Elías Pino Irurrieta: Difamaciones

El caso de las demandas que hace y va a hacer el presidente de la AN porque lo han difamado es uno de los más contradictorios de nuestra historia. Tal vez el más insólito si consideramos cómo se ha manejado él directamente con la reputación ajena, sin siquiera pensar por un momento que pueda verse en el banquillo de los acusados por el ataque al honor del prójimo. La conducta no refleja un caso individual, por desdicha, sino una situación de descomposición moral que se ha establecido en el seno de la sociedad hasta ponerla a oler como una cloaca. 

El régimen ha puesto en práctica, desde su establecimiento durante la gestión del presidente Chávez, una pertinaz averiguación de la vida privada de los adversarios políticos para utilizarla después, de la peor manera y sin ningún tipo de control, tras el objeto de inhibirlos en el papel que deben ejercer como activistas de oposición. En los programas de opinión que presentan ciertos voceros del chavismo (si se puede hablar ahora de opinión, malaconsejados por la benevolencia), ha sido frecuente la divulgación de murmuraciones destinadas a la deshonra de sus críticos. Los espacios de esa calaña no congenian con la discusión de los argumentos de los líderes, como puede esperarse en un sistema orientado al debate republicano de ideas. Quizá porque apenas conserven pocas de esas ideas en su almacén, se regodean en el descubrimiento de los lados supuestamente oscuros de la intimidad de los rivales que consideran incómodos. Insinuaciones o alusiones directas sobre la inclinación sexual de la víctima de turno, detalles escabrosos sobre asuntos personales, revelación de situaciones particulares que no debe conocer la opinión pública sin que se traspasen los límites de la legalidad y del respeto de los seres humanos, vivos o muertos; sesiones que invitan a escuchar a los espectadores unas conversaciones que solo incumben a quienes las realizan o a leer correos de los que no son destinatarios, exhibición de fotografías “comprometedoras”… forman el despreciable repertorio en cuyos contenidos han querido aficionar a la sociedad.

Se ha demostrado, en muchos casos, que el tipo de “noticias” de tal ralea es producto de la manipulación. Se someten a un trabajo de laboratorio para que los diálogos se escuchen como quiere el espía, para que lo cristalino se vuelva turbio, para que un comentario corriente y legítimo sobre el gobierno aparezca como parte de una asonada, para que las metáforas propias de las charlas entre amigos se transformen en evidencia literal de un crimen contra el Estado, y así sucesivamente. Solo es cuestión de cortar y pegar, de que las tijeras y el engrudo de un régimen policial confeccionen a su medida las versiones que se debe tragar una colectividad que después verá, en medio de la duda sembrada y de la sospecha prefabricada, cómo las personas decentes pasan a la condición de villanos; o, si el negocio y el apuro lo requieren, dan con sus huesos en la cárcel. Un albañal al servicio de la “revolución”, en suma.

En medio de esta hedentina, el presidente de la AN lleva a cabo acciones legales porque lo han difamado. Desde el centro del muladar, la flor acosada por la putrefacción quiere levantar un cercado de sanidad. Está en su derecho, no faltaba más. Inicia procesos inobjetables, lleva a cabo pasos que no se pueden someter a discusión. Nadie lo puede ofender de manera artera, desde luego. Nadie le puede levantar falsos testimonios, a menos que sea un canalla que merece castigo. El presidente de la AN no vive en el centro de la jungla, sin códigos alrededor. Las leyes lo respaldan, a él por lo menos. Las normas más caras de la civilidad apoyan las gestiones de su reputación sometida a escarnio, aunque el resto de las reputaciones quede atado a destinos distintos, pero es evidente que actúa como pudiera hacerlo cualquier ciudadano apegado a la preceptos de la convivencia cuando se siente ofendido. Con una minúscula diferencia, sin embargo: un ciudadano común no maneja un programa de televisión en el cual se transmiten, faltando a la Constitución, a la decencia y quizá también a la verdad, las conversaciones privadas de dos políticos sometidos a prisión.

