¿Una concertación nacional a la venezolana?
ANTONIO SANCHEZ GARCÍA
El Nacional. Caracas, 29 de abril de 2014
Tras 22 años de secuestro del Estado de Derecho y ruptura del llamado hilo constitucional, hechos realidad desde el asalto al poder, hace 14 años, por parte del golpismo castrocomunista y reaccionario venezolano liderado por Hugo Chávez, los factores contrarios al régimen entonces establecido, autocalificados de “oposición democrática”, han terminado divididos en dos grandes bloques. El de quienes apuestan a la continuidad del establecimiento, mediante un desplazamiento del eje gravitatorio del gobierno del llamado madurismo – cualquiera sea esa realidad institucionalizada - hacia un revival de la institucionalidad democrática entonces fracturada a través de un gobierno de los factores que hacen vida en la MUD y apuestan por ese desplazamiento sin traumas, por vía electoral y sin una ruptura existencial con el poder social y político del chavismo mediante el establecimiento de una suerte de cohabitación – digamos: una cuarta república ampliada o acondicionada a las circunstancias dominantes al presente -, de una parte; y quienes, conscientes de la crisis de excepción que ha devastado al país y arrasado con su aparato institucional, partidos incluidos, apuestan por una refundación de la patria, echando los cimientos económicos, sociales y políticos de una nueva república. Con esto se cerraría todo el ciclo histórico abierto tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y la fundación por los protagonistas del Pacto de Punto Fijo de la Venezuela moderna. Lo que el historiador Germán Carrera Damas ha venido en llamar la República Liberal Democrática.
Todas los reclamos contra “la polarización”, los ataques a “los violentistas y extremistas radicales de lado y lado” y los argumentos a favor de una tercera vía entre chavismo y antichavismo, propugnada por los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática que busca interlocución en el llamado “diálogo”, apuntan a la generación de las condiciones que permitan una suerte de superación dialéctica de la crisis que enfrenta a demócratas y autócratas fundiendo ambas representaciones en un extraño gobierno mixto MUD/PSUV, ya asomado por la figura más importante del Foro Sao Paulo, Lula da Silva, cuando propone una suerte de gran coalición, base político programática de concertación representada por las figuras de Nicolás Maduro y Henrique Capriles. El papel preponderante jugado en el apaciguamiento del grave conflicto que se vive en Venezuela por el canciller de Brasil, Figueiredo, a la cabeza de la delegación de Unasur –de hecho, el instrumento de injerencia internacional del neocastrismo suramericano – apuntaría en esa dirección. Siguiendo la proverbial sentencia de abogados litigantes, tal gobierno de concertación nacional pretendería salvar por lo menos el sombrero de quien parece estar ahogándose en el tormentoso mar de la crisis.
Dicha estrategia explicaría tanto la tónica de baja intensidad en los diálogos, como la pasividad de los factores de la opción MUD ante la continuidad de la represión por parte del régimen, así como el mantenimiento y agudización de la criminal violencia por parte de Maduro, que apunta exclusivamente a la represión brutal de las bases sociales de sustentación de las fuerzas opositoras propiamente antidictatoriales que consideran llegado el momento del desalojo y la culminación de una revolución democrática con el objetivo de la refundación de la República. Bajo esta perspectiva de la crisis, los herederos de las llamadas cuarta y quinta repúblicas estarían apostando a una neutralización y/o aplastamiento de la rebelión bajo la cuerda de un acuerdo de gobernabilidad a futuro, cuyas formas de realización concreta no habría sido todavía diseñadas.
Este “entendimiento” o “gran concertación nacional” propugnado por Lula da Silva y Dilma Rousseff – principales interesados en que cualquier cambio que se produzca en Venezuela no vaya en desmedro de los poderosos intereses de la burguesía brasileña en Venezuela – tendría que contar, obviamente, con todos los miembros de Unasur, y no podría haberse alcanzado sin la anuencia del gobierno cubano – principal víctima de un desalojo del poder a manos de los factores revolucionarios que llevan adelante la insurgencia en Venezuela – y los gobiernos filo castristas de la región: principalmente Argentina y Chile. De allí el protagonismo de los cancilleres Luis Alberto Figueiredo, de Brasil; Héctor Timerman, de Argentina y Heraldo Muñoz, de Chile, en la mediación de los dos factores de la crisis permeables a la concertación “a la venezolana”: el madurismo y la MUD.
Si a un año y medio de la invasión por las tropas hitlerianas de la Rusia soviética tanto Hitler como Stalin apostaron al Pacto Ribbentrop-Molotov, y Kissenger y Le Duc To acordaron la Paz de Vietnam en las conversaciones de París, ¿por qué Nicolás Maduro y Henrique Capriles no se mostrarían dispuestos a alcanzar un consenso de cohabitación construido sobre las devastadas ruinas de una Venezuela ensangrentada, esquilmada y escarnecida?
