La sentencia salió de Miraflores. Sin pruebas, sin juicio, sin defensa. He sido condenada por quienes están en el poder en Venezuela y por quienes les ordenan desde La Habana. Intentaron callarme con golpes, cuando hace un año me atacaron, patearon y fracturaron mi cara en plena sesión del Parlamento; me despojaron arbitrariamente de mi inmunidad, y ahora pretenden aniquilarme moral y físicamente.
En los últimos meses, el régimen me ha acusado de todo. Me acusaron de terrorismo por revelar la responsabilidad de la gerencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el peor accidente petrolero en la historia del país, en la refinería de Amuay; de traición a la Patria por denunciar en la Organización de Estados Americanos la represión y la violación masiva y sistemática a los Derechos Humanos. Ahora me acusan de magnicidio por apoyar el histórico movimiento social de protesta que ha emergido en Venezuela desde el mes de febrero. Es una persecución política sistemática basada en mentiras.
Maduro y su régimen se creen intocables, se consideran más allá de la ley y de la justicia. Las sentencias judiciales en Venezuela se redactan en el Palacio de Miraflores y se envían a los jueces. Para neutralizar a los disidentes está la imagen de la juez María Lourdes Afiuni, “condenada” a 30 años de prisión por el entonces presidente Chávez en un discurso televisado hace cinco años. Su delito fue atender a su conciencia. Su rostro seguramente apareció frente a la jueza Adriana López esta semana, cuando dictaminó que Leopoldo López y dos estudiantes debían permanecer en prisión durante este juicio sumario. Las pruebas que presentó la Fiscalía contra López son “la interpretación” de un supuesto perito sobre las “verdaderas” intenciones de Leopoldo en tres discursos públicos y en su cuenta de Twitter. La naturaleza de estas pruebas sólo confirman dos cosas: la inocencia de los acusados y la determinación del régimen de aterrorizar a la gente y aniquilar a sus adversarios.
El pretexto para acusarme de magnicidio son correos electrónicos obviamente fabricados, que fueron divulgados en una histriónica rueda de prensa en la cual el “Alto Mando Político de la Revolución” —que incluye al Vicepresidente de la República, al presidente de PDVSA, al presidente de la Asamblea Nacional, al alcalde de Caracas y a la esposa de Maduro, entre otros— “develaron” un supuesto complot internacional para desestabilizar al país y asesinar a Maduro.
Al régimen ya ni siquiera le importan las formas, ni tampoco trata de ocultar que actúa de manera ilegal. El montaje es tan burdo que ante la evidencia del forjamiento de los correos que Google certificara, seguramente inventará algo nuevo.
Aunque las delirantes acusaciones han generado una burla colectiva hasta en muchos seguidores del oficialismo, la realidad es que me difaman y por su incitación al odio, recibo hoy amenazas contra mi vida y la de mis hijos. Además, he sido citada a declarar en la Fiscalía General de la República el día de mañana, 16 de junio, en calidad de “testigo”. Ante ello, el Capitán Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, declaró: “Yo he visto a más de un testigo que termina como imputado y he visto a más de un testigo que fue imputado y fue condenado”. Este mismo señor dijo esta semana: “Si Maduro es asesinado, María Corina Machado pagará por sus acciones”.
Me atacan porque creen que un castigo “ejemplarizante” callará a las madres venezolanas que claman por justicia a diario frente a los tribunales y las morgues; a las que pasan horas en colas humillantes para comprar leche en los mercados; a las que ruegan por que le salven la vida a su hijo en hospitales paupérrimos, sin medicinas ni equipos elementales. Creen que callarán a las estudiantes que encabezan las protestas, a los periodistas que desafían la censura, a las maestras que combaten el adoctrinamiento escolar, a las madres de los jóvenes asesinados, detenidos y torturados por la represión del régimen. Se equivocan. Quince años de lucha ciudadana ejemplar y el admirable movimiento de protesta cívica que despertó este histórico febrero de 2014, han dejado claro que no doblegarán al pueblo de Venezuela.
El régimen está desesperado; el colapso económico, institucional y moral que se acelera cada día, ha derrumbado el apoyo político que heredó Maduro. Tanta mentira y cinismo producen repulsión en una sociedad honesta y trabajadora que anhela desesperadamente avanzar por una ruta a la libertad y a la dignidad, que nos permita reencontrarnos en un renovado pacto social. Los venezolanos sabemos que llegó la hora de enfrentar la dictadura instalada en Venezuela. Intentan chantajearnos amenazándonos de provocar una guerra civil por negarnos a vivir en sumisión. Ni guerra civil, ni sumisión, nuestra decisión es avanzar en la transición hacia la democracia.
Nuestro propósito es lograr, lo antes posible, un cambio de régimen en Venezuela por una vía constitucional, democrática, pacífica y electoral. La ruta es clara e inequívoca: ni magnicidio, ni golpe de Estado: exigimos la renuncia de Maduro.
María Corina Machado es diputada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
María Corina Machado
"Asesina"
El País. Madrid, 15 de junio de 2014
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