 

Elías Pino Iturrieta

Difamaciones

El Nacional. Caracas, 7 de junio de 2015

Carlos Raúl Hernández: La muerte como teoría

 

Para los expertos, un Estado fallido o fracasado se caracteriza porque pierde el monopolio de la fuerza legítima y la soberanía territorial, que en su debilidad comparte con grupos armados político-delictivos. Cuando éstos tienen poder para acosar a la fuerza pública que no puede entrar a zonas controladas por ellos, ese Estado se acerca o está en la vorágine. Si no se para la tendencia será el final de la vida civilizada: secuestros, narcotráfico, asesinatos, enfrentamientos de pandillas, hasta llegar a guerras civiles y secesión. Así peligró Colombia muchos años con las FARC y el ELN y es la situación de varias naciones del Medio Oriente y África. Hay quienes piensan que Iraq terminará dividido en cinco países, y se teme por Siria y Nigeria. Hasta dónde llegará el fortalecimiento de las megabandas que imperan en Aragua, Guárico, Caracas y otros lugares de Venezuela, que todos los días da un paso en esa tenebrosa dirección.

El gobierno tiene que tomar en serio la amenaza. La ciudadanía entera está dispuesta a respaldar una política seria de desarme y de recuperación de las calles para la vida normal. Van más de doscientos mil muertos por la violencia hamponil en dieciséis años, víctimas de lo que han llamado una guerra civil de baja intensidad, que helaría la sangre a cualquier ciudadano de un país, incluidos vecinos de Uruguay, Ecuador y Perú. Es en los barrios populares donde los fogonazos se llevan vidas a montones y los jóvenes pobres son los que más muerden el asfalto en esta carnicería. Los muertos no pertenecen a las clases medias, ni a los ricos "de antes" y no podría captarse ninguna racionalidad en el asunto. Las derogadas ideologías revolucionarias son tolerantes con el hampa, a la que tratan con consideraciones sociológicas: el victimario como víctima de la sociedad.

Fin del Estado de Derecho

Las revoluciones fueron estrategias para acumular fuerzas y derrocar el Estado de Derecho, las leyes burguesas que se consideran un estorbo para actuar en pro de las mayorías. Por medio de "expropiaciones", "juicios revolucionarios" y "ajusticiamientos", las revoluciones eliminan los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad, que pasan a la discrecionalidad del Estado, que los arrebata a sus adversarios, como hicieron Stalin, Hitler o Mao. Entre los derrelictos teóricos, el criminal no es responsable de lo que hace sino un producto de los grupos que trabajan, crean y tienen un relativo éxito, e incluso un héroe. Se crea la idea colectiva de que los que poseen bienes son perversos, la libertad es su lujo, los políticos son mayordomos sinvergüenzas al servicio de los ricos, los profesionales "elitescos" y los que arriendan una habitación "especulan" a los que viven en ella.

Mientras logran la "hegemonía" convierten la violación de las leyes, el delito, en un modelo de imitación social, porque la democracia está podrida por la "anomia". Esa es la "moral revolucionaria", la amoralidad máxima, porque juzga las acciones humanas, buenas o malas, no en sí mismas sino en referencia a "los intereses de la revolución", la voluntad del grupo del poder y el caudillo, demiurgo del encono. Miles de divagaciones ideológicas, vaciedades y resentimientos discursivos, las horas del odio orwellianas, no pueden dejar otra cosa que resentimientos. Cada discurso tóxico se lee colectivamente como una autorización para agredir "el enemigo de clase". Según los teóricos marxistas Herbert Marcuse y Franz Fanon, un marginado, un delincuente, incluso un demente, eran mucho más revolucionarios que un pequeño burgués, al estar colocados "objetivamente contra la sociedad capitalista".

Matar libera!

