viernes, 23 de mayo de 2014

Sebastiana Barráez Pérez: Extraña lista la de Rubio

LISTA. Es la presentada por el senador norteamericano Marco Rubio. Dice que son 23 nombres de sancionables por violación de derechos humanos, pero presentó 27: 25 de ellos altos oficiales, tres militares retirados (ahora gobernadores) y dos civiles. Algunos parecen haber sido incluidos por un pase de factura. El senador Rubio demuestra falta de información porque señala a algunos con cargos que hace tiempo ya no ocupan. Algo extraño hay en ella. Incluye al general Aref Eduardo Richany Jiménez, ex jefe de Cavim, quien tiene dos años fuera del cargo. Y seguido aparece otro oficial que estuvo relacionado a CAVIM, el general Julio César Morales Prieto, que hace más de un año entregó el cargo. ¿Qué tienen qué ver estos oficiales con las protestas estudiantiles y guarimbas que desde febrero suceden en el país? Menos aún el general Hugo Carvajal, que hace meses salió de la jefatura de la DIM y quien lo sustituye es el que lo sigue en la lista Gral. Iván Hernández Dala. Aparecen algunos jefes de los Comandos Regionales de la Guardia Nacional: Luis Alberto Arrayago (core 8), Franklin García Duque (Core 1), Arquímedes Herrera Ruso (Core 2), Manuel José Graterol Colmenares (Core 3), Octavio Chacón (core 4), Manuel Quevedo (Core 5). Otro es el vicealmirante Gustavo Colmenares, jefe de la Zodi Mérida. El GD Miguel Vivas Landino, jefe de la Redi Los Andes. Aquiles Rojas Patiño, comandante del regimiento Guardia del Pueblo. Sergio Rivero Marcano, comandante nacional de la Guardia del Pueblo. Antonio Benavides Torres, director de operaciones de la GNB; general Justo José Noguera Pietri, comandante general de la GNB. Los gobernadores: Vielma Mora (Táchira), Alexis Ramírez (Mérida), Henry Silva (Trujillo) y Francisco Rangel Gómez (Bolívar). La fiscal general Luisa Ortega Díaz. El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. El viceministro de seguridad Marcos Rojas Figueroa. General Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía. General Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional. Gustavo Enrique González López, director del Sebin. General Manuel Gregorio Bernal Martínez, que apenas estuvo un mes como jefe del Sebin.

EMISORA. Es Evolution 95.9 FM. Funciona en el Hotel Alba Caracas.  Es dependiente económicamente de José Gregorio Labino. La habilitación administrativa está en manos de 4 periodistas. Está plenamente identificada con el gobierno nacional. El martes ordenaron que los noticieros no fueran al aire. Botaron sin derecho a protesta a los 3 periodistas y al productor radial. Ahí no le paran a la inamovilidad.  No les pagaron nada. Ya les debían bono navideño y vacaciones.

BENEDETTI. El sensible Mario, poeta uruguayo un día escribió: “Cuando el no ser queda en suspenso/ se abre la vida ese paréntesis/ como una vagido universal de hambre/ somos hambrientos desde el vamos/ y lo seremos hasta el vámonos/ después de mucho descubrir/ y brevemente amar y acostumbrarnos/ a la fallida eternidad/ la vida se clausura en vida/ la vida ese paréntesis/ también se cierra/ incurre en una vagido universal/ el último/ y entonces, solo entonces/ el no ser sigue para siempre”.

ÚLTIMA HORA
  • 150 millones de dólares anuales paga Pdvsa en bufetes internacionales. ¿Y no ganan?
  •  Saldrán todos los presidentes de las empresas básicas (CVG).
  •  Al oficial de las detenciones de manifestantes, general Manuel Salvador Quevedo Fernández lo sacaron del Core 5. Lo insólito es que sale de un cargo de comando para uno administrativo.
  •  El gerente que vende los teléfonos Vtelca con sobreprecios, frente a la plaza Los Mangos de San Cristóbal, tiene el teléfono 0416-4783327.

