El anuncio de Felipe González internacionaliza definitivamente la crisis venezolana. Es una buena noticia, aunque cueste imaginarlo litigando en Venezuela como propuso. Por una parte porque no sorprendería que el gobierno de Maduro le impida entrar al país. O bien que le prohíba ingresar al tribunal y realizar trámites judiciales, ya sea por razones migratorias, técnicas o de cualquier otra índole. Nadie tiene la creatividad argumental del chavismo, sobre todo cuando se trata de despojar a sus opositores del debido proceso.
Por otro lado, seria improbable una defensa legal en el sentido estricto del término. La naturaleza de los juicios en marcha pertenece más bien al mundo de la ficción jurídica. Las audiencias de Leopoldo López, por ejemplo, a menudo duran más de 12 horas, finalizando a altas horas de la madrugada. Dada la inmaterialidad de la evidencia, el tribunal se ve imposibilitado de juzgar a López por sus acciones. Juez y fiscal, en equipo, entonces lo juzgan por sus palabras.
Es un proceso simplemente absurdo, con guardias armados apuntando a los asistentes, los familiares de los acusados. Puede incluir, como ha sucedido, a una profesora de lingüística testificando acerca de la verdadera intencionalidad de López en función del estudio de su discurso. La escena se transforma en un espectáculo grotesco cuando la experta analiza la presencia de violencia subliminal en el lenguaje político del reo. El carácter positivo del Derecho masacrado; Kelsen estaría retorciéndose en su tumba.
González se ofrece como abogado defensor, pero su defensa más importante será poniendo el conflicto venezolano definitivamente en la agenda europea y diciéndole al chavismo que archive su retórica de progresismo y socialismo. La intervención de Felipe González es un señalador, revela más de lo que produce, pero enhorabuena que ha ocurrido. Por supuesto que el mensaje también tiene destino interno. Como buen hombre de partido, le pasa un hierro caliente a Podemos. Sin nombrarlos, está hablando de los cheques chavistas. Pedro Sánchez, agradecidísimo.
A partir del gesto de Felipe González, el titular a reproducir en la portada de los periódicos debería decir que la causa de los presos políticos venezolanos es ahora, finalmente, la causa de la socialdemocracia europea. La ocasión es importante, porque el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro, dice el mismo sinsentido que Insulza decía hace más de un año: que los venezolanos deben resolver su propia crisis y que América Latina ofrece buenos ejemplos de “democracia participativa”.
La mera existencia de presos políticos, las condiciones violatorias de sus arrestos, las torturas y la falta de garantías en sus juicios deberían generar dudas acerca de la posibilidad de los venezolanos de resolver su propia crisis y sobre el carácter “participativo” de la democracia a la que alude Almagro. Y eso como mínimo, pues la OEA hace tiempo que por cada paso hacia adelante, da dos hacia atrás. Sigue presente el viejo recuerdo de la OEA enfrentándose a Videla y Pinochet, nada menos, por los derechos humanos. Eran otros tiempos.
Es que la defensa de los principios democráticos y la solidaridad de la comunidad internacional han sido insuficientes, por decir lo menos. Es una historia compleja y moralmente reprochable, por cierto, marcada por la manipulación de los principios en función de conveniencias burocráticas, subsidios petroleros o simplemente por burdo oportunismo y falta de convicción. Y no es solamente la OEA, siendo que en Venezuela la violación de derechos no empezó ayer. Piénsese que la publicación—y léase, delación—de los nombres de los firmantes del referéndum revocatorio ocurrió en 2004, once años atrás. Desde entonces, esas personas son discriminadas hasta cuando peticionan un crédito bancario.
En 2007, por ejemplo, el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga fue de los primeros en llamar la atención sobre la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela y la intimidación sufrida por los opositores. Quiroga no tuvo demasiados seguidores entonces. Quizás solo en el Parlamento Europeo, cuando sus miembros comenzaron a expresar preocupación ese mismo año. El chavismo había perdido el primer referéndum constitucional para la reelección indefinida y comenzó su estrategia para revertirlo como fuera, es decir, con más intimidación.
Lo curioso es que la reticencia a denunciar los abusos del chavismo no cambió demasiado ni siquiera en 2014, a pesar de las masivas protestas, los muertos, los arrestados y los torturados. Solo un puñado de expresidentes, y casi ningún presidente en ejercicio, se animaron a expresar solidaridad con las víctimas y sus familias. Al nombre de Quiroga, se podrían agregar los de Arias, Cardoso, Hurtado, Pastrana, Toledo y no muchos más.
Lo que hoy puede brindar Felipe González es por ello enormemente valioso: los derechos humanos volviendo al tope de la agenda latinoamericana y por medio del PSOE. Hay quienes esperan una masiva declaración en apoyo a los presos políticos venezolanos en Panamá esta semana, ahora sí, firmada por decenas de expresidentes latinoamericanos. Sería un círculo virtuoso. Como en las transiciones latinoamericanas, cuando Felipe González gobernaba y los progresistas latinoamericanos, perseguidos como López y Ledezma, encontraban en España solidaridad y legitimidad.
Pero como se trata de una calle de dos vías, no puede olvidarse que este es un año electoral en España. Tal vez un poco de esa legitimidad vaya en esa dirección, Venezuela le sirva al PSOE para reafirmar el propio concepto de social democracia y, en el camino, recuperar la propiedad de un espacio político amenazado, curiosamente, por una cierta versión peninsular del chavismo. En ese caso, además de virtuoso, el círculo sería completo.
Héctor E. Schamis
Felipe González, Leopoldo López y Antonio Ledezma
El País. Madrid, 5 de abril de 2015
Los mejores artículos de opinión sobre Venezuela
