Sebastiana Barráez: Roban explosivos de instalación militar

EXPLOSIVOS. Es lo que han estado desapareciendo desde hace 18 meses de una instalación militar en Ciudad Piar (Bolívar). Los llevan a las minas de oro y diamantes, donde los venden en Bs.400 mil y para Guyana y Brasil. No sólo es para usarlos en la minería ilegal, sino para que los sindicatos y bandas siembren el terror. Muestra de ello es que un individuo fue herido en el sector del Manteco, con uno de los explosivos. En complicidad con militares, el grupo de delincuentes se meten por una cerca perimetral, violentan el polvorín y sustraen las cajas con material explosivo. El sargento alias El furriel del diablo, adscrito al Comando de la Guardia Nro.81 en Cd Bolívar, cobra vacunas, monta expedientes y hasta hace “siembras”.
IVSS. Es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Debe crear estrategias para no dejar en estado de indefensión a los más vulnerables: Los ancianos. El IVSS ha venido aplicando una perversa política contra aquellos sujetos de pensión, a quienes se niega a incluir porque los patronos no pagaron ante el IVSS. Es decir, sanciona al trabajador que sí pagó durante sus años de servicio como empleado, porque la empresa le descontó lo correspondiente al SSO. El IVSS ataca al trabajador que debe pensionar, pero no lo hace contra la empresa que es la que se guardó el dinero del trabajador. Además el IVSS está demostrando con eso que no cumplió con su deber de exigirle a esas empresas que pagaran ante el IVSS mientras están funcionando. Lo más grave es que muchas de esas empresas tienen la solvencia del IVSS. ¿Cómo se explica que tengan solvencia si no están solventes?
EDUCACIÓN. Ocurre en Lecherías, estado Anzoátegui. Los padres y representantes de los colegios privados están desesperados. Allí sólo hay dos instituciones públicas y gran cantidad de colegios privados. La mayoría de los habitantes tienen que inscribir a sus niños en los colegios. Están violentando la normativa legal. Cobran hasta Bs.110 mil al año, es decir, más caro que la universidad. Ahora pretenden cobrar 65% de aumento.
COMBUSTIBLE. Fue el 13 de febrero del 2012. El Teniente Coronel José Aladino Chourio Luzardo era Comandante del Destacamento de Vigilancia Fluvial 912, de la Guardia Nacional en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Una comisión adscrita a su comando retiene 166 mil litros de gasoil, que estaban a bordo de las embarcaciones Doña Antonia y Goya III. La Fiscalía 12 con Competencia Ambiental presentó a los cinco tripulantes ante el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz, que les dio medida de presentación cada 40 días y retención de las embarcaciones. El 23 de febrero 2013, Johan Rojas Romero denunció al comandante Chourio Luzardo ante la Fiscalía Militar 43 de Ciudad Bolívar, diciendo ser el propietario de las embarcaciones y que se las habían retenido porque no se dejó extorsionar por el Tcnel. Esa fiscalía militar remitió la denuncia a la Fiscalía Superior de Bolívar, quien la distribuye en junio 2012 a la Fiscalía Cuarta Contra la Corrupción a cargo de. Mayerling Gisela Acosta, quien imputó al militar en junio 2013 por el presunto delito de concusión. El caso sería que Rojas Romero no sería el propietario de las embarcaciones, sino que serían Sociedad Mercantil Hermanos Silsa y Litonia C.A. Un mes después de haber sido retenidas las embarcaciones y detenidos sus tripulantes, Héctor Alonso Hernández Correa pide que le entreguen las embarcaciones y el Fiscal 12 las entregó. Se descubre que las embarcaciones mencionadas no tenían autorización para adquirir combustible, pero aun así PDVSA autorizó ese suministro. Lo otro sospechoso es ¿Por qué Doña Antonia y Goya III estaban en Puerto Ordaz cuando su puerto base es Cumaná? Acaso para usarlas para el contrabando de combustible.
AGROFANB. En el caso de las Unidades de Producción Agrícola de Agrofanb se presentan resultados que no se ajustan a la realidad. Mueven ganado las maquinarias de una Unidad de Producción a otra; así abultan los números y toman fotos. A eso se le suma que han entrado a fincas como La Bonanza en Guanare, Portuguesa, sin orden judicial de posesión o custodia alguna. Alrededor de eso se ha generado una serie de delitos de extorsión, secuestro y robo por parte de algunos funcionarios adscritos a las Bases Territoriales Guanare y Portuguesa del SEBIN; así obtuvieron más de 4 millones de bolívares entre septiembre, octubre y noviembre  2012 y hasta julio 2013 en las fincas La Bonanza (sector Mata Larga de Guanare) y Tokio (sector Miri, del municipio Antonio José de Sucre, de Barinas). Luego funcionarios del Sebin y un banco de la región entregaron las fincas a Agrofanb, sin orden judicial el 13 de agosto 2013. Se herraron, movilizaron y sacrificaron ganado de La Bonanza. Se perdieron tubos para hacer corrales, la pesa de la Romana, máquinas, tractores, etc. La abogada que defiende a los dueños de la finca ha sido amenazada de muerte. El cuento de los funcionarios policiales es que los dueños de la finca estarían relacionados con los paramilitares. Si eso fuese cierto deben demostrarlo y actuar por vía legal.
NERUDA. Es Pablo, el más universal de los poetas chilenos. Ese maravilloso ser, un día escribió: “Amor, ahora nos vamos a la casa/ donde la enredadera sube por las escalas:/  antes que llegues tú, llegó yo a tu dormitorio/ el verano desnudo con pies de madreselva./ Nuestros besos errantes recorrieron el mundo:/ …/ Y ahora, bienamada, por el mar crepitante/ volvemos como dos aves ciegas al muro/ al nido de la lejana primavera,/ porque el amor no puede volar sin detenerse:/ al muro o a las piedras del mar van nuestras vidas,/ a nuestro territorio regresaron los besos”.
Última Hora