El intento parece navegar viento en popa. Otra cosa muy distinta es que llegue a buen puerto. Una elemental objetividad muestra que la polarización ha alcanzado los extremos, la rebelión parece estar muy lejos de haber declinado y el acuerdo político entre Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma cuenta con un soberbio respaldo popular. No parece todavía el momento de saltar el Rubicon y exclamar, como Julio César: Alea Iacta est, la suerte está echada.
martes, 29 de abril de 2014
Asdrúbal Aguiar: Se salvó la carta democrática
Se salvó la carta democrática
ASDRÚBAL AGUIAR
Diario Las Américas. Miami, 29 de abril de 2014
El Sistema Interamericano, en su conjunto, revela paradojas que no dejan de sorprender, pero son alentadoras. En medio de las frustraciones que provoca en los espíritus democráticos el desprecio actual de la OEA por la democracia verdadera, sobre todo desde cuando el marxista chileno José Miguel Insulza asume su secretaría, algunas de sus entidades -las decentes, diría Vaclav Havel- se resisten al predominio de la corrupción intelectual que a todas las envuelve e intentan salvar el patrimonio de libertades construido a pulso en las Américas desde 1948.
La OEA nace como mecanismo de seguridad colectiva para nuestras endebles democracias, tanto como el Congreso Anfictiónico de Panamá, apuntalado sobre el principio de la No intervención, quiso ser en 1826 el ángel protector de nuestras repúblicas emergentes, para alejar de sus senos una tradición monárquica tricentenaria.
En 1959, al formular la Declaración de Santiago, hace notar que la democracia no se reduce a elecciones sino que demanda algo más, a saber, respeto por los gobernantes de los derechos humanos, primacía del Estado de Derecho, alternancia en el ejercicio del poder, separación e independencia de poderes, y libertad de prensa, entre otros estándares. Y al aprobar en 2001 la Carta Democrática Interamericana, renovando su doctrina vinculante y por apreciar en la región una suerte de vuelta atrás e inédita, a saber, el cese de las prácticas democráticas por parte de gobiernos democráticamente electos -era el caso de Alberto Fujimori, en Perú - entiende la OEA que lo postulado como desiderata era ya norma imperativa e insoslayable; sobre todo, después que la mayoría de los Estados miembros se sometieron a los dictados de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ese esfuerzo de decantación de la democracia, en efecto, sufre un grave revés con el advenimiento de gobiernos que optan por servir utilitariamente al eje Socialista del siglo XXI, con residencia compartida entre Caracas y La Habana, y al encontrar como interlocutor de conveniencia al secretario Insulza. Y de la misma manera que aquéllos deciden manipular a la democracia para vaciarla de contenido, éste le quita su teleología al citado principio de la No intervención, para que tales gobiernos pudiesen, a sus anchas, tremolar la idea de la soberanía a fin de encubrir sus violaciones a la misma democracia y a su columna vertebral, el respeto y garantía de los derechos humanos.
Insulza ha cohonestado los procesos de desmantelamiento democrático ocurridos en Ecuador y Venezuela, y ante la queja de sus opiniones públicas, víctimas del deterioro en los activos de la democracia, apenas declara que se trata, sea en el caso de Rafael Correa o de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, de gobernantes electos; cuyas gestiones, si acaso atraviesan por dificultades, en modo alguno han afectado al ejercicio de la democracia. Y al referirse, de modo específico, a la Carta Democrática y sus normas, opta por devaluarla, haciéndose el escurridizo, y al excusarse afirma que no le está permitido inmiscuirse en los asuntos internos de los miembros de la Organización.
En buena hora, recién, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus autonomías institucionales y a despecho del Consejo Permanente de la OEA -cenáculo político que reúne junto a Insulza a los violadores potenciales de la Carta Democrática- han decidido salvarla de su despeñadero.
A propósito de los Casos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional del Ecuador, sentenciados en 2013, la Corte declara la responsabilidad internacional de dicho Estado por haber destituido masivamente a sus jueces -como ocurriera en Venezuela en 1999- y señalada, en lo particular, que ello representa un atentado a la democracia que afecta gravemente el principio de independencia y autonomía de la Justicia, previsto en el artículo 3 de la Carta Democrática.
A su vez, la Comisión, al presentar su informe anual 2013, expide un informe especial sobre Venezuela para destacar como premisa que su gobierno también ha desconocido la Carta Democrática Interamericana al violentar su gobierno el Estado de Derecho y con ello menoscabar la autonomía de los jueces, tanto como por haber trastocado el principio de sujeción de los cuerpos armados de la república -la Fuerza Armada Bolivariana- a la autoridad civil legalmente constituida.
