Qué singular es la justicia en Venezuela, bajo el mando de Diosdado y Nicolás. Nada para el asombro, por favor, si damos vuelta atrás a la manecillas del reloj y escuchamos la sentencia que aquella tarde en cadena nacional de radio y televisión hizo el "comandante eterno" contra la jueza María Lourdes Afiuni, por "haber dejado escapar" a un banquero prófugo. O las veces que la otra Globovisión soportó con resignación las agresiones de Lina Ron, a sabiendas que las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público carecían de "valor probatorio", el mismo destino que han tenido las denuncias de los 94 ataques vandálicos contra la UCV, por militantes gubernamentales armados, plenamente identificados por los videos que deben dormir el sueño de los justos en alguna oficina del Cicpc.
Para qué entonces llevarse las manos a la cabeza, ante la suerte que iban a correr Lorent Saleh y Gabriel Valles, confinados como delincuentes en los calabozos del Sebin por haber "transgredido el régimen de presentación a un tribunal", al que estaban atados tras las protestas de 2010. ¿Verdad que suena como patético, y hasta empastelado el argumento empleado para encerrar de nuevo a los jóvenes activistas de la Operación Libertad, víctimas de paso de una vergonzosa expulsión desde Colombia, gracias a los favores de Juan Manuel Santos? Peor aún, si leemos la explicación de Alfredo Romero, del Foro Penal, de que la orden de encerrar a Saleh y Valles no tiene asidero legal ya que desde años la causa (incitación pública, incertidumbre y divulgación de información falsa) por la cual fueron llevados a la audiencia de presentación "está paralizada".
Este asunto nos lleva sin querer al caso del difunto líder" de Sidor, Yorman Pedro Márquez Rodríguez, mejor conocido como el Gordo Bayón, a quien se le había prohibido salir del estado Bolívar cuando fue asesinado la noche del lunes 3 de junio en Caracas, luego de una reunión en el Palacio de Miraflores. ¿Han investigado los fiscales del Ministerio Público quién autorizó la salida del Gordo Bayón si sobre este "dirigente sindical" pesaba una imputación del tribunal 3° de Control de Bolívar por el triple homicidio en sector Vista Alegre en 2012 y otra del tribunal 2° de Control por porte ilícito de arma de fuego? ¿Qué hacía ese dirigente en las discusiones del contrato colectivo que realizaban el comité ejecutivo de Sutiss y la directiva de Sidor, cuando no pertenecía a ninguna de las dos representaciones de esa empresa básica? ¿Quién lo invitó y qué oficial lo trasladó en un avión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Finalizo con otro caso: la impunidad del capitán Bolívar, asesino confeso de la joven intérprete Adriana Urquiola, quien trabajaba por señas en el Noticiero de Venevisión. Urquiola recibió un disparo en la cabeza en Los Teques, cuando bajaba de un transporte público y el hombre que gozaba de privilegios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios (al punto de que estaba afuera y no dentro de la cárcel) creyó que era su deber dispersar a tiros una barricada. Son preguntas que desearía que la fiscal Ortega Díaz respondiera antes de interesarse con fervor en el caso Saleh- Valles.
Elizabeth Araujo
De Saleh al gordo Bayón
Tal Cual. Caracas, 10 de septiembre de 2014
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