Fernando Ochoa Antich: Descontento militar

Descontento militar
FERNANDO OCHOA ANTICH
El Universal. Caracas, 27 de abril de 2014

Al surgir los Estados contemporáneos, estrechamente vinculados al nacionalismo, se vieron obligados a organizar Fuerzas Armadas profesionales, de carácter permanente, para imponer el monopolio interno de la violencia y garantizar la soberanía nacional. El descontento militar es un fenómeno sociológico que surgió en esas organizaciones militares. Sus causas fueron muy variadas, aunque casi siempre estuvieron vinculadas a razones profesionales y políticas. Los cuadros militares, al controlar las armas de la República, siempre han estado vinculados a los desarrollos históricos de cada uno de esos Estados. La evolución del Estado absoluto a democrático, durante el siglo XX, estableció un principio fundamental: la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, cuyo origen debe ser constitucional y popular. Este proceso en la América Latina sólo logró imponerse parcialmente a finales de los años ochenta.

En Venezuela, durante el gobierno de Cipriano Castro, se creó un Ejército de carácter permanente con la finalidad de restablecer la paz de la República y derrotar a los caudillos regionales. Se crearon, a  partir de la creación de la Academia Militar, un conjunto de valores en el orden profesional, entre ellos el espíritu de cuerpo, que permitió su unidad interna, aún en los momentos más críticos de nuestro devenir histórico. De todas maneras, el fenómeno del descontento militar se ha expresado, en distintas oportunidades, a través de graves hechos de indisciplina. Curiosamente, en Venezuela las insurrecciones militares, máxima expresión del descontento interno, se han manifestado normalmente a través de acciones ejecutadas por cuadros medios y no por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esta característica es muy particular en Venezuela, diferenciándose de otros países de la América Latina.

El primer golpe de Estado en Venezuela, utilizando a las Fuerzas Armadas, ocurrió el 19 de diciembre de 1908 al derrocar Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro. Sus causas fueron muy variadas, pero una de ellas fue el rechazo surgido en los cuadros militares tachirenses a la forma de gobernar del presidente Castro. A partir de esa crisis histórica, durante todo el siglo XX y principios del XXI, se repetirán permanentes  intentos de insurrecciones militares. En algunas oportunidades, el descontento militar no fue suficiente para aprovechar la crisis social y política; en otras circunstancias, coincidió plenamente provocando una ruptura institucional. Así ocurrió el 18 de octubre de 1945, el 24 de noviembre de 1948 y el 23 de enero de 1958. Al contrario, hubo un sinnúmero de conspiraciones y algunos alzamientos militares que fracasaron, entre ellos los que se originaron en los años 20, 60,  92  y 2002.

La detención de tres generales de la Aviación y de unos treinta oficiales de distintos grados indica que vuelve a repetirse el fenómeno sociológico que genera las tradicionales conspiraciones militares. La opinión pública percibe que dentro de la actual estructura militar debe estarse desarrollando algún tipo de tensión interna. Sus causas son muy variadas, pero definitivamente se han originado en las transformaciones planteadas, totalmente a la ligera, en las distintas reformas de la Ley Orgánica. Esos cambios han sido los siguientes: se ratificó la estructura organizativa centralizada en el presidente de la República, a quien se le concedió grado militar y mando efectivo y en dos grandes comandos: el Comando Estratégico Operacional y el Comando de la Milicia Bolivariana. El ministerio de la Defensa permaneció como órgano rector del sector Defensa, sin mando militar, transformándose fundamentalmente en una estructura administrativa.

