Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, electo por segunda vez con el 51% de los votos de los habitantes de la Gran Caracas, capital de Venezuela, acaba de ingresar en calidad de imputado por conspiración a la Cárcel Militar de Ramo Verde.
Secuestrado por funcionarios sin rostro -que eso es lo que ocurre en propiedad al y al negarse éstos justificar su acción represora restrictiva de la libertad del burgomaestre, huérfanos de un mandato judicial- en lo adelante le hace compañía a los otros 62 presos políticos y de conciencia que mantiene tras las rejas el régimen militar que preside el civil Nicolás Maduro y comparte con el teniente del Ejército Diosdado Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional.
Igual suerte le espera, según se dice, a la diputada María Corina Machado, cuya representación le fue arrebatada mediante otro golpe a la Constitución; en una suerte de razia sobre los activos de la oposición democrática que también alcanza al diputado Julio Andrés Borges, dirigente fundamental de la Mesa de la Unidad Democrática.
El atropello lo anuncia y celebra su autor principal, Maduro, desnudando su desprecio profundo por la separación de los poderes y la independencia de la justicia. Afirma, no obstante, que quien da la orden del carcelazo es el Ministerio Público, ignorando que es incompetente para ello y sólo se le informa del desafuero luego de ejecutado, para que lo santifique con actuaciones posteriores. Por si fuese poco, la violación manifiesta que ocurre del Estado de derecho alcanza a la libertad personal y e inviolabilidad del recinto privado de la persona de Ledezma, que a la sazón tiene lugar mediante un blackout informativo previo -cadena presidencial de radio y televisión- a fin de impedir que la opinión nacional se enterase del atropello contra el poder municipal metropolitano y la soberanía de los habitantes de la metrópolis.
Arguye Maduro una tesis a prueba de iletrados, a saber que la tetrarquía opositora integrada por Machado, López y Ledezma, ha firmado una semana antes un manifiesto golpista, santo y seña para que la Fuerza Armada y el pueblo se levanten contra su Gobierno. Se trata de un documento que hace apología de la democracia y que pide lo que es legítimo en toda democracia: demandar de los gobernantes corrección o renuncia cuando se revelan incapaces para sostener la gobernabilidad; ofrecer alternativas políticas, económicas y sociales que eviten al pueblo mayores sufrimientos, en la emergencia económica y social que vive Venezuela; en fin, invitar al país a que dialogue y se acuerde sobre las vías constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales pertinentes para encontrarle solución de drama a una tragedia en apariencia insoluble.
El golpe democrático a Maduro, por los firmantes del llamado Acuerdo Nacional, en suma, se reduce a constatar lo que es máxima de la experiencia: 1) La devaluación del bolívar en un 2.600%; 2) la inflación de casi 100%, la más alta del mundo; 3) La caída de los ingresos nacionales en 35.500 millones de dólares, imposibles de subsanar con unas reservas que apenas llegan a 20.750 millones de dólares; 4) La falta de dólares para importar los bienes de primera necesidad de la población y de un aparato productivo interno que, por confiscado, es hoy un cementerio; 5) En fin, la deuda pública de 147.000 millones de dólares, luego de “rumbearse” la revolución, sin dejar obra cierta, la astronómica cifra de 1,2 millardos de dólares.
Todo ello por el empeño de Maduro -como “Tarazona” de los hermanos Castro- de cuidar un modelo político y económico marxista, expresión histórica regresiva de los mayores fracasos vividos por la humanidad en el siglo XX.
Ante todo eso, la protesta y la afirmación de creencias cabalmente democráticas derivan para éste y los suyos en golpismo puro y duro por la miopía suicida que les incapacita ver el abismo hacia el que nos empujan como colectivo, ellos incluidos.
Maduro y Cabello reinciden obtusos en sus yerros y espantan fantasmas que los hacen presa. Creen que adelantando las elecciones y jugando en soledad, para ganar con el 61% que un pajarito le revela al primero mientras duerme, basta para contener la rabia popular que une al país por encima de sus diferencias y añejas polaridades.
Numa Quevedo, ministro del Interior de Wolfgang Larrazabal, en 1958, ante una situación de desesperación social que vivía Venezuela luego de caer la penúltima dictadura, le dice a éste que la única alternativa a la vista es “plomo o plata”, y así nace el Plan de Emergencia. Pero ahora no hay plata y el régimen ofrece plomo y cárcel a la oposición. Maduro, aun así, dice que aspira vivir 90 años y servirle al país por siempre. Eso lo dice, mientras sus esbirros secuestran a Ledezma
Asdrúbal Aguiar
La soberanía secuestrada en Ramo Verde
Diario Las Américas. Miami, 23 de febrero de 2015
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