En suma, la Corte y la Comisión salvan a la Carta Democrática y el honor de las Américas, defendiendo a la democracia como derecho humano de los pueblos y al decir lo que ha negado Insulza, a saber, que tanto en la Venezuela de Maduro como en el Ecuador de Correa la democracia dejó de existir. Es algo, no poco.
*Exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ASDRÚBAL AGUIAR
Diario Las Américas. Miami, 29 de abril de 2014
El Sistema Interamericano, en su conjunto, revela paradojas que no dejan de sorprender, pero son alentadoras. En medio de las frustraciones que provoca en los espíritus democráticos el desprecio actual de la OEA por la democracia verdadera, sobre todo desde cuando el marxista chileno José Miguel Insulza asume su secretaría, algunas de sus entidades -las decentes, diría Vaclav Havel- se resisten al predominio de la corrupción intelectual que a todas las envuelve e intentan salvar el patrimonio de libertades construido a pulso en las Américas desde 1948.
La OEA nace como mecanismo de seguridad colectiva para nuestras endebles democracias, tanto como el Congreso Anfictiónico de Panamá, apuntalado sobre el principio de la No intervención, quiso ser en 1826 el ángel protector de nuestras repúblicas emergentes, para alejar de sus senos una tradición monárquica tricentenaria.
En 1959, al formular la Declaración de Santiago, hace notar que la democracia no se reduce a elecciones sino que demanda algo más, a saber, respeto por los gobernantes de los derechos humanos, primacía del Estado de Derecho, alternancia en el ejercicio del poder, separación e independencia de poderes, y libertad de prensa, entre otros estándares. Y al aprobar en 2001 la Carta Democrática Interamericana, renovando su doctrina vinculante y por apreciar en la región una suerte de vuelta atrás e inédita, a saber, el cese de las prácticas democráticas por parte de gobiernos democráticamente electos -era el caso de Alberto Fujimori, en Perú - entiende la OEA que lo postulado como desiderata era ya norma imperativa e insoslayable; sobre todo, después que la mayoría de los Estados miembros se sometieron a los dictados de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ese esfuerzo de decantación de la democracia, en efecto, sufre un grave revés con el advenimiento de gobiernos que optan por servir utilitariamente al eje Socialista del siglo XXI, con residencia compartida entre Caracas y La Habana, y al encontrar como interlocutor de conveniencia al secretario Insulza. Y de la misma manera que aquéllos deciden manipular a la democracia para vaciarla de contenido, éste le quita su teleología al citado principio de la No intervención, para que tales gobiernos pudiesen, a sus anchas, tremolar la idea de la soberanía a fin de encubrir sus violaciones a la misma democracia y a su columna vertebral, el respeto y garantía de los derechos humanos.
Insulza ha cohonestado los procesos de desmantelamiento democrático ocurridos en Ecuador y Venezuela, y ante la queja de sus opiniones públicas, víctimas del deterioro en los activos de la democracia, apenas declara que se trata, sea en el caso de Rafael Correa o de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, de gobernantes electos; cuyas gestiones, si acaso atraviesan por dificultades, en modo alguno han afectado al ejercicio de la democracia. Y al referirse, de modo específico, a la Carta Democrática y sus normas, opta por devaluarla, haciéndose el escurridizo, y al excusarse afirma que no le está permitido inmiscuirse en los asuntos internos de los miembros de la Organización.
En buena hora, recién, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus autonomías institucionales y a despecho del Consejo Permanente de la OEA -cenáculo político que reúne junto a Insulza a los violadores potenciales de la Carta Democrática- han decidido salvarla de su despeñadero.
A propósito de los Casos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional del Ecuador, sentenciados en 2013, la Corte declara la responsabilidad internacional de dicho Estado por haber destituido masivamente a sus jueces -como ocurriera en Venezuela en 1999- y señalada, en lo particular, que ello representa un atentado a la democracia que afecta gravemente el principio de independencia y autonomía de la Justicia, previsto en el artículo 3 de la Carta Democrática.
A su vez, la Comisión, al presentar su informe anual 2013, expide un informe especial sobre Venezuela para destacar como premisa que su gobierno también ha desconocido la Carta Democrática Interamericana al violentar su gobierno el Estado de Derecho y con ello menoscabar la autonomía de los jueces, tanto como por haber trastocado el principio de sujeción de los cuerpos armados de la república -la Fuerza Armada Bolivariana- a la autoridad civil legalmente constituida.
En suma, la Corte y la Comisión salvan a la Carta Democrática y el honor de las Américas, defendiendo a la democracia como derecho humano de los pueblos y al decir lo que ha negado Insulza, a saber, que tanto en la Venezuela de Maduro como en el Ecuador de Correa la democracia dejó de existir. Es algo, no poco.
*Exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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