• Táchira con graves problemas de abastecimiento de alimentos.
• A quien se le ocurrió elevar el precio de las toallas sanitarias a las nubes tiene un gran resentimiento contra las mujeres de este país.
• La foto de Diosdado con Sahnnon demuestra que esa lucha de poder, entre sectores del chavismo, va tomando vuelo.

FISCALÍA. Es la Séptima Anticorrupción del estado Falcón, a cargo del doctor Freddy Franco Peña. Él consideró que el hecho que el expresidente del CLEF se haya autoasignado una camioneta hasta que cumpla su período como legislador, no reviste delito alguno. El caso es este: Jorge Luis Chirinos, siendo presidente del CLEF le corresponde la camioneta de la presidencia de ese ente. Él hizo una acta de asignación de vehículo, con la cual dice que la camioneta estará a su cargo hasta el 2017 y firma el documento dos veces; es decir, estaría firmando por él y por el secretario del CLEF. (Vean el anexo). Chirinos ya no es presidente del CLEF, por lo que la nueva presidenta Daicis López le pide el vehículo y él se niega. Ella acude a la Fiscalía Anticorrupción y es cuando el fiscal Franco dice que “luego de analizados los hechos denunciados comprobó que los mismos no revestían carácter penal, al no estar tipificada la conducta señalada como hecho punible”. El fiscal Franco dice, como excusa, que Chirinos “consignó por ante la Fiscalía Superior el acta de asignación con respecto al vehículo automotor, de la cual se desprende que el mismo le fue asignado para cumplir sus funciones como legislador hasta el día 06 de enero de 2017”. Y la envía al Contencioso Administrativo. El Tribunal 5to. de Control decidió en razón de la DESESTIMACION DE DENUNCIA signada con el No.MP-114.314-2015, presentada por la Fiscalía Séptima, a favor de Jorge Luis Chirinos. El 31 de marzo de 2015 el Tribunal desestimó la denuncia hecha por la presidenta del CLEF. Ella apeló y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Falcón, en ponencia de Glenda Oviedo Rangel, acaba de decidir, el 10 de junio 2015, que vale la desestimación que solicitó el Fiscal Anticorrupción. O sea los fiscales y los jueces de Falcón consideran válido que Chirinos se haya autoadjudicado un vehículo del estado para su uso particular, porque el señor ni siquiera asiste con regularidad a las sesiones. Expediente IP01-P-2015-001156 y IP01-R-2015-000180. Juzguen ustedes mis respetados lectores, si en ese caso algo no huele muy mal. Otra vez la fiscalía Anticorrupción procede en defensa de un acto bochornoso. Cómo no hacerlo si en ese estado funciona un contubernio entre sectores del poder legislativo, ejecutivo y judicial.


Sebastiana Barráez
Roban explosivos de instalación militar
Quinto Día. Caracas, 19 de junio de 2015