Venezuela dispone del más automatizado y confiable sistema de sufragio y conteo de votos en América. ¿Por qué entonces Ciudadanía Activa -una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos- ha dirigido a la ONU, a la Unión Europea, a la OEA, a la Unasur y al Mercosur una Carta Pública solicitando su intervención y presencia a efectos de supervisar el cumplimiento de las garantías electorales que están establecidas en la Constitución y las Leyes? ¿Es acaso que el sistema no es tan confiable o son otros los problemas?
En asuntos electorales es usual distinguir la trampa -consecuencia del cambio en los resultados numéricos de la consulta electoral- del fraude, que se entiende más bien como actividades antes del acto de votación encaminadas a coaccionar, dirigir y cambiar la voluntad política del votante. Pero existe una tercera fuente de irregularidades de las que habitualmente no se habla y que suelen ser consideradas parte del fraude, pero que en la Ley están tipificadas como delitos electorales que, en algunos países -como Venezuela, por ejemplo- están penados con prisión pues, como su nombre lo indica, quienes los cometen son considerados delincuentes, en especial si son funcionarios públicos, aunque se trate de militantes políticos.
En Venezuela todas las encuestas -todas, repito, las del gobierno también- indican más de un 80% de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y todas coinciden en señalar que si la oposición va unida, y vota, no puede perder las próximas elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Nacional. Pero -y ese es el gran pero- todas las encuestas también coinciden en señalar que cerca de un 25% de los votantes de la oposición son renuentes a participar del acto comicial porque están convencidos -y no sin razón- de que el gobierno cometerá trampa, fraude, y delinquirá para no aceptar la derrota electoral.
La trampa en Venezuela -en el sentido estricto arriba mencionado- es difícil porque el sistema automatizado funciona bastante bien y contra ella hay dos grandes remedios: el voto masivo y la vigilancia que los partidos opositores ejercen sobre el propio acto electoral con sus testigos y auditorías.
Con el fraude el problema es distinto y más delicado. La experiencia en Venezuela es que quienes están encargados de ejecutar esas maniobras violentas e intimidatorias son grupos paramilitares (que el gobierno llama “colectivos”) quienes -con la complicidad de las Fuerzas Armadas encargadas de custodiar los comicios- se ocupan de generar enormes tensiones y pueden ser causantes de muchos problemas puntuales dentro y fuera de los centros de votación el día de la elección. Hasta ahora, y durante los últimos 16 años, esos grupos han sido generalmente enfrentados con éxito por los votantes que no se han amedrentado y se han mantenido en sus colas hasta lograr con valor y determinación, emitir su voto.
Pero con los delincuentes electorales el problema es mucho mas grave y difícil de enfrentar sin ayuda de la comunidad internacional. Casi por definición, quienes cometen los delitos electorales son altos jerarcas del régimen que cumplen importantes funciones de gobierno. Son mucho más peligrosos y dañinos porque tienen el poder para atentar contra los principios esenciales de objetividad, transparencia, igualdad y libertad que caracterizan un sistema electoral en democracia, promoviendo así la desesperanza con absoluta impunidad y generando la tan ansiada abstención en la que el gobierno confía para no perder las elecciones.
El ejemplo más claro de este tipo de delito es el amedrentamiento a la población, como el que realizó el presidente Maduro antes de las elecciones municipales del año 2014 al decir -por cadena nacional- que tenía perfectamente identificados, hasta con los números de sus cédulas de identidad, a los 910.000 chavistas que no habían votado por él en las elecciones presidenciales.
En Venezuela el voto es secreto y no sólo por mandato constitucional, fundamentalmente porque la oposición ha trabajado fuertemente para proteger y garantizar ese derecho, pero es evidente que cuando el presidente de la República dice por cadena nacional que tiene identificados a los chavistas que no votaron por él, son muchos los ciudadanos -chavistas o no- que piensan que eso puede ser cierto y le temen a las represalias que el gobierno pueda tomar.
El gobierno militar tiene perdidas las próximas elecciones y está desesperado. Esta es una realidad que debe alertar a la comunidad internacional y llevarla a trabajar activamente por tener una presencia importante en el venidero proceso electoral a efectos de facilitar una transición en paz en Venezuela.
Serán la oposición y los ciudadanos quienes cuiden y hagan valer los resultados electorales, pero es evidente que la presencia internacional puede contribuir a que al menos estos delitos no se perpetren con la desfachatez con la que se han venido cometiendo. Naciones Unidas, OEA, Unasur y Mercosur tienen una enorme responsabilidad ética y política.
Leonardo Pizani
Garantías electorales para Venezuela
Infobae. Buenos Aires, 9 de mayo de 2015
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