Hace mucho tiempo, cuando cursaba Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, estudiábamos las normas latinoamericanas de Derecho Internacional. En ese momento el asilo era sobre todo una costumbre, una generosa tradición que caracterizaba nuestro continente. Hemos tenido, en el curso de nuestra historia, pésimos gobiernos y todos sabemos que quienes en un momento dado detentan el poder pueden ser perseguidos políticos pocos años después. Entre Venezuela y Colombia esa tradición del asilo ha tenido una enorme importancia. Nuestras fronteras, bastante porosas, han visto pasar innumerables refugiados perseguidos por las dictaduras de turno.
Todos hemos oído la historia de algún abuelo perseguido por la dictadura gomecista que huía, con toda la familia, por los “caminos verdes” hacia Colombia. Allí, sin visto bueno de autoridades migratorias, se dedicaban activamente a la política. El ejemplo más obvio es el Plan de Barranquilla redactado por exiliados venezolanos desde esa ciudad colombiana en 1931 y que es todo un plan de acción política, incluyendo el derrocamiento de la dictadura. García Márquez narra en sus memorias la importancia que tuvieron esos exiliados en su formación. Incluso hasta se financiaban guerrillas, como las de Arévalo Cedeño, jefe militar de Maisanta, el presunto abuelo de Chávez. Posteriormente, durante la dictadura de Pérez Jimenez, México, Costa Rica y algunos países europeos recibieron también un número grande de exiliados venezolanos. Raul Leoni, que luego sería Presidente, vivió en Bolivia. Otro grupo numeroso en Chile, país que adoptó en épocas anteriores a Andrés Bello como si fuera un chileno más. Todos esos venezolanos que nunca dejaron de hacer política querían y admiraban a los países que los recibieron como si fueran su tierra de adopción.
Al caer Pérez Jiménez, durante los 40 años de gobiernos democráticos, Venezuela se convierte en tierra de asilo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos ya había sido redactada en 1969 y puesta en vigor en 1978 y lo que había sido tradición se convierte en obligación. En una América Latina agobiada por terribles dictaduras militares los gobiernos venezolanos asumen con fuerza la defensa y el asilo de los perseguidos políticos.
En la universidad donde yo trabajaba se recibieron centenares de profesores provenientes del cono sur. Fueron un extraordinario aporte para el desarrollo de la ciencia en el país. Al caer las dictaduras, algunos se quedaron en Venezuela, pero la mayor parte regresó a sus respectivos países. Muchos de ellos siguen conservando nexos especiales con nosotros a través de sus hijos o nietos venezolanos. En el caso de Chile, Diego Arria, en esa época Gobernador de Caracas, viajó especialmente a Santiago para sacar a Letelier de las cárceles de Pinochet. En Uruguay, el gobierno militar secuestra y desaparece a una maestra que estaba solicitando asilo en nuestra embajada. Ese hecho tuvo como consecuencia la ruptura de relaciones entre los dos países. En Centroamérica, Venezuela jugó un importante papel en la búsqueda de la democracia durante el proceso de Contadora, pero también antes, cada vez que un Canciller de Venezuela visitaba la región, se reunía con los líderes opositores, aún en la Nicaragua de Somoza. José Napoleón Duarte interrumpe su exilio en tierras venezolanas para irse de campaña a su país y ganar la Presidencia en El Salvador.
Quizás por este activismo a favor de la democracia en el continente y la preocupación constante por la suerte de los opositores en cada uno de estos países los demócratas venezolanos esperaban mayor solidaridad continental. Algunos antiguos perseguidos están hoy en función de gobierno en toda América Latina y mucha gente en Venezuela se ha sorprendido y desilusionado por la indiferencia que han mostrado ante las muy variadas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el actual gobierno. Ni siquiera se ha discutido la posibilidad de aplicar la Carta Democrática de la OEA a pesar de que existirían numerosas razones para hacerlo.La indiferencia del continente se ha tornado en complicidad o sometimiento porque Chávez nunca dudó en amenazar con “sanciones petroleras” a aquellos que se atreviesen a prestar auxilio humanitario o a conversar con líderes de la oposición. Como consecuencia, El Salvador sacó de su embajada a varias personas que solicitaban asilo diplomático en 2002. República Dominicana le pidió a Carlos Andrés Pérez que saliera de la isla ante las amenazas de Chávez de dejarlos sin petróleo. El Gobierno de Brasil ve con entusiasmo los negocios que hacen sus compañías dentro de la mayor corrupción. La Argentina de los Kirchner ha establecido una fructífera alianza entre negocios turbios, arroz, maletines y petródolares. Antiguos exiliados chilenos manifiestan en privado su vergüenza por no hacer nada, pero oficialmente mantienen un gélido silencio. El Caribe en bloque se ha convertido en apoyo seguro para el chavismo para no perder las prebendas que les llegan gracias al programa de hidrocarburos baratos PetroCaribe.
El caso más doloroso es sin duda el de Colombia. Durante el gobierno del presidente Uribe se denunció valientemente la complicidad chavista con la guerrilla y el narcotráfico. Como resultado, Chávez ordenó varias veces el cierre de la frontera ocasionando graves daños para el comercio regional y llegó incluso un día a decretar por televisión una movilización militar en contra del vecino país.
Cuando inicia la presidencia de Santos era lógico que quisiese mejorar las relaciones entre los dos gobiernos y normalizar el tráfico en la frontera cuyo cierre perjudicaba a los comerciantes colombianos. Cuando calificó a Chávez como “su nuevo mejor amigo” sonó como una pintoresca hipocresía. Pero la reciente entrega al Sebin, la policía política de Maduro, de tres estudiantes perseguidos por el régimen es insólita. El coqueteo de Santos con los Castro y su deseo de lograr, como sea, cierta paz con las FARC, no justifica una canallada, una cobardía, que acaba con la ininterrumpida tradición de asilo que existía entre dos países hermanos.
Maruja Tarre
Entregar al perseguido
El País. Madrid, 12 de septiembre de 2014
