El pasado jueves, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró durante su programa de radio semanal que era necesario avanzar en la regulación de las redes sociales en su país. La excusa para plantear el control de la libre expresión de los ciudadanos a través de Twitter o Facebook era denunciar los presuntos rumores extendidos a través de las redes sobre el secuestro de menores en Venezuela, que una vez más le sirvieron a Nicolás Maduro para acusar y descalificar a la oposición.
Ortega aseguró que no se trata de “coartar la libertad de expresión”, sino de regular la conducta del hombre en sociedad. Tras la amenaza de este cargo público, que debería ser independiente del poder político pero en realidad es una subalterna del Ejecutivo, se han encendido todas las alarmas.
Habría que recordar el caso de Inés González, apodada “Inesita la Terrible”, que se encuentra encarcelada por haber tuiteado contra el presidente Maduro. Es un precedente contra la libertad de expresión absolutamente impensable en un país con un mínimo de garantías.
Después de haber cerrado, asfixiado o haber provocado la venta de la mayoría de medios críticos contra el chavismo, las redes sociales se han convertido en la última trinchera de la libertad de expresión en Venezuela. Es paradójico que Twitter, la red que tanta exposición le dio a Hugo Chávez, llegando a convertirse en uno de los políticos del mundo con más seguidores, se haya convertido en el caballo de batalla de su sucesor para tapar la boca a los que le critican.
Lo único esperanzador es que en estos tiempos la comunicación y la tecnología llevan un ritmo tan vertiginoso que ningún gobernante con ínfulas totalitarias va a poder frenar.
Diario Las Américas
Editorial
Maduro contra Twitter
Diario Las Américas. Miami, 27 de marzo de 2015
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