Hoy, el Senado de EEUU le dará prioridad a la crisis política en Venezuela, la violenta represión del gobierno en contra de las manifestaciones pacíficas, y las acciones que deberá tomar el gobierno de EEUU para enfrentar la corrupción y estos abusos a los derechos humanos que son parte fundamental de la filosofía del régimen.
En la actualidad, la Venezuela bajo el presidente Maduro se caracteriza por tener la segunda tasa más alta de homicidios en el mundo, una corrupción desmedida junto a uso personal de los bienes del estado, una inflación del 57 por ciento que algunos sugieren puede ser aún más alta, una valoración mínima en el mercado de inversiones global, y una marcada escasez de productos básicos, hasta de papel higiénico.
La escasez de productos básicos es tal, que agregada al ataque frontal de Maduro contra la libertad de prensa –a través de la censura, la expulsión, la intimidación, y la nacionalización de entidades que una vez fueran independientes– silenciar a los medios se ha hecho más fácil en Venezuela debido a la falta del papel que utilizan los periódicos para imprimir.
A pesar de su vasta riqueza energética, una población bien educada y una historia democrática, Venezuela es un estado en decadencia. De hecho, el gobierno venezolano hace mucho tiempo que dejó de ser una democracia al no cumplir con sus responsabilidades bajo la Carta Democrática Interamericana, de la cual es signatario.
Desde el 4 de febrero, los venezolanos han protestado por la falta de oportunidades económicas, seguridad pública, por la libertad y por las necesidades básicas en Venezuela bajo Maduro, solamente para enfrentarse con una violencia brutal avalada por el estado. Maduro ha exaltado sus esfuerzos de “construir una policía nacional nueva, reforzando la cooperación entre comunidad y policía y la reestructuración de nuestro sistema penitenciario”. Lo que él no dice es que esta fuerza policial se ha desatado en contra de manifestantes inocentes, que esa “cooperación de comunidad-policía” no es otra cosa que grupos de pandilleros armados por el gobierno que deambulan por las calles en sus motos en busca de opositores del gobierno para atacarlos y matarlos, y que ese sistema de prisiones ahora sirve de hogar a prisioneros políticos, incluyendo a Leopoldo López.
Hasta la fecha, la bárbara represión del gobierno ha causado al menos 41 muertos que sepamos, más de 2,519 detenidos y hay por lo menos 80 casos documentados de torturados. Varias de estas atrocidades las han cometido miembros de la Guardia Nacional venezolana, un componente de las fuerzas armadas. Hay reportes adicionales de relaciones entre el gobierno y pandilleros armados, así como de oficiales y operadores de la inteligencia cubana que están trabajando a nombre del gobierno de Maduro para intimidar a los miembros de la oposición y llevar a cabo sus ataques contra los que protestan.
A partir del 17 de marzo, el gobierno de Maduro ha condenado a dos alcaldes electos democráticamente y está dando pasos para acusar a por lo menos tres alcaldes opositores y a la diputada María Corina Machado, miembro opositor en la Asamblea Nacional de Venezuela, recientemente destituida unilateralmente.
Las acciones de Maduro se le facilitan gracias a sus esfuerzos por subyugar la independencia de las instituciones venezolanas, incluyendo el poder judicial. Por ejemplo, 80% de los jueces venezolanos y 95% de los fiscales del ministerio público sirven bajo un estatus provisional que le permite a Maduro nombrarlos y quitarlos de un plumazo. Otros, supuestos defensores de los derechos humanos que deben ser independientes del sistema venezolano, tal como la defensoría del pueblo, han tratado de negar el uso de torturas contra los manifestantes.
Por estas y otras razones, es imprescindible que el Congreso estadounidense exponga la brutalidad de este régimen y adopte la Ley en Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Sociedad Civil 2014. Esta legislación bipartidista autoriza sanciones muy merecidas a las personas responsables por la violación de los derechos humanos en contra de manifestantes pacíficos en Venezuela, o que han dirigido u ordenado el arresto y enjuiciamiento de personas que han ejercido su derecho a la libre expresión y manifestación. Las sanciones del Congreso deben abarcar a individuos que han participado en planes de corrupción masiva y que han robado a las personas de Venezuela el derecho a una vida mejor y han apoyado el régimen tiránico de Maduro.
Este es el momento de tomar medidas para ayudar al pueblo de Venezuela a que responsabilice a los asesinos del régimen de Maduro y a los pandilleros por la violencia que se ha desatado contra ellos. Ha llegado el momento de pararnos al lado del pueblo de Venezuela y aumentar la presión contra el régimen de Maduro.
Senador republicano por la Florida.
Junto al pueblo de Venezuela
Marco Rubio.
El Nuevo Herald. Miami 7 de mayo de 2014
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