Marta Colomina: Maduro: terrorismo judicial a lo nazi

“Las protestas destaparon la cara dictatorial del gobierno”, abría página El Nacional el 1º de marzo de este año, a propósito de las 18 muertes, 1.044 detenciones y 888 medidas cautelares durante los 17 días con manifestaciones estudiantiles pacíficas en todo el país. En febrero, el mismo diario titulaba “Detención de López agrava  imagen negativa del gobierno”, afirmación refrendada por la ola represiva sobre la que Provea diría que “Maduro ha reprimido 485% más que Chávez”, y reseñar la criminal alianza entre paramilitares (“colectivos”) y cuerpos de seguridad, durante las protestas estudiantiles.
El Foro Penal daba fe de 18 casos de tortura: “Los bañaron con gasolina y les dijeron que iban a quemarlos” y  de “acoso y abusos sexuales cometidos por militares y policías contra jóvenes detenidos”. Según el  Observatorio de Conflictividad Social e IPYS, los “colectivos, que actúan con el aval del gobierno, la tolerancia de los poderes  públicos y coordinados con la fuerza del Estado, atacaron 416 protestas (…) Sus paramilitares también golpean y despojan a los periodistas de cámaras y grabadoras”. Hasta  agosto, 2.072 personas estaban bajo régimen de presentación y en octubre gremios y ONG presentaban 110 expedientes de torturas, tratos crueles y censura, ante la CIDH de la OEA. A fines de noviembre quedaban 78 presos por las protestas  de febrero y no han procesado ni a uno solo de sus torturadores. Familiares de Raúl E. Baduel y Alexander Tirado, en la cárcel de Uribana, denunciaron que los jóvenes están siendo torturados y golpeados brutalmente.
La fiscal repite que “denuncias sobre alta impunidad buscan desestabilizar”, pero lo cierto es que la impunidad se convirtió en una política de Estado y que el TSJ, y sobre todo su Sala Constitucional, son el brazo ejecutor de las políticas oficiales y del terrorismo judicial contra la disidencia. “La justicia penal venezolana es vista como la peor del mundo”, según World Justice Proyect, que la ubica en el puesto 97 de 97 países estudiados. El caso de la jueza Afiuni, perseguida y violada en prisión, ha  horrorizado a juristas y  ONG mundiales. El régimen de Maduro reconoció frente al Comité contra la Tortura de la ONU que “96,9% de las violaciones de derechos humanos no fueron llevadas a juicio.
Entre 2011 y 2014 la Fiscalía recibió 31.096 denuncias, pero solo 3,10% de ellas concluyó en acusaciones (EN 29-11-2014). En el impactante libro El TSJ al servicio de la revolución se analizan 45.474 fallos desde 2004 a 2013, y sus autores demuestran que en esos 9 años el TSJ no ha dictado ni una sola sentencia contra el gobierno (EN 01-12-2014), como hacían “los juristas del horror” descritos por Ingo Muller, documento estremecedor sobre el terrorismo judicial en la Alemania nazi.
La jueza que lleva el caso contra Leopoldo López sigue el brutal estilo “judicial” descrito por Muller, al ordenar enjuiciarlo sin pruebas a su favor y poner a funcionarios adeptos al régimen a declarar contra López y ser acusado de delitos monstruosos nunca cometidos por él (terrorismo, lesiones graves, homicidio intencional calificado, incendio de edificio público, etc.). Por eso la ONU, la OEA, numerosos expresidentes y dirigentes políticos mundiales han solicitado reiteradamente su liberación, conscientes de su inocencia y de que el  régimen persigue a los opositores con el abuso del poder legal que controla, como ha hecho con María Corina Machado (MCM), despojada de su curul de diputada y acosada constantemente, y con los alcaldes Scarano y Ceballos, destituidos, encarcelados, torturados y hasta impedidos de ver a sus familias.
En junio MCM declaró en la Fiscalía 17 horas sobre el delirante plan “magnicida”. Boleta similar recibieron los disidentes H. Salas Romer, Diego Arria, Gustavo Tarre, Pedro Burelli y Robert Alonso, acusados de haber cruzado correos electrónicos sobre el “plan magnicida”. Google negó la  autenticidad de tales correos y certificó que nunca habían sido transmitidos a través de su red. La historia vuelve a repetirse con MCM (a quien el régimen teme como un vampiro a un crucifijo): ahora ha sido imputada por “conspiración”. El rechazo no se hizo esperar: HRW considera que “el gobierno venezolano ya ha rebasado todos los límites en el caso de MCM”; Estados Unidos y el Parlamento canadiense rechazaron la intimidación y el uso del poder del gobierno de Maduro para castigar a opositores y la Unión de Partidos Latinoamericanos acusa que la imputación de MCM pretende encubrir la crisis y amedrentar a líderes de la oposición.
Dada la prisa que el gobierno se está dando en escoger (a dedo oficialista y fraudulento) los nuevos magistrados (TSJ), rectores (CNE), y que extraoficialmente circulan los nombres de Luisa Ortega (de nuevo como fiscal), Pedro Carreño (¡contralor!) y Tarek William Saab (defensor), y puesto que Maduro sigue “cuesta abajo en la rodada”, el régimen estaría planificando encarcelar a María Corina y liberar a Leopoldo, convencido de que la oposición iría dividida a las parlamentarias. Dividir para reinar, es orden que llega de Cuba. Maduro no va a conseguirlo. Esta historia continuará.