Los antisiquiatras pensaban que no había ninguna razón para readaptar un sicópata al mundo que había que destruir. Fanon cuestionaba la noción de delito porque el oprimido, para liberarse síquicamente, para "hacerse humano" debía asesinar un opresor. Los terroristas árabes, los irlandeses y los serbios usaron con frecuencia los servicios del hampa para volar cafeterías o asesinar civiles de cualquier manera, en la misma tradición. El primer comunista alemán, el sastre Wilhelm Weitling se autoproponía para organizar el ejército de "valientes e inteligentes" criminales y decía que la revolución "debía soltar a los delincuentes y las furias del infierno en la tierra" para hacer lo que quisieran con "la burguesía". Otro revolucionario alemán, Karl Heinzen decía que el asesinato estaba permitido en la política.

Bakunin que repudiaba a los moderados tanto como los actuales antipolíticos, creía que los únicos revolucionarios sinceros, sin fraseología, sin inducción, sin vanidad, era los delincuentes, enemigos par exellence del Estado. Lenin habló de una alianza "campesinos, obreros y soldados" y Bakunin de "obreros campesinos y delincuentes". Los Panteras Negras y el Ejército Simbionés -más recordado por la película de Paul Schrader sobre el secuestro de Patty Hearst- contrataban asesinos y drogadictos. Es necesario detener la oleada de violencia criminal en el país, que amenaza destruir el modo de vida. Nunca es demasiado tarde, como lo demostró Colombia, para retroceder del desfiladero. Cualquier seudoteoría social que justifique un criminal, hay que sacudirla.




Carlos Raúl Hernández
La muerte como teoría
El Universal. Caracas, 7 de junio de 2015

Manuel Malaver: La teoría del caos y el Estado narcosocialista

La teoría del caos versa, en su acepción más simple, sobre sistemas complejos y dinámicos propensos a admitir cambios muy sensibles en sus condiciones iniciales, lo cual hace difícil, -sino imposible-, toda predictibilidad sobre su comportamiento futuro.

