Los llamados al diálogo sincero y efectivo no han sido atendidos, a pesar de la gravedad de la crisis que atraviesa el país. La gran mayoría de los venezolanos reclama paz y entendimiento, para afrontar los graves problemas que padecemos. Hay un claro rechazo a la violencia, venga de donde venga y a la permanente confrontación. El núcleo de la paralización de las conversaciones entre gobierno y oposición es la negativa del primero a entender y aceptar que todo diálogo para canalizar diferencias tiene que concluir en negociaciones y acuerdos entre las partes enfrentadas. Si no existe voluntad para alcanzar metas claras, el diálogo pierde sentido y orientación.
Además de este problema "conceptual", hay otro fáctico y mucho más rudo para la sensibilidad ciudadana. Mientras supuestamente estamos en diálogo, sinónimo de entendimiento y acercamiento, arrecian las acciones comunicacionales, judiciales y policiales que ahondan la tendencia a criminalizar y desprestigiar la protesta. En el último mes, los estudiantes que han encabezado las manifestaciones han sido sometidos a todo tipo de atropello por parte de cuerpos policiales y parapoliciales, así como del Ministerio Público y de tribunales de justicia. Muchos lo hemos dicho, el gobierno se equivoca al pretender sofocar la protesta con el uso de la fuerza sin atender a las razones que la originan. Mientras más se reprima, más reacciones no deseadas se provocan, generándose un espiral de caos y violencia que nadie queremos.
Una mirada externa a Venezuela, lo ha dicho con claridad. El pasado 16 de mayo, el presidente de Uruguay, José Mujica, consultado sobre la situación venezolana dijo: "Yo considero que es importante que esa sociedad pueda aminorar el nivel de confrontación que tiene. Y hay que tratar, en lugar de echar fuego, tratar de contribuir a que exista racionalidad, porque nadie va a poder gobernar con ese clima de confrontación que tiene Venezuela".
Para eso precisamente es el proceso de diálogo, para analizar las razones de fondo de la confrontación y buscar canalizar institucionalmente los conflictos. Para ello se requiere llegar acuerdos y crear un clima político adecuado. Los comisionados de Unasur y la Nunciatura del Estado Vaticano han pasado de "testigos de buena fe" a mediadores entre las partes para tratar de tender puentes. Lamentablemente, al día de hoy, en el que se escribe esta nota, ello aún no ha sido posible.
El alto gobierno tiene la palabra. Su decisión depende de un acuerdo entre sus diversos actores. Ese pacto pareciera que es más difícil de lograr que convenir con la oposición agrupada en la MUD. Mientras tanto el país espera un poco de inclusión y respeto.
fjvirtuoso@ucab.edu.ve
Seguimos llamando al diálogo
Francisco José Virtuoso sj
El Universal. Caracas, 22 de mayo de 2014
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