Al mismo tiempo, se mantuvo la tendencia al fortalecimiento de la Milicia Bolivariana y al debilitamiento de las distintas Fuerzas, a las cuales se les redujo su capacidad administrativa y de mando. Además, se creó el oficial de milicia, con la posibilidad de optar a cualquier grado, permitiendo que ciudadanos sin formación militar pudieran pertenecer a sus cuadros, a objeto de evitar que los oficiales profesionales ejercieran, como venía ocurriendo, el mando de las unidades de milicia. Se estableció la posibilidad de que los suboficiales de tropa pudieran ascender a oficiales efectivos y se les concedió a los suboficiales profesionales de carrera el grado de oficiales técnicos, en base a su actual antigüedad. Estas transformaciones modificaron ampliamente la esencia profesional de nuestra Fuerza Armada y sus principales valores, siendo la causa, junto a la escogencia, sin suficientes méritos, de los ascensos, del actual descontento militar. La historia siempre se repite...

fochoaantich@gmail.com

@FOchoaAntich

 
          

Carlos Blanco: Tiempo de Palabra. Dictadura del sigloXXI

Tiempo de Palabra. Dictadura del sigloXXI
CARLOS BLANCO
El Universal. Caracas, 27 de abril de 2014

Dictadura del siglo XXIHa habido renuencia a denominar el régimen chavista como dictadura. Las razones son varias, pero las más importantes son que, por una parte, el término evoca en América Latina a Rafael Leonidas Trujillo, los Somoza, Pérez Jiménez o Pinochet; en segundo término, al sonar exagerado, dado el reconocimiento internacional que Chávez tuvo con su abundancia de elecciones y su proclamado amor a los pobres, la alegación podía perder credibilidad. Durante años -ya vamos para 16- el experimento venezolano gozó de cierto aprecio internacional o, al menos, el reconocimiento estimulado por lo que parecía un personaje pintoresco, exagerado, capaz de provocar la carcajada universal con su comparecencia en el podio de la ONU y olisquear el azufre dejado por el diablo George W. Bush. La mayor parte de la izquierda internacional se sumó al coro de alabanzas, fuese por la vía de la solidaridad ideológica o del convencimiento a través de la persuasiva chequera bolivariana.

Con el tiempo la percepción comenzó a cambiar, lo cual se aceleró con este año de Nicolás Maduro, sin el liderazgo de su padrino y con encomiable capacidad para la torpeza. Sin embargo, hay un importante problema conceptual y, para describirlo, muchos términos se han aplicado al régimen actual y a otros parecidos (el fenómeno no es nuevo). Quien esto escribe prefirió por un tiempo la denominación de neoautoritarismo. Por su parte, la academia ha sido muy prolífica en tratar de describir el bichajo, suerte de ornitorrinco politológico: autoritarismo electoral, autoritarismo competitivo, autoritarismo participativo, semi-autoritarismo, régimen híbrido, autoritarismo "suave", semi-democracia, autoritarismo democrático, democracia autoritaria y autoritarismo deliberativo. Seguramente hay muchos más. Han sido los dirigentes políticos más radicales los que se han atrevido a hablar de dictadura, aunque el término no ha gozado de mucha suerte entre expertos y dirigentes. Veamos el fenómeno.



EL CASO DE FIDEL CASTRO.

El régimen cubano es una dictadura. No hay dudas en el asunto para los sectores democráticos del mundo; pero para la izquierda, aun la que no está muy de acuerdo con la familia Castro, es como diferente, con matices. Fidel no es Pinochet, parece decirse. No muchos habrían querido retratarse con el chileno, pocos dejaron de hacerlo con el cubano, incluido quien esto escribe.

Se puede sostener la siguiente hipótesis. La revolución cubana, al comienzo, pareció alcanzar lo que los líderes históricos de la democracia latinoamericana, como Rómulo Betancourt y Víctor Raúl Haya de la Torre, se habían propuesto: una revolución antiimperialista y nacionalista; la afirmación de la nación frente a EEUU y sus políticas intervencionistas, armadas o no. Sin embargo, en el momento en que Fidel alcanza ese ideal compartido, para conservarlo lo traiciona, al entregarse en los brazos peludos y estranguladores del oso soviético. Por un breve período, Fidel es el símbolo del triunfo de la aspiración latinoamericana, que se había jugado o se jugaría sin suerte en países como México, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Chile y Bolivia. Ese momento es el que le da al líder cubano la marca de fábrica que lo va a "diferenciar" de otros dictadores. Después, ya convertido en un dictador más, ha habido siempre quien lo excluya de la caballeriza de los más oprobiosos sea por la gesta de la Sierra Maestra, sea porque es la última reliquia del sueño devenido en pesadilla.