En ese orden, el socialismo en general, pero sobre todo, el socialismo real, puede tomarse como una prueba de la teoría del caos, pues, rápidamente su inviabilidad impone cambios en las condiciones iniciales, que son soslayadas cuando los utopistas recurren a la dictadura política, y a la fuerza, hacen que la sociedad sufra una monstruosidad, tan destructiva, como inútil.
Quiere decir que, una prueba cabal de la teoría del caos, socialmente hablando, no vino a encontrarse sino en la variante de socialismo que empieza a conocerse como narcosocialismo, el cual diluye, licúa el poder aplastante de la dictadura política central, en minúsculos, disímiles, múltiples y móviles micropoderes locales, los cuales, en su espacio sustituyen a la macrodictadura, y tienen toda la independencia que necesitan para operar, siempre que no se aparten del objetivo fundamental, que no es otro que servir al caudillo, comandante en jefe, dictador, héroe máximo o mandamás.
Lo verdaderamente innovador y “creativo” en el narcosocialismo, es que ya los minipoderes que se desparraman a lo largo y ancho de la geografía nacional, no tienen porque estar adscritos a la estructura gubernamental oficial, se llamen gobernaciones, alcaldías, o poderes comunales, tampoco a las instancias del partido oficial, si no que, su origen, naturaleza y destino pueden estar al margen de la burocracia establecida que, incluso, llega a oponérsele en oportunidades, si bien en general, todas las instancias o piezas trabajan por el bien común del poder compartido.
Tal fragmentación del poder genera dos beneficios o ventajas: 1) Ya la comisión de los delitos, tanto políticos, como ordinarios, no tiene autor, pues puede ser atribuida a cualquiera de los disímiles mini poderes innominados que operan en el país. 2) Se presta idealmente para que el estado, o parte del estado, se involucre en negocios superrentables, pero no permisados por el ordenamiento jurídico internacional, como pueden ser el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando, cubriéndole la fachada legal a lo que no es sino pura y simplemente un “estado forajido”.
Que Venezuela sea actualmente un país tomado por miles de bandas de criminales no perturbadas por el poder central, regional ni local, que, en muchos estados se atribuyan la recaudación de impuestos a través de vacunas, y que presten protección a ciudadanos, comerciantes, profesionales y empresarios a cambio del cobro de un servicio, es ya una realidad presente en todo el territorio y que nos habla de prácticas ya habituales en las FARC de Colombia, pero no desde el Estado, sino de un poder rebelde.
En una columna pasada contamos como el Estados Guárico se lo reparten dos bandas feroces, la de “El Picure” y la de “El Juvenal”, que se pelean el espacio físico, cobran impuestos y hasta administran “justicia”, y solo muy ocasionalmente, se tropiezan con otro poder marginal y sobreviviente, el del gobernador, Ramón Rodríguez Chacín.
Durante los días 13 y 14 de mayo pasados, Venezuela se informó aterrada, través de las redes sociales, paginas web y los pocos periódicos y emisoras independientes que aun persisten (el resto de los medios está férreamente controlados por el gobierno) que un operativo de casi 1500 agentes policiales había tomado el barrio San Vicente de Maracay, en busca de los pranes y jefes de bandas: “Johan Petrica”, “Larry Changa”, “El Niño Guerrero” y “Carlitos Breker”.
Se trataba de un “Cuarteto del Crimen” que, desde hacía casi un año, azotaba la población de Maracay y ciudades aledañas con el cobro de vacunas y extorsión a comerciantes y empresarios.
Esa no fue, sin embargo, la causa de la toma de San Vicente y el choque con los pranes y jefes de bandas en un enfrentamiento donde murieron 20 personas y 800 fueron desteñidas, sino que, desde hacía un mes los delincuentes venían lanzando ataques con fusiles, ametralladoras, pistolas y granadas contra las sedes del Cicpc en Maracay, Villa de Cura, Turmero y Caña de Azúcar.
Por cierto que, esta ciudad de Maracay que, al igual que santuario de pranes y bandas, es sede de cuarteles y la base aérea más importantes del país, fue escenario hace cuatro días, el miércoles, de uno de los hechos de violencia más vergonzosos y siniestros de los últimos tiempos, como fue que, una turba innominada, pero de inspiración oficialista, asaltó la sede de la única alcaldía opositora del estado, y luego de arrasar con todo cuanto encontró, hirió 20 personas y lanzó desde un segundo piso a un periodista y camarógrafo que hacía tomas de tan sangrientos sucesos.
Y en todo el tiempo que se suscitaron tan graves acontecimientos, violadores de por lo menos 5 leyes de la Republica, no se apersonó una sola autoridad nacional, regional y local, confirmando la teoría del caos de que, en el estado narcosocialista, la ley es de quien se atreva a defender y validar los poderes de los usurpadores de turno.
