salvarse como importante en ese juego de complicidades, es que el corrupto queda señalado como tal ante la opinión pública. Así sucedió en Venezuela durante los 40 años anteriores a la catástrofe chavista. Pero no eran siempre los opositores políticos quienes ventilaban ante el público la corrupción de funcionarios públicos, sino que sus propios compañeros de partido utilizaban filtraciones a la prensa para sacar del camino a sus rivales. Entre las muchas razones del naufragio de los dos grandes partidos que coparon la escena política venezolana en esas cuatro décadas, estuvieron las luchas internas y las denuncias que salían del seno de esos partidos contra sus compañeros de ruta.
Si algo cambió la llamada revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI o chavismo, fue esa práctica. El gobierno y el partido de gobierno PSUV, funcionan con las normas de la Cosa Nostra -mafia siciliana- y el pacto de silencio llamado Omertá. De conformidad con esa Omertá a la venezolana, se prohíbe informar sobre los delitos cometidos por los compañeros de partido o de mafia, que viene a ser lo mismo. No existen las filtraciones de los tiempos pasados porque el propósito de todos los asociados en esa Camorra gubernamental es mantenerse en el poder. Para ello deben manejar con el mayor secretismo sus odios internos. Por otra parte, la mafia madurochavistafidelista controla el 90% o más de los medios de comunicación del país. Es así como la mayoría de la población, la que no tiene acceso a las redes sociales o a la televisión por cable para ver canales extranjeros, ni se entera de los delitos mafiosos del régimen que en otros tiempos hubiesen provocado escándalos de dimensiones incalculables. Por ejemplo, un supuesto dirigente sindical apodado “Gordo Bayón” y llamado realmente Yorman Pedro Márquez, fue uno de los 10 detenidos en febrero de 2009 por el asesinato de tres sindicalistas en el Estado Bolívar. El delito imputado fue homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. Cinco meses después el sujeto estaba en libertad pero con prohibición de salida del Estado Bolívar. Al día siguiente de esa decisión judicial, el “Gordo Bayón” fue una de las 15 personas que viajaron a Caracas en unas avionetas contratadas por la Gobernación del Estado Bolívar, para una reunión con el entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua. El 26 de noviembre de 2013 el mencionado “Gordo”, que era por cierto bastante flaco, fue apresado por funcionarios de la policía científica por otro homicidio y le decomisaron un arma de fuego. Dos semanas despuésrecibió una nueva medida cautelar de libertad. El 19 de mayo de 2014 estuvo reunido con sindicalistas en el palacio de Miraflores, sede de la presidencia de la República y regresó para una nueva reunión el 2 de junio. Su viaje a Caracas se realizó en una avioneta contratada por la Gobernación del Estado Bolívar. Al salir de esa reunión tomó una moto taxi para dirigirse a su hotel y fue acribillado a balazos por un ex compinche que de inmediato se adjudicó el homicidio.
La Omertá ha funcionado al 100%, absoluto silencio oficialista sobre un escándalo que en cualquier otro país habría provocado la destitución de jueces complacientes y cuando menos del gobernador asociado con un criminal de esa calaña. En cualquier país donde el gobierno, el partido oficialista, sus parlamentarios, los jueces y fiscales no constituyeran una mafia, el gobierno habría tenido que explicar a la nación porqué un asesino convicto y confeso, no solo estaba libre sino que era huésped de la presidencia de la República. En Venezuela no hace falta explicar nada, al fin y al cabo solo una minoría se entera y escandaliza por hechos como el narrado. La mayoría solo conoce el país de mentiras que pintan los medios oficialistas, los de la Cosa Nostra revolucionaria, bolivariana, socialista, chavista, fidelista y madurista.
Omertá
Paulina Gamus
El País. Madrid, 9 de junio de 2014
Los mejores artículos de opinión sobre Venezuela