ESTAFADOS.
Son casi 6 mil personas entre civiles y militares. Desesperados por adquirir un vehículo, creyeron en la oferta de La Venezolana. A finales de marzo 2014 se realizó una exposición casa incautos en las instalaciones del Fuerte Tiuna. El presidente de la empresa es Jhon Wilmer Quiroz Fonnegra habría metido sus manitos en otros dos casos donde más de uno salió engañado. Pero el abogado de Quiroz es un hombre habilidoso que siempre lo ha logrado sacar airoso. La Venezolana financiaba peleas de boxeo en Meridiano Televisión. Y patrocinaron juegos de playa en La Guaira. Ahora el Cicpc anda a la caza de los bienes adquiridos con el dinero de los estafados. Han lanzado varios allanamientos. Lo increíble es cómo la fiscalía no ha ordenado la detención de Quiroz ni de la directiva de esa empresa. El consuelo que les da el presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputado Claudio Faría, es que los estafados vayan a denunciar en esa instancia. Lo que le queda a Faría es averiguar quiénes son esos oficiales de la Fuerza Armada  que permitieron que Quiroz Fonnegra con La Venezolana ejecutara una estafa, que los apoyaron, los encubrieron, les facilitaron presencia en instalaciones militares y contribuyeron a que más de un militar cayera como incauto.

QUIÉN ES.
El 3 de junio 2003 Jhon Wilmer Quiroz Fonnegra llegó al Tribunal primero civil de Apure, cuando tenía 34 años de edad,  y dijo que él dizque nació el 9 de febrero de 1969 en San Juan, municipio Páez del estado Apure. Agregó que sus padres eran Eliecer Quiroz y Virgelina Fonnegra (quien vivía en Antioquia, Colombia, y desapareció en 1986), a quienes dizque se les olvidó asentarlo en la prefectura cuando nació. El juez notificó el 17 de junio al fiscal tercero. El 4 de agosto Jhon Wilmer presentó a los testigos Carmen Morelia Cravo Ortiz y Verónica Castro. Y es así como el 3 de septiembre, es decir, en sólo tres meses, sin prueba contundente, la juez Francia Mayela Carrillo Croce ordenó insertar la partida de nacimiento y así un individuo, que no se sabe de dónde vino ni quien es, pasó a ser venezolano.  Y ahora estafó a miles de personas.

CARROS.
Quiroz declaró en una asombrosa rueda de prensa que no había tal estafa porque ellos tenían 20 contenedores en La Guaira, uno en Puerto Cabello y dos más a punto de llegar. Si eso es cierto, apenas tendrían unos 70 vehículos, porque en cada contenedor no entran más de 2 vehículos. “Tres pequeños”, explicó un importador. La Venezolana no tiene licencia de importación para traer vehículos. Varios bancos concedieron créditos para la compra de esos vehículos. ¿Cómo es que el Estado no intervino ante el hecho de que un particular estuviese ofreciendo carros de importación? Los únicos autorizados en el país para traer vehículos son tres empresas del Estado: Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), adscrita al Ministerio de Comercio; la Corporación Venezolana de Guayana (CVG Internacional),  y Veneximca, adscrita a la Vicepresidencia de la República. No le está permito a empresas privadas importar vehículos. Los únicos carros que La Venezolana trajo fueron los que mostraron en exhibición y los pasaron rodando por la frontera y desde Colombia con visa de transeúnte.

EMPRESA.
La Venezolana es una concesionaria creada hace un año, en marzo 2013, según se revela en el blog la-tabla. Su capital: Bs. 300 mil. Sede: un apartamento en el piso 5 del edificio Motatán de La Rosaleda, San Antonio del estado Miranda. Los socios no aportaron nada en efectivo, sólo inventario de bienes. Ellos eran: José Ramón Briceño (49 años) y Yesnel Néstor Aceituno (20 años)  que es jugador de basquetbol en Panteras de Miranda. Siete meses después eran la gran revelación en Autoshow 2013. En diciembre cambian de socios. Sale Aceituno y entra Jhon Wilmer Quiroz y la abogado de 24 años Angelis Gibelli Quiroz (en otros aparece como Gutiérrez Subero), quienes asumen el 75 % de las acciones; la directora de Finanzas es: Neisa Castellanos. La Venezolana tiene sus oficinas en un galpón del km 9 de la carretera Panamericana. “Allí habían muchos militares, incluso los encargados de organizar a la gente por si había reclamos”.
 
@Sebastianab
 
 
Extraña lista la de Rubio
Sebastiana Barráez Pérez
Quinto Día. Caracas, 23 de mayo de 2014