La tarde del sábado 10 ocurrió en el Tribunal 48 de Control de Caracas un hecho histórico. “Es la audiencia más grande en la historia de Venezuela que se ha realizado en un solo tribunal”, dijo ese día el director del Foro Penal de Venezuela, Alfredo Romero, al referirse al acto de presentación de 118 jóvenes detenidos en el campamento ubicado al frente de la sede del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (Pnud), el 8 de mayo. Casi ocho horas después se conoció la decisión del juez Nelson Moncada. A 108 se les aplicó medida sustitutiva con libertad y presentación cada 15 días; siete fueron privados de libertad y tres salieron a la calle tras el pago de una fianza.
Dos horas antes, en el Tribunal 2 de Control, el juez Néstor Herrera, falló que de los jóvenes capturados en la plaza Alfredo Sadel el 10 de mayo, 48 deben presentarse cada 30 días en el juzgado, tres fueron privados de la libertad, entre ellos la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, Sairam Rivas, y uno tiene que buscar quien pague una fianza.
A las 2 de la madrugada del mismo sábado, mientras funcionarios de mantenimiento limpiaban los alrededores de Altamira con agua y cepillo, el Tribunal 51 de control dictó medida sustitutiva de la libertad a 31 muchachos detenidos en Chacao, quienes deben presentarse cada 15 días ante el juez. Otros cinco jóvenes fueron enviados, con libertad plena, a rehabilitación por drogas.
Todos ellos, los que salieron a la calle o lo que se quedaron en las celdas del Sebin, forman parte de la cifra oficial de 243 jóvenes, de variopinto estilo, color de piel y procedencia social, quienes se mantuvieron más de mes y medio acampando, reducidos en zonas de dos municipios del Este de Caracas, en la continuidad de las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, quienes fueron capturados, sin que mediara orden de detención, por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana el día 8 de mayo.
Esa madrugada mojada del jueves 8 de mayo, comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana llegaron para detener a los jóvenes, destruir los campamentos y llevarse pertenencias de los muchachos. El relato recogido por El Nacional, señala que los efectivos militares emboscaron a los muchachos que dormían. Con navajas rompieron la tela de las carpas y, como si se tratara de animales de caza en el resguardo de la espesura del sueño, sacaron a los manifestantes a rastra hasta autobuses de transporte público, en los cuales los trasladaron Comando Regional N° 5.
Horas más tarde, la fiscal superior de Caracas, Marisela Lucena, reconocería que el Ministerio Público no recibió una notificación a tiempo para practicar el procedimiento efectuado contra los campamentos, donde de acuerdo con el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, se hallaron dos pistolas, dos escopetines, lacrimógenas, molotov, dinero en moneda extranjera y hasta porciones de drogas. Además, señaló el funcionario al diario Últimas Noticias, vecinos y trabajadores de los sectores donde estaban los campamentos denunciaron que había molestia y angustia por lo que allí ocurría.
“Son detenciones arbitrarias sin que medie ninguna orden de allanamiento o aprehensión”, destaca la presidenta de Fundeci, Elenis Rodríguez, quien compara la situación del jueves 8 con lo que sucedió este sábado 10 en un edificio de Los Palos Grandes, donde todos los apartamentos fueron allanados sin cumplir con los trámites legales, en búsqueda del responsable del asesinato del oficial de la PNB, Jorge Colina.
Rodríguez considera que tras la decisión de la Sala Constitucional del 24 de abril de este año, la cual regula el derecho a la protesta, se incrementó la represión y las arbitrariedades de las autoridades nacionales, por lo que alerta: “Ninguno estamos exentos de esta cacería de bruja”.
Castigos ejemplares. Este lunes 12 de mayo se cumplieron tres meses del punto más álgido de esta reciente historia de protestas que comenzó el 4 de febrero de este año. El 12 de febrero en Candelaria, cerca de la sede de la Fiscalía General de la República, fueron asesinados en circunstancias muy parecidas, con certeros tiros en la cabeza, pero no esclarecidas del todo, el dirigente de colectivos del 23 de Enero, Juancho Montoya, y el joven Bassil Da Costa, iniciando un proceso que hasta el domingo 11, acumula un saldo de más de 2.869 detenciones, 165 de privados de libertad (cifras del Foro Penal), cerca de 600 heridos y 42 muertos.
Para el coordinador de Investigación de Provea, Rafael Uzcátegui, tras tres meses de iniciados los eventos de calle, “el Gobierno quiere dar castigos ejemplares a las protestas por razones políticas para impedir el previsible incremento de las manifestaciones por razones sociales, debido al impacto negativo para la población de la aplicación de medidas económicas”.
El viernes 9, el director de Provea, Marino Alvarado, en una entrevista en Televen, destacó que la detención de los 243 jóvenes en los tres campamentos de Baruta y Chacao, demuestra que el Gobierno maneja muy antidemocrática la crisis del país, “echando gasolina al fuego de las protestas”, las cuales a su juicio no se detendrán.
Uzcátegui coincide con Alvarado. Precisa que tras la represión, “quizás algunos de los mecanismos que conocemos actualmente, como las escampadas, desaparecerán, pero surgirán otros”. Para el coordinador de investigación de Provea, la clave radica en que el Gobierno intenta que la protesta política y social no coincidan en el terreno. Pero advierte que la gente se está despolarizando y uniéndose en los problemas que les son comunes.
