Tortura por Gusto
AMERICO MARTIN
El Nuevo Herald. Miami, 5 de abril de 2014
"La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado. No adoptar medidas para sancionarla comporta responsabilidad penal. Cualquier Estado puede reclamar la jurisdicción para conocer de los hechos, así le pasó a Pinochet en el Reino Unido".
Pedro Nikken
Ex presidente de la CIDH
Pese a sus operaciones mercantiles de salvamento, las autoridades cubanas siguen hablando de socialismo. Es un concepto alrededor del cual se estructuran la Constitución y el Estado, al igual que en China, donde todavía –sin mucho énfasis, desde luego- continúan adornando de socialismo sus vertiginosas decisiones liberales de mercado. Todos sabemos que mienten a conciencia. Todos, incluso ellos. ¡Pero cómo admitir un error pregonado con sangre por más de 60 años! No habiendo oposición ni medios en capacidad de defender la memoria contra el olvido, la falacia transcurre sin ser perturbada.
En Cuba o en relación con ella y por extensión en la Venezuela dominada por el chavismo, nació el concepto de Socialismo Siglo XXI. Su reconocido autor es Heinz Dieterich, con quien tuve un fructífero y cordial intercambio comunicacional, que se cortó bruscamente por circunstancias ignoradas por mí. Con rigurosa honestidad intelectual, Dieterich se convirtió después en crítico de los sistemas castrista y chavista.
En Cuba ya no se menciona la fórmula de Dieterich y en Venezuela, muy poco. Démosla pues por caída en desuso a sabiendas de que lo más grave es el abrupto naufragio del modelo mismo. El de Cuba, le reconoció el caudillo Fidel a los periodistas Jeffrey Goldman y Julia Sweig, no le sirvió ni a los cubanos. El de Venezuela entró en declive conforme al estilo del señor Maduro, vale decir, sin hablar de eso, sin mencionar nada y sin atreverse a reconocerlo. Bueno, al fin y al cabo Chávez y menos Maduro no se parecen en eso a Fidel y Raúl.
Ese extraño estilo madurista invierte el sentido del apotegma de Chou enlai dirigido a su huésped, el desconcertado Nixon:
"Presidente, crea en lo que hago, no en lo que digo".
Frase certera como se fue viendo en lo sucesivo, pero lo de Maduro más recuerda al trabucado Cantinflas, a quien había de creérsele lo que decía, no lo que hacía.
Decretó el hombre la muerte del "socialista" control de precios sin publicarlo en Gaceta Oficial, como para que sus seguidores no captaran la deserción y en cambio sí lo hicieran los empresarios cuyas inversiones quería estimular, pero a "lo Maduro". Por eso todo el esguince quedó descubierto.
Y no obstante los empresarios se quejan porque los ciegos del gobierno irrespetan puntualmente el acuerdo forjado con Maduro ¡alegando que no aparece en Gaceta Oficial!
El caso es todavía más extremo, contraproducente e irrisorio en el manejo oficialista del delicado tema de los Derechos Humanos y la conducta que asumen en situaciones tan emblemáticas como las de MCM y los alcaldes y gobernadores de oposición. Sus tortuosos laboratorios de guerra los acusan de promover el terrorismo ¡precisamente contra el gobierno más terrorista que hayamos tenido desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez!
Como el ladrón que grita ¡al ladrón! para que no se fijen en él, el gobierno venezolano ha entonado un intenso concierto de acusaciones para responsabilizar a sus víctimas de los fantasiosos delitos que les ha irrogado. Ejerce una agresiva dictadura mediática y controla los poderes del Estado. Lo sorprendente es que usa ese inconstitucional monopolio para justificar la tortura.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, declaró que al régimen lo exime de violar los derechos humanos el que la totalidad de los poderes avale su inocencia. Como decir que los aplausos de la mayoría parlamentaria oficialista o el respaldo de los ejes del totalitarismo estaliniano o nazi, fueran los más convincentes argumentos a favor de la inocencia de nadie.
Esa misma funcionaria quiso debilitar la abrumadora evidencia que acusa al gobierno de acosar disidentes y generalizar la tortura, alterando el significado de tan despreciable delito contra la humanidad. Debe entenderse por tal, dice la defensora –reflejando perfectamente la opinión dominante en el régimen- aquella práctica dirigida a obtener confesiones del maltratado. No pocas de las denuncias minuciosamente documentadas por el Foro Penal venezolano y demás organismos de defensa de los derechos humanos, contemplan expresamente ese caso, lo que bastaría entonces para mostrar el sendero que conduce a La Haya, pero lo peor es que aún así Ramírez tergiversa tendenciosamente la idea.
La Asamblea General de la ONU y la Convención Interamericana contra la Tortura –para mencionar solo dos eminentes organizaciones, entre decenas- no limitan el infame procedimiento al caso mencionado por la funcionaria del gobierno madurista, sino que incluyen muchos bestiales maltratos que no solicitan expresamente confesiones.
El régimen es propenso -como las autocracias de todos los tiempos- a borrar el pasado para acomodar la historia a sus cuestionados y estólidos procesos.
Nadie debería olvidar el comentario vertido por uno de los venezolanos más recios y honestos; un torturado a quien no pudieron arrancarle confesiones. Me refiero a José Agustín Catalá, quien pasado el techo de sus noventa años, es testimonio viviente contra la infamia.
Torturaban por desnudo sadismo –declaró Catalá- no por arrancar secretos.
El oficio de torturar. El gusto sádico de hacerlo, encaja en las más sombrías categorías subhumanas. Es la venganza contra quien defiende los derechos ciudadanos. Es la cobardía suprema del que procede con odio infinito porque se sabe protegido por el manto de la impunidad.
¿Puede entenderlo, señora Ramírez?
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