Marta Colomina
Maduro: terrorismo judicial a lo nazi
Diario Las Américas. Miami, 7 de diciembre de 2014

Color de Hormiga: Nepotismo Rojo

Lo primero que hizo al llegar a su nuevo despacho (una nueva oficina en lo que fue la Torre de la Prensa de la Cadena Capriles comprada por el gobierno con sus tres diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder) la flamante ministra de Información de Nicolás Maduro, la ingeniera hidráulica Jacqueline Farías, fue remodelar completamente lo que allí encontró.
A la par se encontró con su esposo, Rolando Jesús Corao Marcano, como viceministro de comunicación en un gobierno en el que reina el nepotismo rojo rojito le sirvió de contratista para ejecutar la transformación de una “oficina muy burda a una oficina digna de una ministra de confianza”.
Poco les importan las apariencias y mucho menos la Ley de Contraloría, de la que se burlan en 15 años de hegemonía comunicacional. Recordemos que Corao era el muy querido compañero de tragos del actual alcalde del municipio Libertador, Jorgito Rodríguez, cuando éste choco en su Audi contra otro vehículo en Altamira, Caracas en agosto del 2006. Se cobran y se dan el vuelto…
Hijos de mamá y papá
Eugenia Sader, la exministra de Salud del gobierno de Chávez  y médico-asimilada-militar que fuera imputada por peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario tras comprobarse varios delitos durante su gestión ministerial, tiene un hijo, Eugen Enrique Bejarano Sader, que aparece en el expediente como secretario de la Comisión de Licitaciones de la Fundación de Edificaciones y Edificios Hospitalarios encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias.
Este joven, artífice de los desaguisados que por varios millones de dólares debieron recompensarlo en medio del abuso y la corrupción del rojo régimen que azota a Venezuela, se mudó para los Estados Unidos donde tramita su visa por medio de una “adopción” de una familia amiga en Florida. Piensa así escapar a la investigación que hacen a él y a su madre por los negocios en materia de salud, uno de los renglones más críticos para los venezolanos.
Lo mismo estaría haciendo, con una visa de “inversionista” el hijo del exministro de finanzas y hoy presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. El vástago hecho millonario por los múltiples negocios que bajo la sombra y aquiescencia de su papá realizara con divisas, contratos, bonos e intermediaciones, será un “asesor de empresas e inversionistas” en el suelo yanqui del que tanto reniegan día tras día los rojos bandidos que mandan en el gobierno de Maduro. No hay día, además, que Maduro no acuse al gobierno de Obama y a los republicanos de todos los males de su pésima gestión. Los testaferros rojitos que van desde quien preside Citgo hasta funcionarios de medio pelo en los consulados siguen tranquilos. ¿Investigarán algo tanto el Deparment of State como el Internal Revenue Services?
El pitazo
“Caballo blanco” (ilesos) salieron los enchufados y sus amigotes del operativo de las aeronaves privadas que se encontraban en los aeropuertos del país, ya que desde la noche anterior comenzó la llamadera que hasta se colapsaron algunas líneas, para que rapidito los “bolichicos” y su combo sacaran las que corrían peligro. Dicen algunos que se encontraban en las torres de control que hasta colas hubo para aterrizar en islas cercanas.
Uribana
El poder judicial rojo es un verdadero desastre, pero esta vez hubo 41 internos muertos por intoxicación y nadie asume su responsabilidad. La “ministra Fosforito”, quien por cierto tenía aspiraciones para ser fiscal general pero después de esta locura sabrá que no va pal baile, sencillamente se lava las manos y hasta la vieron pidiendo perdón, pero sigue enchufadita. No renuncia y culpa al director de la cárcel de Uribana Julio César Pérez que está detenido en Lara por orden del MP. ¿Será otro cangrejo?
El Mazo 
El Mazo dando cada vez está peor. Ya hasta confunde los nombres de los presidentes de los partidos. Quiere hacer una  muy mala copia de la asquerosa Hojilla, pero no le veo futuro en TV Capitán.

Color de Hormiga
Nepotismo Rojo
Diario Las Américas. Miami, 6 de diciembre de 2014

Editorial de El País: Acoso chavista

La gravísima acusación contra la opositora venezolana María Corina Machado —conspirar para asesinar al presidente del país, Nicolás Maduro— no debería ser interpretada como uno más de los excesos dialécticos al que recurre con frecuencia el régimen venezolano en contra los líderes políticos que le hacen frente.
El hecho de que sea la fiscalía la que ha dado luz verde a un proceso judicial que puede terminar con la condena de Machado a 16 años de cárcel confirma la peligrosa senda por la que transita el Gobierno de Maduro. No se trata solo de silenciar a la oposición, sino de amedrentarla mediante el encarcelamiento de sus líderes. Ya ha sucedido con Leopoldo López: bajo la acusación de instigar a la violencia en las masivas manifestaciones del pasado febrero contra el Gobierno, López está en prisión desde ese mes: La fiscalía pide para él 10 años de cárcel.
El proceso contra Machado es digno de la obra homónima de Kafka. La exdiputada fue acusada de conspiración en mayo, durante una reunión del llamado Alto Mando Político de la Revolución, por un alcalde chavista que exhibió como prueba unos correos electrónicos. Poco importa que la propia Google dijera que esos correos eran falsos: para las autoridades venezolanas constituyen una prueba sólida.
El acoso a Machado no es nuevo. En mayo de 2013 fue golpeada en el interior de la Asamblea por diputados oficialistas, sufriendo la rotura de la nariz. Casi un año después, fue despojada de su acta de diputada por decisión del número dos del régimen y presidente de la Cámara, Diosdado Cabello. Y desde junio tiene prohibido salir del país.
Maduro insiste en sus discursos en la existencia de amenazas externas e internas contra su Gobierno y su persona. Lo único cierto es que aquellos cuya integridad corre serio riesgo en Venezuela son los líderes de la oposición.

Diario El País
Editorial: Acoso chavista
El País. Madrid, 6 de diciembre de 2014