La relación entre civiles y militares siempre ha sido, por definición, enigmática. Cada sector encerrado en un compartimiento estanco. Incomunicación peligrosa, que parecía haber comenzado a desaparecer a partir de enero de 1958. La democracia que nacía era civil y se sostenía en el imperio de la civilidad, con un corolario fundamental: los hombres de uniforme admitían la sumisión del poder militar al gobierno civil. Y así, durante muchos años, daba la impresión de que la amenaza de un golpe militar había sido sepultada para siempre en el baúl de los olvidos.
Ya sabemos lo que pasó después. La intentona golpista del 4 de febrero y su secuela aérea el 27 de noviembre tuvieron un impacto devastador en el ánimo de la nación. Era evidente que el sueño de la estabilidad democrático había terminado. Quizá por eso, en su discurso de su primera toma de posesión, Chávez glosó la más famosa frase de Clausewitz, “la guerra es la política por otros medios”, por otra sorprendente entonces: “la política es la guerra por otros medios.” Precisamente lo que hizo durante 14 años. Gobernar como si estuviéramos en guerra. Entre otras razones, porque Chávez resultó ser un auténtico jefe militar. Sus órdenes, sencillamente, se cumplían al pie de la letra, sin chistar, como en cualquier cuartel del mundo.
El principal problema de Nicolás Maduro es que él no es, ni por asomo, un jefe militar, mientras que el régimen que heredó se ha venido haciendo cada día más militar. En la práctica, Maduro sufre lo que le ocurrió a José Vicente Rangel cuando Chávez decidió nombrarlo ministro de la Defensa. Ni siquiera pudo despachar desde la oficina del ministro en Fuerte Tiuna. Esa es la razón esencial de la actual inestabilidad estructural del régimen, sordamente puesta en evidencia a raíz del atroz asesinato de Robert Serra, la matanza del edificio Manfredir, el ultimátum de los llamados colectivos, la destitución sumaria del ministro Miguel Rodríguez Torres y de la cúpula de la policía científica, y la designación de Freddy Bernal como encargado de poner orden en los cuerpos de seguridad del Estado.
Desde el mismo instante en que se dio la noticia del doble crimen de La Pastora, Maduro usurpó las funciones de la Fiscalía al dar su versión personal y politizada del suceso. Nadie se lo ha creído, pero él tenía que hacerlo. En todo caso, la premura con que se adelantó a las investigaciones policiales, induce a pensar que sus declaraciones perseguían silenciar alguna verdad que no debía ser conocida. Lo mismo pasó con el ajusticiamiento televisado de José Miguel Odreman, cuyo motivo nadie se ha atrevido siquiera a mencionar. ¿Existe alguna relación entre un suceso y otro? ¿No era Odreman un hombre de confianza del poder político? ¿Por qué la exigencia de los colectivos, en lugar de atornillar a Rodríguez Torres en su cargo, produjo la fulminante destitución del ministro? ¿Tiene alguna significación la sustitución de la almiranta Carmen Meléndez por el general en jefe Vladimir Padrino López, quien además del ministerio conserva la jefatura del CEOE, pasando a ser el hombre más poderoso de Venezuela? ¿Se trata acaso de acorralar a Diosdado Cabello, teórico antagonista de Maduro en las alturas del poder político chavista, quien además es miembro del exclusivo universo militar? ¿Por eso este aumento inesperado de 45% en los sueldos de los componentes de la FANB?
Cada una de estas y otras preguntas parecidas engendran incógnitas adicionales. Por ahora mentiras a granel y muy pocas verdades de un enigma que Maduro, a toda costa, lo antes posible, tendrá que despejar. En ello se juega su permanencia en Miraflores.
Armando Durán
Maduro y el enigma militar
El Nacional. Caracas, 3 de noviembre de 2014
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