“Nosotros nos hemos acercado a reuniones de lado y lado, del Este y Oeste, y nos ha sorprendido el nivel de análisis de la gente sencilla, algo que no vimos en 2002, por ejemplo. Quizás la gente no comparta algunas estrategias de protestas como la guarimba, pero salvo una que otra opinión, coinciden en que sobran las razones para protestar. En las bases del chavismo repiten: ‘Soy chavista, pero no madurista´. Allí hay un nivel de descontento que es importante reconocer”, afirma Uzcátegui.
De acuerdo con un estudio efectuado por la firma Croes, Gutiérrez & Asociados, en abril de este año, que incluye la realización de 1.200 encuestas en zona rural y urbana del país, 61,3% de los entrevistados considera que sí ha habido violación de los derechos humanos en las protestas. Sin embargo, si se divide por simpatía política, da otra lectura. 62% de los chavistas niegan que eso haya ocurrido, contrario a 65,4% de los autodefinidos como neutrales y 87% de los opositores que sí ven violación de los derechos humanos. El estudio de campo fue contratado a la empresa Ivad
El muchacho que caminó sobre la policía. Hacía 73 días de aquel episodio. El muchacho con suéter blanco, jean y morral blanco y negro se acercó al piquete policial apostado el 12 de febrero en las cercanías de la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo. En un momento el joven andaba, como si de una caminata lunar se tratara, haciendo equilibrio sobre los escudos de los funcionarios de la brigada de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En otro instante se encontraba en el suelo, sometido por los efectivos. Luego, la imagen del programa Zurda Konducta de Venezolana de Televisión, lo muestra cuando era entregado a una señora que dijo ser su mamá, aunque su verdadera madre estuviera a más de seis horas de viaje de ese lugar. En aquel instante se pensó que era un infiltrado.
Su nombre: Douglas Edoardo Morillo Bonive, de 22 años, estudiante del octavo semestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), dirigente estudiantil y militante del partido Un Nuevo Tiempo.
73 días después de aquel episodio, la tarde del sábado 26 de abril, un videoaficionado capta cuando dos polinacionales se llevan a quien se identifica como Douglas Morillo en una moto. Iba sin camisa, en jean y con guantes en las manos. Desde entonces pasó por una celda de la PNB en Catia y de allí a la sede de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, donde se encuentra tras ser imputado por los delitos de asociación para delinquir, instigación pública y tenencia de artefactos explosivos.
Douglyana Morillo, hermana del apresado, contó al diario Tal Cual que el lunes 28 de abril lo llevaron al juzgado, donde afirma se realizó un “juicio amañado”, en el cual el Ministerio Público, representado por la fiscal Nereida Correa, debía consignar pruebas, cosas que “nunca sucedió”. Pero ese mismo día se elaboró una nueva boleta de detención con los mismos cargos.
La jueza Carrillo había ordenado recluir al estudiante en la cárcel de Coro, pero dos días después se presentó nuevamente en el tribunal y, tras escuchar a las partes, decidió atender la solicitud del Foro Penal y dejarlo en la sede de Sebin, donde debe esperar el transcurso de los 45 días que tiene la Fiscalía para realizar la investigación y proceder a la acusación, según contó Douglyana Morillo en su cuenta Twitter.
En un momento dado se corrió la versión, sustentada en un tuiter del director del Foro Penal, Alfredo Romero, de que Morillo había sido enviado a Tocuyito, pero no fue así, a diferencia de otros grupos de jóvenes capturados también que sí fueron encarcelados en prisiones donde se encuentran delincuentes comunes, como Yare y la cárcel de mujeres Inof, en Los Teques.
El presidente de la Fundación Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diaminti, contó el sábado a través de su Twitter, que hasta el viernes compartió celda con Morillo y Rosmit Mantilla. “Ahí me contaron todas las injusticias que han vivido”, señaló el ya liberado dirigente de la organización de derechos humanos. La familia de Morillo dice que para los órganos de seguridad el joven encarcelado es un trofeo.
Tratos crueles y tortura. En un informe elaborado por el diputado Miguel Pizarro, se recogen testimonios de torturas y malos tratos de jóvenes apresados. Señala el diputado que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informa que el Ministerio Público ha recibido 145 denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos.
La mayoría de los autores de los malos tratos son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Ocurren en el momento de la captura de los manifestantes o cuando los llevan a prisión. En muchos casos, la violencia provoca heridas y los manifestantes son trasladados hacia centros de salud para luego continuar detenidos. Resulta frecuente la tortura psicológica, las acusaciones de siembra de evidencias y de pérdida de las pertenencias de los ciudadanos.
“Fui golpeado brutalmente (patadas en el cuello, golpes en las costillas, golpeado con el casco del guardia y luego apuntado con una escopeta en mi cabeza) mientras me decía “Caprilito, Caprilito aquí está tu libertad”, contó Ariel Abreu, estudiante zuliano, residente del sector La Paragua de Maracaibo.
Con el paso de los días, nuevos casos se suman a los relatos que componen la sinfonía de denuncias sobre la represión de las autoridades venezolanas a la protesta, un acto continuo que se inició el mismo día de gloria del chavismo, el 4 de febrero, pero que, por ahora, no marca fecha de vencimiento.
César Batiz
PRODAVINCI. Caracas 13 de mayo de 2014