De larga data –o no de larga, de agosto del 2010, cuando el empresario oficialista y presunto narcotraficante, Walid Mackled, es detenido en Cúcuta por autoridades colombianas, y de abril del 2012, cuando el exmagistrado, Eladio Aponte Aponte, deserta a los Estados Unidos y se acoge al programa de protección de testigos de la DEA-vienen los señalamientos de que el Estado Aragua, y su capital, Maracay, son también santuarios del narcotráfico, un territorio de paso de las flotas de cocaína que viene de Colombia rumbo a las playas de Oriente, o de pistas de aterrizaje que entran o salen del país con droga hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Pero testigos más recientes, como el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, y el capitán de Corbeta, Leamsy Salazar, escolta del difunto presidente Chávez durante 10 años, también marcan en sus mapas que, aparte de pranes, bandas delictivas y narcotraficantes, también hay en Maracay, células terroristas de Hizbolá y Hamas, los cuales mantienen operadores en una entidad regional que también es encrucijada de acceso al Oriente, Sur y Occidente del país.
Sucesos extraños, singularísimos, perturbadores, pocas veces suscritos ni en aun en los capítulos más lejanos y oscuros de la historia pasada y reciente del país tengo frente a mi, y tan ilustrativos, como para que no los incluya en el catálogo en que quiero comprobar que caos y narcosocialismo se retroalimentan, complementan y forman parte de uno y el mismo fenómeno.
Fíjense si no, en el caso del presunto narcotraficante, Richard Canmarano (46), acusado por tribunales de Caracas durante los años 2010 y 2012 de ser responsable del envío de 470 kilos de cocaína al exterior y de tener encaletados en una quinta de su propiedad en Prados del Este, 1200 kilos de cocaína.
Pues bien, este Canmarano, que pasa tres años tratando de convencer a los jueces de que no es un narcotraficante, sino un empresario de blindados exitosísimo, con mucho real, que por tal, es extorsionado por un comisario del Cicpc, Roger Graterol -quien es, nada más, y nada menos, que jefe de la División de Capturas de la entidad policial-, se escapa de Venezuela un día, en el 2013 y se va a Portugal, con su familia, donde se convierte en propietario de un restaurant, que, al parecer, es otra mina de hacer billetes
Lo que no se explica en la trama del thriller, es por qué, Canmarano, decide regresar al país en abril de este año, dice una hija suya, Betsy Esusi Araujo, y que, a comprobar su inocencia, acusar a Graterol de extorsionador y que, al efecto, trae un cargamento de videos, fotografías, grabaciones y documentos que no dejan dudas de la infamia de que es objeto.
Pero más extraño resulta que Canmarano ingresa al país el 23 de abril por el aeropuerto Internacional, Simón Bolívar, y ninguna autoridad de inmigración se da por enterada que es un narco solicitado por dos tribunales, el 12 y el 18 de Control de Caracas.
Desaparece el empresario de los blindados y la gastronomía por un mes en Caracas, nadie sabe con quién se reúne, ni que pasó con el cargamento de pruebas, y las próximas noticias suyas las trae un portal de internet (para los medios controlados, tarifados y censurados venezolanos estos sucesos no existen), runrún.es, el cual informa que el sábado 23 de mayo, a las 10 de la noche, en Maiquetía, cuando trataba de abordar un vuelo rumbo Portugal, Canamarano es detenido, pero acompañado de una poderosa exmagistrada, Mirian Morandy, de su asistente, Tibisay Pacheco, y de un funcionario del Saime, Aponte, quienes trataban de ayudarlo a obviar los trámites de inmigración.
Escándalo mayúsculo, sin parangón y posiblemente irrepetible hasta que se digieran estos u otros escándalos, una densa niebla cubriendo una información que debía ser del dominio público, silencio sobre el paraderos de los detenidos, hasta que el martes 31 mayo, el diario “2001” informa que Canmarano ha sido privado de libertad por el delito de tráfico de drogas, mientras sus acompañantes en el viaje, las señoras, Morandy e Pacheco, y el señor, Aponte, desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra.
Las preguntas de atropellan: Bueno, ¿y el cargamento de pruebas donde fue a parar, alguien lo conoció, fue víctima Canmarano de una celada donde participaron la Morandy, la Pacheco y Aponte? ¿Y Roger Graterol, dónde está Roger Graterol, fue acusado, se defendió, que hable, que responda?
Imposible que lo haga, porque desde noviembre del 2014 es un fugitivo de la justicia, del tribunal 7 de Control de Caracas, acusado de participar en aquella matanza del edificio Manfredir, de la esquina de Glorieta, en Caracas, donde, ametralladora en mano, liquidó con otros agentes del Cicpc a 5 miembros del Colectivo “5 de Marzo”, a su jefe, José Miguel Odremán y parece que otros 20 ciudadanos
En consecuencia, doloroso, pero incvitable final para un artículo que trata de demostrar que la teoría del caos y la práctica del narcosocialismo son una y la misma cosa.

Manuel Malaver
La teoría del caos y el Estado narcosocialista
La Razón. Caracas, 7 de junio de 2015 (Noticiero Digital)