Sal y agua
RAMÓN GUILLERMO AVELEDO
Globovisión. 2 de mayo de 2014
Con el aumento del 30% el salario mínimo alcanza Bs. 4.251, pero para el Cenda la Canasta Alimentaria Familiar llegó en marzo a Bs. 9.986,67, o sea, más del doble; y la Canasta Básica cuadruplica el salario mínimo aumentado al montar Bs. 17.572,50.
Los datos oficiales del Banco Central y el INE, vestidos del lenguaje de la “guerra económica” y otras consignas y siempre más conservador que el Cenda, ubicó la inflación anual de 2013 en 56.3% y estimaba que “antes de finalizar el primer trimestre (de 2014) las medidas tomadas impactarán positivamente la estabilidad de los precios y la escasez”. No ha sido así. El índice de escasez, del propio BCV sigue en ascenso.
El incremento en el salario mínimo una noticia bienvenida por quienes lo reciben y considerado “moderado y razonable” por Fedecámaras, pero se refiere a un síntoma de la enfermedad de nuestra economía y no a la enfermedad en sí misma. La pérdida de poder adquisitivo del salario se ataca en sus causas. Producimos menos, importamos más y no hay suficientes divisas para importar, por lo tanto escasean los productos y aumentan los precios. Al tener el público un poco más de dinero para comprar, aunque su aumento sea la mitad de la inflación hasta ahora, aumentará la demanda de una oferta de bienes que no sube. Por lo tanto, suben más los precios.
El “respiro” dado a los centros comerciales, una actividad muy empleadora que viene muy golpeada, solo alcanza para reducir el impacto negativo producido en ellos por medidas que antes tomó el mismo gobierno. Una rectificación que se saluda, claro, pero lo que hay que revisar es la noción política y económica que las produjo. Con la excusa discursiva de superar el rentismo, vivimos un hiper-rentismo de niveles sin precedentes.
Las rectificaciones han de ser mucho más profundas para proteger la calidad de vida de los venezolanos. Su salario, sus puestos de trabajo, y defenderlos de la escasez. En el contexto del diálogo político, entregó la Mesa de la Unidad al gobierno su análisis técnico del Plan de Pacificación.
La inseguridad es un tema que reclama entendimientos y acciones. Los gobernadores y alcaldes de la Unidad, como es su deber, participan en los planes nacionales y están obligados a coordinar, como el Ejecutivo Nacional está obligado a hacerlo con ellos, pues se trata de competencias concurrentes. Pero para abordar el tema seriamente no se puede ignorar el dato protuberante de la impunidad, la cual alcanza un 98% en cifras oficiales del Ministerio Público. Hay muchas causas para el auge del delito en Venezuela, pero entre ellas sobresale que no hay castigo.
Independencia y estabilidad para jueces y fiscales, respeto a las competencias de gobernadores y alcaldes y trabajar con ellos, respaldo a las políticas de prevención que deben ser más sólidas, manejo de los establecimientos penitenciarios de acuerdo a la pauta del 272 constitucional son líneas maestras.
También recomendaciones concretas y prácticas como aumentar el número y la formación de los funcionarios policiales, modificación de la resolución del Ministerio de Defensa en 2011 que limitó el armamento de las policías estadales y municipales, poniéndolas en desventaja con relación al hampa. Pisar el acelerador en materia de aplicación de la Ley Desarme a todas las bandas armadas, una materia en la cual debería procurarse cooperación internacional para su verificación. El desarme, obviamente, debe incluir a las bandas de internos encabezadas por los “pranes”.
La escogencia, este año, de un tercio de los magistrados del TSJ, así como los titulares de Fiscalía General y Defensoría del Pueblo dan una buena oportunidad de mostrar voluntad política para avanzar de verdad en el deber del Estado de dar seguridad, paz y tranquilidad a todos los venezolanos.
Ocho de cada venezolanos apoya el diálogo. También lo hace el mundo entero. Cuando posiciones tan divergentes dialogan, los acuerdos no son fáciles. Pero los resultados son necesarios, algunos reveladores deben ser tempranos, para que se pueda apreciar la utilidad del diálogo y este pueda perdurar, para ir abordando y resolviendo los temas más exigentes.
El diálogo no es la abolición del debate político sino una de sus posibilidades. Comprensión en la sociedad hacia los actores del diálogo hace falta, y en éstos, comprensión de su enorme responsabilidad. Un fracaso del diálogo sería terrible para Venezuela.
Los mejores artículos de opinión sobre Venezuela