Esta dictadura tan homicida como cualquier otra, pero con rostro humanoide de acuerdo a la feligresía latinoamericana que la acompaña, tuvo la capacidad de transmitir su manto de impunidad parcial al régimen de Hugo Chávez. El Comandante venezolano dejó de ser el militarote que intentó un golpe de estado contra CAP -con quien Castro se solidarizó el 4-F- y mediante el agua bautismal meada de tiburones, Fidel lo apadrinó para entrar en el Panteón de los Revolucionarios. Desde entonces, el proceso autoritario venezolano recibió la acogida que reservada a la revolución cubana por parte de la izquierda latinoamericana. En el momento en que varios de sus representantes resultaron electos como presidentes la protección continental estuvo asegurada, siempre lubricada por el petróleo para evitar los chirridos que la conchupancia con Chávez producía en democracias más sólidas.



LA DICTADURA. Pero no basta la protección cubana para explicar la condescendencia con el régimen ahora en fermentación y decadencia. Una explicación es que la noción de dictadura no ha evolucionado como lo han hecho los dictadores.

Una dictadura tradicional clausura los partidos políticos. La dictadura del siglo XXI los ahoga: impide el financiamiento estatal y criminaliza el privado, el nacional y el extranjero; sólo les queda la opción de los caminos verdes o la corrupción, que tiene como ejemplo y monumento internacional el caso del PSUV con el uso masivo e indiscriminado de los recursos del Estado.

Una dictadura tradicional cierra los medios de comunicación que no responden a sus órdenes. La dictadura del siglo XXI usa el cierre en casos extremos (RCTV), pero prefiere la expropiación, la compra a través de algún badulaque afín, la censura y, sobre todo, la autocensura. Favorece el control directo de la televisión y la radio por sus impactos inmediatos; en el caso de la prensa escrita, opta por sofocarla al negarle la obtención de papel, al impedir la publicidad de las empresas privadas y de las instituciones públicas.

Una dictadura tradicional utiliza el fast-track para allanar, detener, torturar, y mantener en prisión a sus enemigos. La dictadura del siglo XXI no deja de usar este expediente -en Venezuela se ha visto hasta el hartazgo desde el 12 de febrero en adelante-, pero prefiere el uso de los tribunales para idénticos fines. Obsérvese cómo no hay ni un solo caso político en el que "los juristas del horror" no hayan descargado la guillotina sobre los disidentes.

Una dictadura tradicional no permite a los opositores, salvo por breves períodos, su participación en las instituciones del Estado. Las dictaduras del siglo XXI, con mayor o menor desagrado, tienen que aceptar la participación de los opositores en instituciones como el Parlamento y algunos espacios más o menos controlados, aunque prácticamente inermes.

Una dictadura tradicional no le importa aparecer como tal, aunque siempre en función de un objetivo superior (anticomunismo o antiimperialismo, según los casos); y por esta razón no le importa suprimir las elecciones. Las dictaduras del siglo XXI necesitan una fachada que pueda vender un aire de democracia "no tradicional" y se esmeran en multiplicar las elecciones controladas.

Si así evolucionan las dictaduras la pregunta es cómo debe evolucionar la resistencia a éstas.

