Diario El Tiempo de Bogotá.
25 de marzo de 2014
Las recientes decisiones judiciales contra líderes opositores son una señal más de que Venezuela transita, lamentablemente, por la senda que conduce al totalitarismo.
En medio de la confusión y los capítulos de caos que por estos días se pueden apreciar en Venezuela, algunas certezas se consolidan. Lamentables certezas.
Por ejemplo: cada vez es más claro cómo el Estado de derecho se desvanece a pasos agigantados. La separación de poderes quedó en el pasado: el chavismo controla la Asamblea Nacional, el poder judicial y la autoridad electoral, entre otros. La libertad de prensa agoniza. Y como si lo anterior no fuera de por sí suficiente para advertir sobre un totalitarismo en ciernes, un paso más se ha dado en esta nefasta dirección: poner en la mira de los tribunales a las voces que ejercen su derecho a disentir desde cargos de elección popular.
Tan grave y alarmante como las denuncias de abusos de las fuerzas oficiales a la hora de enfrentar las marchas de protesta de los estudiantes, o la decisión de mirar hacia otro lado cuando entran en escena los temidos colectivos motorizados, es la manera como se ha actuado contra líderes políticos que han decidido marcar distancia de Miraflores.
Nos referimos a la reciente detención de dos alcaldes opositores, Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Vicenzo Scarano, de Carabobo, y a la decisión, comunicada ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de retirarle a la diputada María Corina Machado su estatus de parlamentaria por haber intentado exponer ante la OEA su punto de vista sobre la situación de su país, propósito para el cual contaba con el apoyo de la delegación panameña, dispuesta a reconocerla como su representante alterna.
Así, funcionarios intimidan –y más de una vez cumplen sus amenazas, como en el caso de Leopoldo López– parados sobre la certeza de que los tribunales cumplirán a pie juntillas cualquiera sea su determinación contra el señalado de turno, sin el más mínimo recato, sin el menor esfuerzo por, cuanto menos, conservar las apariencias. En el caso de Scarano, fue separado de su cargo en tiempo récord y condenado a diez meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia. La razón: habría desacatado una medida cautelar de esta corte que obliga a los mandatarios a colaborar en la prevención de disturbios, no obstante estos carezcan de facultades legales para ejecutar dicha tarea. La justicia queda así reducida a apéndice del Ejecutivo, a ser su perro de presa.
Como varios observadores lo advirtieron en su momento, era muy alto el riesgo de que ante tan compleja coyuntura como la que hoy se vive al otro lado de la frontera, el gobierno de Maduro optara por el riesgoso camino que termina en un régimen totalitario. Una ruta que es bien conocida por Cuba, cuya influencia sobre Caracas se hace más evidente conforme aumentan los líderes opositores en las celdas.
La democracia, valga recordarlo, no se limita al voto. Una democracia plena y vigorosa requiere un conjunto de garantías para las minorías que no comulgan con quienes ostentan el poder, por no hablar del respeto a derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Así, con una prensa cada día más acorralada y una justicia a la caza de voces disidentes, el debate público se hace cada vez homogéneo, restringido a voces con el visto bueno oficial. Un escenario que puede ser, además de los intentos totalitaristas, el detonante de nuevos capítulos de violencia en las calles. Ojalá estas nuevas realidades logren, por lo menos, por ahora, voces de rechazo mucho más enérgicas de los países del área que, a su vez, lleven a librar al pueblo venezolano de esta triste disyuntiva.
EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co
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