www.tiempodepalabra.com

Twitter @carlosblancog

Héctor E. Schamis: El diálogo y las balas

El diálogo y las balas
HÉCTOR E. SCHAMIS
El País. Madrid, 27 de abril de 2014

Esta negociación en curso no es entre dos, en realidad es entre tres

Mientras una vez por semana dialoga con la oposición, el gobierno venezolano continúa reprimiendo a aquellos opositores que se niegan a abandonar la calle. Curiosamente, la represión parece haberse intensificado desde el inicio de las conversaciones. El mensaje no podría ser más claro: el gobierno juega el juego, dialoga—tal vez así le guiñe el ojo al Vaticano y a The New York Times—pero al mismo tiempo fija las reglas de ese juego por medio de la fuerza. O sea, no marca la cancha con cal, lo hace con plomo.
De hecho, es en los días cercanos a cada encuentro semanal cuando el aparato legal y coercitivo del estado se despliega con mayor vehemencia, una doble estrategia hecha explícita esta semana. La misma noche de la tercera ronda del diálogo, un fallo del Tribunal Supremo de Justicia reinterpretaba el derecho a la manifestación pública, condicionándolo a la autorización de los alcaldes. Restringiendo ese derecho, el tribunal se reserva así la capacidad de legislar y al mismo tiempo suspender un componente constitucional esencial. Para ratificar esa normativa, al día siguiente un combinado de fuerzas militares y colectivos armados aterrizó en Mérida, con un despliegue tan excesivo que las imágenes eran propias de un ejército de ocupación, no de una fuerza anti-disturbios.
La simultaneidad de estos hechos con las reuniones tiene el valor simbólico de recordar quien manda, a los allí sentados, a los que están en sus casas y a los que están en la calle. Con esta iniciativa legal y represiva, Maduro parece haber recuperado protagonismo y exhibe mayor capacidad de administrar su propio horizonte temporal, importante frente a opositores tanto como a rivales internos. Pero más importante aún es el aparente control del relato que ha recuperado el gobierno, es decir, la narrativa que interpreta, comunica y re-crea el dialogo frente a la sociedad, con lo cual le da significado. Nótese que lo ha denominado “Conferencia de Paz”, que es un nombre adecuado porque persigue la paz—es decir, que se vacíen las calles—pero obvia la reconciliación, el otro componente habitual de estos procesos.
El nombre dado al diálogo, y lo omitido en él, sirve para resaltar la disonancia cognitiva, o al menos unas cuantas ambigüedades conceptuales, especialmente en el caso de la MUD. El gobierno continúa haciendo referencia a “la violencia de ambas partes” como si fueran dos ejércitos comparables, o facciones contendientes en un proceso de fragmentación nacional. Así se las arregla para legitimar esa falacia, sin que nadie le señale que una de las partes es la población civil, con piedras, y la otra es el estado venezolano, con todo el aparato represivo a su disposición.
Pero aun en el absurdo de tratar a esas partes como equivalentes, tal razonamiento habría requerido acordar un previo alto el fuego, un armisticio, el ABC de cualquier manual de negociaciones de paz, resolución de conflicto o similar. No solo eso no sucedió, sino que se dialoga mientras continúan las hostilidades—siguiendo con la metáfora de dos ejércitos equivalentes—tal como la ocupación militar de Mérida lo indica. En estos términos, si se logra la paz, no vendrá acompañada de la reconciliación.
Tampoco es claro por qué no se pusieron condiciones tales como la liberación de los detenidos durante las protestas, el cese de la represión y el desarme de los colectivos, como propusieron los líderes del movimiento estudiantil—obtener algo antes de legitimar la negociación. La mala noticia es que cualquier concesión era posible previo a comenzar las conversaciones. A todas luces, la efectividad de la primera reunión, cuando los políticos de la Mesa le gritaron las cuarenta al gobierno en la cara y por televisión con el mundo de testigo, se ha ido diluyendo en las semanas siguientes.
Sobre esta base, un economista diría que este diálogo es un negocio de utilidades marginales decrecientes. Pero la explicación puede tener que ver con la oposición en sí misma, más que en el diálogo en cuestión. En estas pocas semanas, de hecho, se han profundizado las divisiones dentro de la oposición, exacerbándose las recriminaciones y las acusaciones cruzadas. La cuestión central es la confianza. El diálogo entre adversarios en situaciones de conflicto intenso se predica sobre la base de su potencialidad para construir confianza. En esto ha habido un problema cognitivo adicional: el de un diálogo necesario y previo que no ha ocurrido, el diálogo al interior de la oposición.
Lo que hay que resaltar es que esta negociación en curso no es entre dos, en realidad es entre tres. El gobierno va ganando este juego—en una cancha además marcada con plomo en vez de cal—porque parece ser el único que realmente lo ha entendido.

Héctor Schamis es profesor en Georgetown University. Sígalo en Twitter @hectorschamis